Por Karlyng Silva Leal

Con barricadas y corte de tránsito, un numeroso grupo de personas que trabajan en plantas pesqueras de la zona se manifestaron durante la mañana de ayer en Talcahuano, ya que aseguran que el trabajo de más de mil trabajadores del área en la Región resultaría afectado al aprobarse un nuevo proyecto de ley que busca prohibir la captura industrial de la merluza común.

Ante el comienzo de la tramitación de la iniciativa legal, propuesta por diputados de la oposición y que primero será discutida en la Comisión de Pesca de la Cámara Baja durante esta jornada, los trabajadores del rubro protestaron por el impacto que podría generar la norma legal, principalmente en la Región del Biobío.

El presidente del Sindicato de Tripulantes y ramas afines de la Región del Biobío y presidente de la Federación de Tripulantes de Chile (Fetrich), Sergio Vera, explicó que "si esta ley se llega a aprobar, unas 1.200 personas serían afectadas de forma directa y unas 3 mil de forma indirecta, que son las pymes que prestan servicios a las empresas del sector".

"Nunca se ha encontrado merluza después de las 20 millas, y nos están proponiendo ir a pescar fuera de las 30 millas. Es como que nos están diciendo que nos vayamos del sector, lo que no permitirá el abastecimiento de la merluza para las plantas de proceso, obligando a cerrar las plantas. Obviamente nosotros no seguiríamos pescando, porque en esas distancias y profundidades ya no encontramos la merluza", detalló Vera.

Esta discusión legislativa responde al ingreso de una moción parlamentaria impulsada por diputados de las regiones de Valparaíso y del Maule, luego de que un proyecto previo en el mismo sentido no lograra el quórum necesario en la Cámara, el pasado 25 de mayo, ya que necesitaba 78 votos y obtuvo 74.

TRABAJADORAS

La convocatoria de manifestantes estuvo compuesta en su mayoría por mujeres que se desempeñan en las plantas de procesos ubicadas en Talcahuano, las que mantuvieron el tránsito cortado por cerca de dos horas desde las 7:30 aproximadamente y que más tarde fueron dispersados por Carabineros, sin mayores incidentes.

La dirigente sindical de PacificBlu, Luisa Zapata, explicó que como trabajadoras de las plantas de proceso de merluza común realizaron la manifestación para visibilizar el problema que significa para ellas una eventual aprobación del proyecto de ley, ya que de los más de mil trabajos que se perderían, cerca de 800 serían de la procesadora.

"Muchas de las mujeres que trabajan en las plantas de proceso superan los 45 años de edad y en su mayoría llevan más de 15 años en su oficio de filetera. Las trabajadoras realizan un trabajo muy específico por lo que su reconversión laboral se hace muy compleja sobre todo en el contexto de crisis sanitaria y económica que vivimos como país. Lo que están haciendo los parlamentarios es inaceptable", agregó la dirigenta.

Según comentó Vera, a pesar de que el proyecto es impulsado a nivel nacional, en la región del Biobío se producirá la mayor afectación, ya que es donde las plantas procesadoras se encuentran ubicadas.

Asimismo, el dirigente mostró su preocupación sobre la eventual pérdida de fuente laboral de los trabajadores y que se repita lo sucedido con la Ley de la Jibia.

"El gobierno se comprometió a implementar una plataforma social para beneficiar a todos los trabajadores cesantes, pero los requisitos cada vez eran mayores y finalmente se benefició menos del 1% de las personas que fueron despedidas y esos trabajos nunca más se recuperaron", finalizó.

25 de mayo el proyecto de ley no logró continuar su tramitación, luego que obtuviera 74 votos a favor y no los 78 requeridos.

Desde la Federación de Pescadores Artesanales (Ferepa), que agrupa a 83 sindicatos de la Región, manifestaron su preocupación por la sustentabilidad de los recursos marinos que hoy, aseguran, están en riesgo por el uso de la pesca de arrastre que -según su visión- dañaría el fondo marino, generando la posibilidad de que los recursos se agoten o dañen, provocando cesantía en el rubro.

El presidente del directorio de Ferepa Biobío, Hugo Arancibia, realizó un llamado a la industria pesquera "a que adecuen sus sistemas de pesca especialmente en el caso de la merluza. Estimamos que se les puede otorgar un tiempo para que lo concreten, de hasta dos años. El arrastre no puede seguir depredando la fuente de sustento de miles de pescadores artesanales que históricamente han manifestado su rechazo a esta técnica de captura".

Con un fallo unánime, el tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a 12 años de presidio al hombre de iniciales J.A.G.N., en calidad de autor de un delito consumado y reiterado de violación de una menor de edad. El ilícito fue perpetrado en 2011 y entre septiembre de 2016 y febrero de 2018, en distintos lugares de la comuna de Cabrero.

El tribunal integrado por los magistrados Christian Osses, Anamaría Sauterel y Marisol Panes, aplicó para al sujeto las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos, derechos políticos y la inhabilidad absoluta para profesiones titulares mientras dura la condena.

De esta forma, el culpable deberá cumplir la interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y a la inhabilidad absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidas en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

Una vez el fallo quede ejecutoriado, se procederá a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

ENTREVISTA VIDEOGRABADA

Según detalló Osses, en el juicio la víctima de 14 años declaró por primera vez en la jurisdicción local bajo la ley de entrevista videograbada que permite a menores de edad declarar en el juicio oral como víctimas o testigos de delitos sexuales o violentos.

"Con todas estas medidas se busca transformar la declaración judicial de un hecho altamente atemorizante a una experiencia que, aunque difícil, pueda ser llevada adelante por el niño, niña o adolescente, de manera que no signifique una nueva vivencia traumática", añadió.

En este sentido, el magistrado detalló que el procedimiento se desarrolla "en una sala especial, separada del resto de los intervinientes, en un ambiente tranquilo y seguro, escuchando las preguntas adecuadas a su edad a través de una intermediadora habilitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, labor que fue realizada en esta oportunidad por la jueza integrante de este tribunal, Anamaría Sauterel".

La Corte de Apelaciones de Concepción emitió una orden de no innovar en el caso de Francisco Alegría, un niño de cinco años de Los Ángeles, diagnosticado con una extraña mutación genética de la distrofia muscular de Duchenne, y quien vio interrumpido su tratamiento debido al rechazo por parte de la isapre a financiarlo a través de un seguro catastrófico.

De esta manera, la resolución permitirá el acceso provisorio del menor a un medicamento de última generación destinado a frenar el avance de la enfermedad, mientras la Corte estudia su cobertura permanente. Se trata de la única terapia aprobada en el mundo para interrumpir el deterioro progresivo de esta condición degenerativa y daño multisistémico, denominada como "mutación sin sentido".

El pasado 22 de mayo, la familia presentó un recurso de protección en contra de la Isapre Colmena, debido al término unilateral de un seguro de cobertura adicional de enfermedades catastróficas (CAEC) por parte de la prestadora. A juicio de los padres, la medida contraviene el contrato entre ambas partes y hace imposible el acceso a un tratamiento de última generación.

"El medicamento es lo único que puede mantener a mi hijo con vida", dijo Alonso Alegría, padre de Francisco, quien confirmó que en las últimas horas recibieron la notificación por parte de la prestadora para reiniciar el tratamiento provisorio con cargo al CAEC.

"Nuestra esperanza como familia es que Francisco pueda acceder al medicamento de la forma más expedita posible. Tenemos un vínculo contractual con la isapre, por el que pagamos cerca de cuatro millones de pesos anuales solo por el seguro catastrófico, y esperamos que se de cumplimiento a ese contrato", cerró.