Informe expone negativo balance de la Ley de la Jibia
Desde el rubro artesanal desestimaron el trabajo del organismo y enfatizaron que la discusión debe enfocarse en la sustentabilidad del recurso, "más allá de un tema simplemente comercial".
Luego de la entrada en vigencia de la controvertida Ley de la Jibia, en agosto de 2019, seis plantas procesadoras debieron cerrar en la zona y seis naves abandonaron la actividad. Estas y otras consecuencias llevaron a que la industria ligada a la especie -que se desarrollaba con especial fuerza en Biobío- perdiera alrededor de dos mil empleos directos.
A poco más de dos años de la puesta en marcha de la normativa, el Instituto de Investigación Pesquera (Inpesca) hizo un balance que refuerza el negativo efecto que ha expuesto el área industrial a raíz de la legislación. Para generar este trabajo se recolectaron datos de desembarque y se analizaron indicadores socioeconómicos.
Una de las principales conclusiones del Inpesca tiene que ver con la imposibilidad por parte del sector industrial para impulsar la reconversión de sus embarcaciones. "La industria pesquera hizo intentos por adaptar las naves al mecanismo de potera. Este es el caso del pesquero de altamar PAM Leopardo, donde se realizó una inversión cercana a los US$ 2 millones para reconvertirlo en el uso de poteras automatizadas, lo que resultó inviable debido a su desempeño dadas las características físicas y operacionales", reza el documento.
Otro punto advertido dice relación con la disminución de las capturas. Con la aplicación de la norma, aseguraron, el porcentaje de cumplimiento de la cuota anual de captura para la flota artesanal ha "mermado dramáticamente" para el período 2019-2021, fluctuando entre 11% y 34%.
Lo mismo se percibe en el caso de las exportaciones. Si en 2018 se habían obtenido ganancias por US$ 192 millones, en 2019 la cifra decayó a US$ 67,8 millones, tendencia que se repitió al año siguiente y que hasta junio de 2021 se mantenía en US$ 35,5 millones.
"Esta consecuencia de baja sistemática en las exportaciones implica, además de la pérdida de divisas y empleos, una pérdida de mercados, constituyendo un efecto negativo para la actividad económica y social del país", recalcaron desde el Instituto.
El Inpesca es un organismo privado cuyo directorio está conformado por empresas pesqueras de la zona centro sur. Está integrado también por una serie de investigadores de diversas universidades locales y nacionales.
RECOMENDACIONES
Frente a la problemática evidenciada, la entidad planteó la necesidad de llevar adelante una serie de acciones. Dentro de ellas asoman, por ejemplo, la modificación de la ley para que la captura de la fracción industrial pueda ser realizada con artes de arrastre de media-agua y cerco, la promoción del consumo de jibia a nivel nacional, tanto fresca como procesada, y la recuperación de los niveles de actividad en términos de captura y exportaciones previo a la vigencia de la actual disposición.
Otras de las recomendaciones descritas en el informe apuntan a generar estudios científicos y económicos para la evaluación de los efectos en diferentes indicadores de prohibir la captura de jibia con artes de pesca tradicionales del sector industrial, a considerar la atribución que tiene la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para regular los artes de pesca con base a consideraciones científicas y tecnológicas, o a autorizar una evaluación ex post "que sirva de referencia a los tomadores de decisión para derogar la norma precitada".
RESPUESTA DE LOS ARTESANALES
Consultado al respecto, Hugo Arancibia, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Ferepa), indicó que el informe presentado por el Inpesca se trata de un "trabajo dirigido que busca justificar una regla que al sector industrial no le agrada".
El dirigente de los pescadores insistió en que más que el asunto de empleabilidad, el país debe enfocar la mirada en la sustentabilidad de los recursos marinos.
"Eso tiene dos formas de manejarse, a través de investigación y cuota, que permite mantener un stock y el desarrollo de la actividad anual, y del uso de aparejos adecuados", recalcó.
"Creo que más que discutir lo de los empleos, la industria todavía no es capaz de ponerse a discutir con nosotros la sustentabilidad y el manejo pesquero, más allá de un tema simplemente comercial", puntualizó.
Agregó que, si bien es posible modificar la normativa, primero hay que analizar otros puntos "antes de tomar una determinación de lo que quiere la industria".