Preocupantes señales de la violencia en Arauco
Esta semana se conoció en detalle la creciente preocupación expresada por magistrados y trabajadores del Poder Judicial en la Provincia de Arauco, debido a los riesgos a los que se enfrentan en el ejercicio de su actividad, a propósito del clima de violencia que se ha incrementado en el último tiempo en la zona. Se trata de una inquietud compartida con el resto de los habitantes y personas que se desempeñan laboralmente en este territorio de la Región, pero que tiene una especial connotación al tratarse de uno de los poderes del Estado que debe cumplir un rol más relevante, precisamente para abordar una problemática en creciente descontrol.
Fue el reporte del ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado -quien es el visitador de esta zona e hizo un informe específico sobre la situación- el que dio luces de la complejidad del fenómeno. En éste, advierte que "existe miedo y temor de jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para concurrir a trabajar, síntoma que se repite aun cuando permanezcan con trabajo a domicilio".
En diálogo con EL SUR, la jueza titular del Juzgado de Letras de Cañete y dirigenta de la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados de la región, Carolina Leiva, manifestó que desde al menos el año 2016 los tribunales de la comuna han sido blanco de distintos ataques que no solo arriesgan la integridad de usuarios y funcionarios del servicio, sino que también impiden la continuidad del trabajo a realizar. "En lo que va de este año, también han ocurrido hechos importantes, tales como el ataque en este mes al Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y el lamentable hecho ocurrido en abril, en que se atacó la casa de un exjuez de Cañete y también afectó a una funcionaria del Juzgado de Letras. En consecuencia, eso nos entrega un escenario del que se ha hecho foco de interés y preocupación", sostuvo la magistrada.
De forma complementaria, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud), Patricio Aguilar, explicó que "en la jurisdicción hemos visto varios ataques, se han tirado bombas molotov al tribunal, han apedreado, entonces eso interrumpe las audiencias, el trabajo y la tramitación de causas, situación que termina afectando lamentablemente después a los intervinientes y al público en general que espera un rápido resultado de sus juicios".
El informe del ministro Prado -que se basó en testimonios como los citados- llevó a la Corte Suprema a dictar el martes 27 de julio recién pasado una resolución que, entre otros puntos, dispuso mantener el trabajo telemático como regla general en todos los tribunales de Cañete, esto es Tribunal Oral en lo Penal, Garantía y Letras de la comuna, así como oficiar a Carabineros y la PDI para que dispongan de las medidas necesarias para el debido resguardo de sus accesos y dependencias.
Asimismo, el documento establece que se remitirán los antecedentes a la Corporación Administrativa del Poder Judicial para estudiar la posibilidad de entregar un bono de asignación por trabajos en zonas de riesgo y contratar pólizas de seguros de vida y patrimonio (vehículo y vivienda), durante el desempeño de las funciones judiciales.
En la misma resolución, se establece la determinación de conformar una mesa de trabajo, presidida por el ministro Arturo Prado e integrada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las asociaciones gremiales del Poder Judicial, con la finalidad de abordar la situación de inseguridad y buscar soluciones colaborativas. La primera de estas reuniones se realizó el jueves último, por vía telemática.
La inquietud de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial en Cañete y otros puntos de la provincia de Arauco es el reflejo de cómo el temor se ha ido apoderando de los habitantes de la zona debido a que el Estado -en su conjunto, lo que incluye a la propia administración de Justicia- ha sido incapaz de otorgar seguridad y poder vivir en un clima de paz.
Frente a esta preocupación, en los últimos días surgieron voces que cuestionaron la aplicación de medidas especiales para otorgar un mayor nivel de protección a quienes se desempeñan en el área judicial. El coordinador regional de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, apuntó a estas iniciativas como una señal negativa por parte del Poder Judicial hacia la ciudadanía, considerando que el temor de los funcionarios es el mismo que seguramente sienten los más de 150 mil habitantes de la provincia frente a la inseguridad por los hechos de violencia que se han intensificado en los últimos meses.
El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (AcoforAG), René Muñoz, planteó a su vez una interrogante: "La pregunta es ¿quién se preocupa por los trabajadores, ya sea forestales, comerciantes, y de todas las personas que están sufriendo día a día? ¿Hay medidas de protección para ellos?"
La controversia obliga a una reflexión mayor, en torno a qué ha hecho posible que se llegue a tal nivel de desprotección y vulneración del Estado de Derecho, para que se abra una discusión sobre algo que parecería de toda lógica: que las instituciones y quienes las representan cuenten con las mínimas medidas para el adecuado desarrollo de su labor, precisamente para que de esta forma se asegure a las personas el acceso a una justicia oportuna y de calidad.
La inquietud de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial en Cañete y otros puntos de la provincia es el reflejo de cómo el temor se ha ido apoderando de los habitantes debido a que el Estado -en su conjunto, lo que incluye a la propia administración de Justicia- ha sido incapaz de otorgar seguridad y la posibilidad de vivir en un clima de paz en la zona.