Por Nicolás Álvarez Arrau

Marzo es la fecha estimada para que comience la construcción del viaducto que conectará al Puente Bicentenario con las avenidas Prat y Chacabuco. Con este hito se pondrá fin a largos años de espera y promesas inconclusas, así como a la principal deuda de la reconstrucción que hay en el Gran Concepción tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.

La noticia fue comunicada por el gerente general de Claro Vicuña Valenzuela, Roberto Verastegui, quien confirmó que en diciembre pasado el Ministerio de Obras Públicas (MOP) envió los antecedentes y el nombre de la firma a la Contraloría General de la República para solicitar la toma de razón respectiva, acción que de ser aprobada dará luz verde a los trabajos.

"Este es el enlace para poder dar conectividad completa a la reposición del Puente Viejo que sufrió las consecuencias del terremoto de 2010. Entendemos que es un anhelo muy importante de los habitantes de la Región y, en particular, de Concepción (...) Más que mal, llevamos 12 años desde que ocurrió esto", puntualizó Verastegui.

El contrato contempla la construcción de un viaducto de 550 metros para conectar el puente de 1,5 kilómetros que cruza el río Biobío desde San Pedro de la Paz. Con ello se permitirá el paso de todo tipo de vehículos de hasta 45 toneladas mediante una estructura elevada que irá sobre la línea férrea.

También se incluye un ramal de 16 metros que comunicará con la Costanera, vía que conduce a las comunas de Hualpén y Talcahuano, además de áreas verdes, ciclovías, paisajismos, juegos, canchas deportivas y jardines verticales bajo la estructura elevada. En total, la inversión alcanza los $24,7 mil millones.

Si bien el plazo proyectado por el MOP era de 24 meses, la oferta de Claro Vicuña Valenzuela contempló 21 meses, por lo que las faenas podrían terminar a fines de 2023.

IMPACTO EN EL EMPLEO

Una de las grandes fortalezas de la iniciativa, precisó el gerente general de la compañía, tiene que ver con el aporte al empleo local, pues la mayor parte de las contrataciones se llevará adelante a partir de la mano de obra presente en la zona.

En total, se prevé que en su mejor momento la obra concite la participación de 450 trabajadores, de los cuales 150 o 200 serán directos. "Podemos tener hasta 200 personas, pero con los servicios externos de transporte, materiales, subcontratos y mano de obra, esto se podrá, incluso, casi triplicar", reveló.

Consultado sobre el tema, el seremi de Obras Públicas, Víctor Reinoso, se mostró confiado con la decisión que está en manos de la Contraloría, especialmente al tratarse de un trámite de menor escala, según explicó.

Agregó que dentro de las ventajas que significará la puesta en marcha de la estructura está la mayor fluidez de tráfico que experimentará la conurbación y que beneficiará a comunas como San Pedro de la Paz o Santa Juana, por ejemplo. Se prevé que los tiempos de traslado disminuyan a la mitad.

"Saliendo de la pandemia crecerá el número de estudiantes, y hoy, además, estamos viendo que el número de vehículos aumenta significativamente, por lo que tener una infraestructura mucho mejor y con fluidez permite acortar los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el territorio", enfatizó Reinoso.

La construcción del puente se emprendió en 2010 con la firma española Copasa, a la que se rescindió el contrato debido a una serie de incumplimientos, en 2015. Un año después la empresa Besalco se adjudicó el contrato para continuar el levantamiento.

A ello se sumó la negativa de algunas familias de la población Aurora de Chile que se reusaron a ser erradicadas del sector, escenario que dificultó la tarea de proseguir con el trazado del viaducto hacia Concepción. El seremi precisó que el Ministerio está a la espera de las últimas gestiones que pueda hacer el Serviu al respecto

ROL DE LA FIRMA EN LAS VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Claro Vicuña Valenzuela es una empresa regional que nació hace 64 años y que participa en obras desde Arica hasta el sur de Coyhaique, tanto públicas como privadas. Otro de los focos que impulsa en la zona dice relación con las viviendas de integración social.

La empresa tiene adjudicados planes de este tipo en San Pedro de la Paz, Hualpén y dos en Chillán. En total, tienen en desarrollo poco más de 1.100 viviendas, con una inversión de 2 millones de UF.

"Creemos que este es un tremendo aporte para las familias de la Región que pertenecen a los sectores más vulnerables. Hay necesidades importantes de acceso a la vivienda y la inversión en esto implica actividad económica que crea empleo directo e indirecto", aseguró Verastegui.

24.700 millones de pesos de inversión alcanza la etapa en la que se conectará al puente con las avenidas Prat y Chacabuco.

Una denuncia en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) realizó el diputado RN Leonidas Romero en la última sesión de la comisión ad hoc de la Cámara. Según el parlamentario local, el órgano cometió irregularidades tras autorizar el ingreso de 25 mil toneladas de jurel desde China, recursos que habrían sido dirigidos solo a las regiones de Atacama y Coquimbo.

"Estos hechos podrían constituir discriminación e irregularidades en la distribución y modificación de cuotas de las especies jurel y merluza común por parte de la Subpesca para los pescadores artesanales del país, discriminación que afectó o afectaría gravemente a la Región del Biobío, entre otras (…) Además, estos actos comprometerían las actuaciones de los entes reguladores, fiscalizadores y controladores", reza la minuta expuesta en la comisión celebrada el miércoles.

SOLICITUD AL CONTRALOR

En vista de lo anterior, el diputado solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento para determinar bajo qué parámetros se aprobó la transferencia, saber si se capturó la cuota, quién lo hizo y cuál fue el destino final. Con la acción se solicita, además, determinar si el organismo tiene la facultad para promover un cambio en la distribución de la merluza común u otras especies y si existe vulneración de la Ley de Probidad y otras normas legales.

Dentro del texto ingresado a Contraloría se argumenta también que Biobío es la región en donde se pesca y procesa más del 90% de la captura artesanal de jurel de Chile y que la zona fue fuertemente afectada por la pandemia. Se agrega, sin embargo, que "no fue considerada en la distribución de esta cuota de improviso, por lo que legítimamente podemos pensar que se hizo un negociado, dado los valores involucrados".

Una cita con el presidente electo, Gabriel Boric, una presentación ante la Convención Constitucional y la definición de los primeros 15 lugares en donde se instalarían las distribuidoras del gas fueron parte de las iniciativas acordadas en la primera reunión de la directiva de la Asociación de Municipios por el Gas a Precio Justo, que se efectuó ayer en Constitución, Región del Maule.

El alcalde de Chiguayante y presidente de la nueva entidad, Antonio Rivas, indicó que este acercamiento cobra importancia en materia de derechos, justicia y acceso a los bienes esenciales por parte de la ciudadanía.

"Esto es una señal de un estallido alcaldicio, un estallido municipal que comenzó en noviembre y que está haciendo historia. Gracias a nuestro movimiento ya hay una disminución en el precio del gas, que fue aumentado en el peor de los tiempos por las tres empresas que, de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica, han tenido una colaboración indebida, una colusión", precisó.

Desde el organismo indicaron que son más de cuatro millones las personas que se verían directamente beneficiadas con los acuerdos y resoluciones que se concreten en el marco de este trabajo colaborativo.

En la instancia participaron cerca de 60 jefes comunales, entre los que se encuentran, por ejemplo, Alejandra Burgos (Curanilahue) y Esteban Krause (Los Ángeles).