Cuesta creer que existiendo tan amplia evidencia sobre los beneficios de la educación temprana para los niños y niñas y para las sociedades en su conjunto, la Cámara de Diputados haya rechazado recientemente el proyecto que establecía la obligatoriedad de la educación parvularia de segundo nivel de transición o kínder obligatorio.

Una vez más, las necesidades de niños y niñas de la primera infancia quedan postergadas, considerando que el Kínder obligatorio forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, un compromiso que adquirimos como país y que se traduce en adoptar medidas que garanticen al menos un año de educación preescolar de calidad.

Asimismo, la evidencia internacional lo confirma. La OCDE destaca que en prácticamente todos sus países los alumnos que han pasado por el preescolar, tienen mejores resultados en pruebas de ciencias, matemáticas y lectura satisfactoriamente al llegar a los 15 años.

De hecho, en un informe publicado en junio de este año, dicha entidad recomienda a los países que redoblen esfuerzos para ofrecer educación y atención de la primera infancia 0

asequibles y de alta calidad, y así brindar a todas las personas mayores oportunidades para alcanzar su máximo potencial y mejorar la movilidad social.

Este rechazo en la votación pone en evidencia la falta de empatía con un sector que es totalmente vulnerable, como son los niños y niñas en edad preescolar, y tal vez está dada porque la mayor parte de quienes no acceden a la educación en la primera infancia están invisibilizados en los sectores más vulnerables y rurales de nuestro país.

Hoy, en plena construcción de una nueva Constitución para Chile, esperamos que realmente se considere la importancia del acceso a la educación en la primera infancia, ya que trae grandes beneficios en el futuro de los estudiantes, y que, tanto el mundo público como privado, trabajen en conjunto para entregar una educación más equitativa para todos los niños y niñas.

La Convención Constitucional discutió las indicaciones a los reglamentos provisorios General y de Ética. Una vez finalizada la votación tendremos, entre otros, la versión final del Reglamento de Participación y Consulta Indígena.

Existen preguntas relevantes que creemos necesario formular: ¿Por qué tienen los pueblos originarios un reglamento aparte? ¿No les daría este reglamento una sobrerepresentación? Mientras el resto de las y los chilenos estamos sólo representados democráticamente por las y los convencionales que elegimos, los pueblos indígenas cuentan con escaños reservados y mecanismos de consulta. Siendo la consulta indígena vinculante ¿no vulnera la consulta la soberanía de la Convención Constitucional al imponerle a ésta contenidos constitucionales?

El reglamento no implica ni sobrerepresentación, ni limitación a la soberanía de la Convención, porque el objetivo central del reglamento es el reconocimiento de derechos propios de los pueblos indígenas, derechos que no están en tensión ni con la representación democrática ni con el poder constituyente.

El objetivo de este reglamento es que, durante el proceso constituyente, la Convención Constitucional reconozca, respete y garantice, por una parte, los derechos de los Pueblos y Naciones indígenas preexistentes, y por otra, las obligaciones que el Estado chileno le debe a dichos Pueblos y Naciones. Entre estos derechos encontramos el derecho a consulta previa, libre e informada. Entre las obligaciones, la del Estado de llevar acabo dicha consulta de buena fe.

No hay sobrerepresentación porque el derecho de participación y consulta es un derecho distinto al de la representación democrática. Las naciones preexistentes gozan del derecho de consulta, formalmente, porque el Estado chileno lo ha reconocido como una obligación legal internacional. Sustantivamente, este es un derecho independiente de la representación, vinculado a la corrección de injusticias históricas que pueblos y naciones preexistentes sufrieron mientras no pudieron ejercer plenamente el derecho a la participación democrática. Además, es un derecho que protege las características específicas de pueblos y naciones preexistentes que coexisten al interior de la nación, que al ser consultados y llegar a acuerdos sobre decisiones del Estado que los afecten, ejercen su derecho a la libre-determinación.

No existe un problema de limitación a la Convención, puesto que ésta no se obliga a incorporar directamente los resultados de la consulta, sino que tiene la obligación de considerarlos, deliberar y aceptarlos o rechazarlos, y si éstos son rechazados, tiene la obligación de explicar los motivos para hacerlo y explicar porque esta decisión no afecta los derechos de los pueblos y naciones preexistentes. Que la participación y consulta sea vinculante no vulnera el poder constituyente. Así como la participación popular o la paridad darán legitimidad a la Constitución respecto del pueblo chileno en general, la participación y consulta indígena otorga al proceso constitucional legitimidad respecto de nuestros pueblos y naciones preexistentes.

¿Cuál es el propósito de los sistemas de pensiones? Nicholas Barr y Peter Diamond, dos de los mayores expertos mundiales en el tema, plantean 4 grandes objetivos: transferir ingresos para financiar consumo en la vejez, diversificar riesgos entre la población, servir de alivio a la pobreza y redistribuir ingresos.

¿Y por qué existe la obligación de cotizar en los sistemas de pensiones? La teoría económica sugiere que las personas, al ser racionales, deberían elegir ahorrar para mantener su consumo cuando no puedan continuar su vida laboral activa, por lo tanto, no se justificaría tal obligación.

Sin embargo, existen varias razones por las cuales este supuesto no se cumple y que explican que, prácticamente en todo el mundo, los sistemas de pensiones sean de carácter obligatorio: al momento de decidir nuestra información es incompleta y existen fallas de mercado que limitan el acceso a productos de ahorro. Por otra parte, la economía del comportamiento, disciplina que combina la economía con elementos de la psicología, nos ha permitido entender de mejor forma las decisiones de carácter intertemporal. Dos conceptos muy importantes son el sesgo hacia el presente, que nos indica que existe una fuerte preferencia por el consumo inmediato en desmedro del consumo futuro, y la tendencia en nuestro comportamiento a posponer decisiones costosas, como por ejemplo cuando señalamos que "la próxima semana comienzo la dieta" (y cuando llega la próxima semana, nuevamente postergamos una semana más).

Asimismo, también existen problemas de riesgo moral. Las personas confían que será el Estado quien intervenga para mantener a quienes no cuenten con recursos para solventar sus gastos durante la vejez.

Estas mismas razones que explican la obligatoriedad de cotizar, nos permiten explicar el éxito que han tenido las sucesivas reformas constitucionales que han permitido el retiro los ahorros previsionales.

Las cifras de la Superintendencia de Pensiones nos muestran que un enorme grupo de personas ha decidido usar el mecanismo de los retiros (más de 11 millones de personas, incluyendo a quien escribe). Y, nos permiten anticipar que, de ser aprobado en el Senado el cuarto retiro, probablemente la mayoría de los afiliados hará uso de esta opción, pese a que, gracias al IFE, los retiros anteriores y la recuperación económica, el ingreso disponible de los hogares es hoy mayor al de 2019.

Esto ayuda a explicar también el entusiasmo de los legisladores y de buena parte de la opinión pública por esta política, y el que en cada nueva versión se hayan sumado nuevos grupos de beneficiarios: en el tercer retiro los pensionados en la modalidad renta vitalicia y la versión recién aprobada por la Cámara del cuarto retiro a los afectados por una enfermedad catastrófica.

El costo de los retiros no es inmediato. Recién hemos comenzado a ver algunos, sobre todo a nivel del mercado de capitales, influyendo en el aumento de las tasas de largo plazo y en variables macroeconómicas, como la inflación. Pero pronto comenzaremos a observar los impactos en el sistema de pensiones: bajas importantes en los montos por retiro programado (que se recalculan anualmente), menores tasas de reemplazo en quienes se pensionen, y un mayor gasto fiscal, dado por un mayor número de pensiones básicas solidarias y un mayor número de beneficiarios del aporte previsional solidario.

Muchos de estos costos los continuaremos pagando cuando el uso que dimos a los retiros sea un lejano recuerdo.

Martes 28 de septiembre: El Presidente Sebastián Piñera anunció el fin del Estado de Excepción por la pandemia, a 19 meses de la llegada del coronavirus a Chile. La medida fue adoptada tras semanas con menos de mil contagios diarios, positividad alrededor de 1% y baja ocupación hospitalaria. Esto significa el fin al toque de queda el viernes 1 de octubre. El Plan Paso a paso también fue modificado en referencia a las estadísticas médicas, ya que se mantendrá la alerta sanitaria en el país y uno de los principales cambios fue el fin a las cuarentenas comunales.

Miércoles 29 de septiembre: La incertidumbre se mantuvo hasta el momento mismo en que la pizarra electrónica de la Cámara de Diputados mostró los resultados de la votación en particular del proyecto del cuarto retiro del 10% de fondos previsionales, que por 94 votos a favor -apenas uno más que el que se necesitaba para que la iniciativa avance-, fue aprobado por la sala, ante la visible ofuscación del ministro Juan José Ossa, que salió rápidamente del hemiciclo. Entre las preferencias a favor de la iniciativa destacaron las de 17 parlamentarios oficialistas.

Jueves 30 de septiembre: Pasaron 15 días desde su aprobación en general, se votaron 343 indicaciones, hubo dos contagios de covid-19 y tres días y medio de debate en particular y, finalmente, el pleno de la Convención Constitucional despachó la versión final del Reglamento General que regulará su funcionamiento.La regla de los 2/3 para votaciones sobre normas constitucionales (que equivale a 103 convencionales), fue ratificada por 96 votos a favor, 54 en contra y una abstención."Hemos dado un paso fundamental con este Reglamento, este paso es histórico", dijo Elisa Loncon.

Miércoles 29 de septiembre: Dos de los generales de mayor rango de Estados Unidos, Mark Milley y Kenneth McKenzie, reconocieron que la parte final de la retirada de Afganistán fue un "fracaso estratégico" y revelaron que aconsejaron al presidente Joe Biden mantener un contingente de unos 2.500 soldados en suelo afgano, lo que contradice lo que ha sostenido el mandatario desde la caótica evacuación tras la toma de Kabul por parte de los fundamentalistas. Kenneth McKenzie asumió su completa responsabilidad en la masacre. Mark Milley resumió que la misión fue "un éxito logístico pero un fracaso estratégico".

Jueves 30 de septiembre: El Gobierno del Reino Unido trataba hasta última hora de aplacar la crisis provocada por el desabastecimiento de bencineras en el país, causado por la escasez de transportistas que afecta también a otros sectores y que amenaza los suministros de cara a la Navidad. Para garantizar que la bencina llegue de las refinerías, donde hay suficientes reservas, a los surtidores, el Ejecutivo del primer ministro Boris Johnson anunció que recurrirá a sus militares para que conduzcan los camiones transportadores. Unos 150 conductores del Ejército están ya preparados para asumir esas funciones , aunque faltarían 100 mil.