En el marco de su programa de fiscalización en contexto de pandemia, la Superintendencia de Educación Superior (SES) detectó que, a septiembre de 2021, 56 instituciones presentan importantes retrasos, ya sea por baja presencialidad o por mantener actividades rezagadas desde 2020.

Por ello, pidió a dichos planteles informar las razones de los retrasos y conocer las medidas que están adoptando para normalizar su funcionamiento.

De acuerdo al balance realizado en base a información reportada por 134 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, en septiembre 384.855 alumnos asistieron al menos una vez de manera presencial a las instalaciones de sus casas de estudio.

Lo anterior representa un aumento de 19% con respecto al mes anterior y significa que el sistema completo promedia cerca de 30% de asistencia presencial.

El 41,8% de las instituciones fiscalizadas informó una presencialidad inferior al 20% y de ellas la SES ofició a las 34 que registran los niveles más bajos.

"Las instituciones de educación superior avanzan progresivamente hacia una mayor normalización, pero a un ritmo más lento del que quisiéramos. Confiamos que producto del avance en el plan de vacunación y a los últimos cambios incorporados al Plan Paso a Paso, que han permitido al 99% de las instituciones de educación superior funcionar sin restricción de aforos, podremos comprobar un avance más contundente" afirmó el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés Barros.

En cuanto al rezago, el 43,3% de las casas de estudio declaró mantener pendientes actividades correspondientes al año académico 2020, de las cuales la superintendencia ofició a las 22 con peores cifras.

"Así como valoramos el esfuerzo desarrollado por un número importante de casas de estudios, que ya evidencia significativos avances en la reanudación de la entrega del servicio educacional en las modalidades acordadas originalmente con sus estudiantes, nos preocupa profundamente que un 43% de las instituciones del país mantengan actividades rezagadas de 2020 y más aún, que 6 de cada 10 universidades presenten este problema", añadió Avilés.

El plan de fiscalización del segundo semestre continuará en los próximos meses y en caso de que las instituciones no cuenten con una planificación adecuada o no ejecuten las medidas necesarias para reanudar progresivamente las actividades presenciales, la SES iniciará procedimientos sancionatorios.

Según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al mes de septiembre de 2021, el Índice Nominal de Remuneraciones (IR) presentó un crecimiento de 5,7%.

Sin embargo, considerando la inflación reflejada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que a septiembre presentaba un aumento interanual de 5,3%, el crecimiento de los salarios reales en Chile apenas llegó a 0,4% durante el último año.

El impacto de la inflación en las remuneraciones se refleja también en el acumulado de la variación en lo que va de 2021: -0,3%.

Algunos de los sectores más impactados por el peso de la inflación en el crecimiento de los salarios fueron el mundo de la administración pública, con un aumento de 1,8% en los sueldos (-3,5% al cruzarlo con el costo de la vida actual); y los trabajadores y profesionales de la educación, donde nominalmente las remuneraciones avanzaron 3,1% (-2,2% real).

También el alza en los precios ha impactado los salarios en el comercio, que lleva un crecimiento de 4,7% en 12 meses, lo que significa que -sacando la inflación- retrocedieron en 0,6%; la salud, que creció 4,8% nominal, cayendo en -0,5% real; y el sector de electricidad y combustibles, con un 4,7% (-0,6% real).

La magistrada del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Mariela Hernández, acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur y decretó prisión preventiva -a cumplir en dependencias de la propia policía, por considerarlo un peligro para la sociedad, para el funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), Leonel Contreras Canales, formalizado este viernes por su posible responsabilidad en el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco. Además, la jueza ordenó un plazo de seis meses para la investigación del caso.

El hecho ocurrió el domingo 13 de junio pasado, en medio de un procedimiento en un sector periférico de la capital, entre las comunas de La Pintana y La Granja, y concitó atención nacional por las circunstancias conocidas en primera instancia y que luego tuvieron un vuelco.

Ello, porque en primera instancia la PDI informó que la funcionaria falleció en medio de una emboscada de delincuentes, lo que implicó que dos jóvenes imputados de 19 y 17 años, permanecieran en prisión preventiva por dos meses, pero después de eso un peritaje balístico arrojó que un compañero pudo haberle disparado a la detective.

En la audiencia, el fiscal Christian Toledo aseguró que "sin existir amenaza real o peligro inminente para alguno de los funcionarios policiales o sin que existiera causa o motivo suficiente, el detective imputado Leonel Contreras, de manera directa e intencional, procedió a efectuar un disparo con su pistola fiscal impactando a su compañera".

La defensa del imputado aseguró que no fue Contreras quien efectuó el disparo y contrarió la versión del Ministerio Público, que también deberá pesquisar eventual obstrucción a la justicia en el caso.

El padre de la fallecida subinspectora, Miguel Vivanco había señalado a CNN -previo a la formalización- que "por fin podemos tener alguna certeza con respecto a la persona que mató a mi hija".

Una nueva meta anunció el Ministerio de Energía en la COP26 que se desarrolla en Glasgow, Escocia: duplicar hacia 2023 la capacidad de almacenamiento de electricidad en baterías.

Lo anterior, gracias a los 188 MW de almacenamiento que la empresa AES sumará al Sistema Eléctrico Nacional, que hoy dispone de 175 MW. Así, se llegará a los 363 MW de capacidad en baterías.

"Es un gran paso, ya que va en completa sintonía con lo que nos hemos propuesto en nuestra Política Energética Nacional para que al 2030 tengamos como mínimo 2.000 MW en sistemas de almacenamiento. En esta COP26 hemos abordado con urgencia el hacer realidad las metas que tenemos como planeta, y con este anuncio concreto avanzamos en esa dirección", dijo el ministro Juan Carlos Jobet.

El secretario de Estado agregó que "frente a la creciente necesidad de flexibilidad en el sistema eléctrico, necesitamos de las baterías, o los sistemas de aire líquido, y todos los tipos de tecnologías de almacenamiento para integrar fuentes renovables y asegurarnos que se pueda disponer de energía limpia a cualquier hora y para todos los hogares de Chile".

"Esto permitirá desplazar generación térmica en horas de menor disponibilidad de renovables, contribuyendo a la descarbonización de la matriz eléctrica", comentó el CEO de AES Andes, Ricardo Falú, según consignó La Tercera.

El anuncio significa que el país aumentará en 2,5 veces la disponibilidad de energía eléctrica almacenada, pasando de 623 MWh a 1563 MWh. Dicho de otro modo, en 2023 se podrá almacenar y entregar al sistema hasta 1.563 MWh por día.

Según el Ministerio de Energía esto significa evitar más de 200.000 toneladas de emisiones de CO2 al año, lo que equivale a retirar más de 80 mil vehículos particulares de las calles de Chile.

En nuestro país la principal fuente de almacenamiento del sistema eléctrico son los embalses hidroeléctricos, fuertemente afectados por la sequía.

Las baterías, junto a otras tecnologías, permiten integrar de mejor manera las energías renovables al sistema eléctrico. Esto, debido al carácter variable de algunas energías como la solar y la eólica.