Por Redacción

La libertad de expresión de los constituyentes en el ejercicio de sus funciones se instaló como tema central en la discusión de los reglamentos de la Convención Constitucional, luego de aprobarse una norma que sanciona el negacionismo.

El pleno de la convención votó este jueves el Reglamento de Ética que regirá el trabajo de sus integrantes, habiéndose aprobado hasta el cierre de esta edición los artículos principales sobre las definiciones, la creación del comité externo que analizará los casos y el catálogo de infracciones.

Fueron rechazadas varias indicaciones que buscaban modificar el texto original propuesto por la Comisión de Ética en relación al negacionismo, quedando definido que este se entenderá como "toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este".

La norma aprobada agrega que también "se entenderá como negacionismo toda acción u omisión, que justifique, niegue o minimice, las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile".

El texto también prohíbe "ejercer cualquier acto de discriminación en los términos del reglamento; ejercer cualquier acto de violencia de género, por cualquier medio; someter a las víctimas a actos de revictimización o retraumatización; e incitar a la discriminación a través de discursos de odio en los términos del reglamento".

MENSAJES Y ACOSO

Asimismo, será motivo de infracción "acosar a una persona por su orientación sexual o por razones de expresión o identidad de género; enviar mensajes intimidatorios o amenazantes por cualquier medio; y estar ausente de forma prolongada de una sesión del pleno o comisiones por estar presente en algún programa de TV, radio u otro medio de comunicación".

Además, serán sancionadas las vulneraciones a los protocolos sanitarios por el covid-19 y la difusión de datos personales o sensibles que se hayan conocido en función del cargo.

Respecto al análisis de los casos se aprobó crear un comité externo de cinco miembros, quienes serán propuestos por la Comisión de Ética y deberán ser ratificados por la mayoría absoluta de los convencionales. Sus integrantes serán "profesionales de comprobada idoneidad personal y profesional que sirvan en Instituciones del Estado, Universidades o Corporaciones sin fines de lucro".

REACCIONES

La aprobación de la norma sobre negacionismo fue ampliamente criticada por los constituyentes del colectivo Vamos por Chile (Chile Vamos).

"Insistir con censura del que piensa distinto es revelar que no tienen argumentos para defender sus posiciones. No nos van a callar a los que pensamos distinto y vamos a expresar todas nuestras ideas por las cuales miles nos eligieron", dijo Arturo Zúñiga (UDI). "Ni en una dictadura se ha visto un reglamento como este", agregó Constanza Hube (UDI).

Algunos manifestaron su pesar por la inclusión de los hechos ocurridos durante el estallido social, dado que algunos de esos casos aún están siendo investigados. "Decir que en Chile no hay presos políticos me transforma en negacionista", advirtió Ruggero Cozzi (RN), para quien el texto quedó como una "ley penal en blanco".

ATRIA Y POLITZER

La redacción final del reglamento tampoco dejó satisfechos a algunos convencionales de oposición, como Fernando Atria (Frente Amplio): "Una definición de negacionismo demasiado amplia, como la contenida en el texto original, por lo menos a mí me parece que afectaba a la libertad de expresión".

Patricia Politzer (Independientes no neutrales) dijo que no comparte la sanción: "Prohibir el negacionismo no evita dichos discursos. Como judía -cuya familia sufrió el Holocausto- conozco el dolor frente a la negación de violaciones a los DD.HH. La solución es más debate".

DE "NOTICIAS FALSAS" A "DESINFORMACIÓN"

El Reglamento de Ética de la Convención Constitucional también sancionará la difusión de fake news por parte de los constituyentes. Sin embargo, el pleno aprobó una indicación que reemplazó la expresión "noticias falsas" del texto original por el concepto "desinformación". De este modo, esta práctica quedó definida como "la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo saber que es falso". Se sancionará "desinformar en cualquier espacio o red social, incluyendo las sesiones de Sala o Comisión",

La tasa de desempleo en Chile bajó al 8,5% en el trimestre junio-agosto de este año, lo que significa un descenso de 4,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior y la menor cifra desde marzo de 2020, cuando llegó la pandemia al país, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

"Ya hemos recuperado dos tercios de los empleos que perdimos debido a la pandemia", afirmó el presidente Sebastián Piñera, mientras que el ministro de Economía, Lucas Palacios, agregó que desde julio del año pasado, cuando el desempleo marcó su nivel más alto en una década, se recuperaron cerca de 1,2 millones de puestos laborales.

La baja interanual se explica, en parte, por la alta base de comparación de agosto del 2020, cuando el país venía saliendo de la primera ola de covid-19 que llevó al desempleo al 12,9%.

El resultado es producto del alza de la fuerza de trabajo (9,6%), menor a la presentada por los ocupados (14,8%) y a la disminución del 27,6% en los desocupados, agregó el INE.

Según sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en 8,7% y la de los hombres en 8,5%, decreciendo 3,4 y 5 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con agosto de 2020.

Ajustado estacionalmente, el índice disminuyó 0,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior como consecuencia del aumento en la fuerza de trabajo (0,5%), la disminución de los desocupados (1,4%) y el alza de los ocupados (0,8%).

Los ocupados aumentaron 14,8% incididos más por los hombres (14,9%) que por las mujeres (14,8%) y, principalmente, por la expansión de la construcción (52,1%), el comercio (17,9%) y el transporte (25,5 %).

Por categoría ocupacional, los principales aumentos se presentaron en trabajadores por cuenta propia (37,4%) y asalariados formales (8,3%).

La tasa de ocupación informal se situó en 27,1%, creciendo 4,6 puntos porcentuales en 12 meses, y los ocupados informales aumentaron 38,3% afectados tanto por los hombres (42,4%) como por las mujeres (33%).

El fin del estado de excepción y, por consiguiente, del toque de queda, estuvo marcado por un fuerte aumento de casos nuevos de personas contagiadas con covid-19, así como también de quienes pueden infectar a otros al estar en la etapa activa de la enfermedad.

Ayer el ministerio de Salud informó que en las 24 horas previas hubo 13 fallecidos a causa del covid-19 y 852 nuevos contagios, bajo un total de 59.848 exámenes PCR realizados.

Los casos activos, mientras tanto, se elevaron a 4.295 y la positividad llegó a 1,33% a nivel nacional (2% en la RM).

De esta forma, septiembre finalizó como el mes con menos muertes desde abril de 2020, pero con un repunte de casos en los últimos días.

Un total de 4.593 personas fallecieron como consecuencia del delito de homicidio en Chile entre los años 2016 y 2020, aumentando de 4,2 a 5,7 la tasa de fallecidos a causa de este tipo de hechos, según un informe publicado ayer por la Fiscalía Nacional.

En el período de cinco años considerado, la Fiscalía detectó una tendencia al alza sostenida en la cantidad de homicidios (sin distinguir si está consumado o no), pasando de 1.695 en 2016 a 2.814 en 2020, aumento equivalente al 66% en estos casos.

Tanto la mayoría de imputados como de víctimas corresponde a hombres, con 92% y 87,3%, respectivamente; en cambio, el 8% de los casos tiene por imputados a mujeres y en el 12,6% figuran como víctimas.

Según la publicación, el 50% de los imputados por homicidio consumado tiene entre 18 y 29 años. Además, 93,7% de las víctimas son chilenas y 6,1 % extranjeras. Solo el 3,8% de las personas imputadas son extranjeras.

En los últimos años ha sido noticia la posibilidad de construir en Chile las futuras fragatas -buques de guerra para misiones de patrulla y escolta- para la Armada, un proyecto de positivo impacto en inversión, desarrollo, empleabilidad, junto con otras externalidades a destacar.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Estado. Además, tiene el respaldo de un estudio de la Universidad Católica, que señaló la existencia de capacidad técnica y humana en el país llevar adelante este desafío.

Un proyecto de esta envergadura requiere considerar una gran cantidad de variables; desde la definición de los requerimientos de alto nivel hasta la baja del servicio de las fragatas.

Las decisiones en las instancias iniciales de estudio, diseño y construcción perfilarán el desempeño de estas embarcaciones durante todo su ciclo de vida, el cual normalmente supera los 30 años.

Sin embargo, una importancia similar o mayor pesa sobre el apoyo logístico. Aproximadamente entre el 75% y 80% del costo de ciclo de vida ocurre en la etapa en que operan las fragatas.

El desafío, entonces, es diseñar un apoyo logístico que integre la tecnología existente en el mercado, con las mejores prácticas logísticas y de ingeniería de sistemas. Todo ello para que amortigüe el gran peso económico que recae en el período de operación y sostenimiento de estos navíos; además de asegurar una alta disponibilidad de sus sistemas.

Todo lo señalado, bajo un escenario de presupuestos acotados y potenciales riesgos de imprevistos, por tratarse de las primeras de su serie.

Por lo tanto, la eficiencia será el rector de lo que se denominará Apoyo Logístico 4.0 (AL4.0).

La complejidad de los problemas logísticos demandará un trabajo conjunto de varios actores, que asumirán la responsabilidad de sostener a las fragatas durante su ciclo de vida.

En primera instancia se estima en 6 las entidades fundacionales del AL4.0:

a) El astillero constructor, b) La fragata, c) La industria (fabricantes de equipos), d) Los proveedores de materiales y servicios, e) La Armada, f) Las instituciones académicas y de I+D (universidades o centros de estudios)

Todos ellos tendrán que mantener una conectividad permanente para compartir datos y sus análisis, con el objeto de brindar soluciones integrales y factibles, y determinar las capacidades en las que se requiere invertir.

Es muy probable que surja la necesidad de implementar un polo de desarrollo de I+D cercano al lugar de construcción, y de formación de capital humano, por el alto nivel tecnológico de los sistemas que se instalarán en las fragatas, las periódicas modernizaciones a que serán sometidas y la búsqueda de soluciones a los problemas que surjan. Además, será primordial contar con profesionales que tengan las habilidades para diseñar, crear y operar las nuevas tecnologías.

Todo esto implica contar con una actualización constante de los conocimientos técnicos por parte de los equipos involucrados.

La construcción naval tiene que reinventase. Todos los participantes en el proyecto tienen que hacerlo, para quedar en un estado tecnológico compatible que les permita comunicarse, sin deficiencias en la recepción y transmisión de datos e información.

El diseño logístico para el AL4.0 tiene que cubrir todo el ciclo de vida de las fragatas, panorama de desafíos, riesgos y oportunidades, que solo se superan y aprovechan con un trabajo multidisciplinario y cooperativo de todos los actores participantes de este proyecto. Los que, sin duda, están obligados a comprender y adaptarse a las exigencias de la cuarta revolución industrial.

Sergio Maturana, profesor de Clase Ejecutiva UC, y Benjamín Riquelme Oyarzún, máster en Ingeniería de Sistemas Logísticos (PUCV)