Por Alma Canales Silva

Independiente del resultado de la segunda vuelta programada para hoy, en la que compiten Rodrigo Díaz y Flor Weisse, el miércoles 14 de julio el primer gobernador o gobernadora regional del Biobío se instalará en el edificio del Gobierno Regional, ubicado en calle Prat frente a la Plaza España en Concepción. Y, asumirá con dos normativas que regulan su accionar: la 21.073, que crea el cargo, y la 21.074, que aborda el fortalecimiento de la regionalización del país. Ambas fueron promulgadas en febrero de 2018.

De acuerdo a la legislación, en términos generales, la nueva autoridad liderará el Gobierno Regional y será responsable del desarrollo social, cultural y económico de la Región, teniendo también atribuciones de planificación, presupuesto, administración y territorio. Todas estas tareas deberá abordarlas en conjunto con los consejeros regionales, figuras políticas también electas.

En simple, la descripción del cargo es la siguiente: la nueva autoridad asumirá la presidencia del Consejo Regional, administrará los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, y tendrá a su cargo 15 competencias que serán traspasadas desde los ministerios de Vivienda, Transportes, Economía y Desarrollo Social. Estas competencias tienen relación con propuestas más que con manejo de recursos, pues en todos los casos los fondos serán visados y asignados por la cartera respectiva.

Sin embargo, estos traspasos están en distintas etapas, pues para que esto se concrete hay que generar un decreto que luego es visado por la Contraloría. Eso implica que una vez que asuma el cargo, la nueva autoridad no tendrá a su disposición todas las atribuciones que le asigna la legislación.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica que ha estudiado el tema de descentralización, comenta que, con la legislación actual, el gobernador regional sólo será el presidente del Core. No obstante, cree que el hecho de ser una autoridad electa democráticamente genera una diferencia política importante con los actuales intendentes, que son los representantes del Presidente y, por tanto, responden al Ejecutivo, no a la comunidad. "La relevancia política de este nuevo cargo no hay que disminuirla", expone.

Tanto él como la seremi de Gobierno, Francesca Parodi, advierten que este es un proceso inédito, por lo que la instalación tomará tiempo, así como requerirá ajustes a medida que la implementación se va profundizando.

Nuevas funciones

Con la llegada del gobernador regional desaparece la figura del intendente y se crea la del delegado presidencial, quien tendrá la tarea de coordinar las secretarías regionales ministeriales (seremi) y estará a cargo de las materias de seguridad. También desaparece el gobernador provincial de Concepción, mientras que las autoridades de las provincias de Biobío y Arauco se transforman en delegados provinciales. Todo esto también parte el 14 de julio y no se ha confirmado que las actuales autoridades ocupen esos nuevos puestos.

El gobernador o gobernadora regional estará cuatro años en el cargo, aunque puede repostularse por un período consecutivo. Cuando asuma presidirá el Consejo Regional (Core) y administrará, con la venia del Core, los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr.

De acuerdo a la Ley 21.074, su administración trabajará con cinco divisiones: de Planificación y Desarrollo Regional, de Presupuesto e Inversión Regional, de Administración y Finanzas, de Fomento e Industria, de Infraestructura y Transportes y de Desarrollo Social y Humano. Las tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional.

Francesca Parodi, seremi de Gobierno, explica que Biobío tiene trabajo adelantado, en el sentido que todas las divisiones están creadas y funcionando, independientemente de que la nueva autoridad pueda cambiar a quienes ejercen las jefaturas, ya que serán cargos de confianza.

Añade que la Ley 21.074 contempla la creación de 14 nuevos cargos para todos los gobiernos regionales, considerando cinco divisiones del Gobierno Regional. Adicionalmente, en aquellas regiones en que se constituya un área metropolitana, se incorporarán otros cuatro profesionales. Esto incluye un jefe de unidad de control y un administrador regional.

Además, se traspasarán 15 competencias desde cuatro ministerios, las que principalmente le permitirán a la nueva autoridad focalizar fondos vinculados a emprendimientos e iniciativas de innovación, al transporte en zonas aisladas, y la generación de instrumentos de ordenamiento territorial. Eso sí, no todas se asignarán al mismo tiempo -de hecho, hay algunas en tramitación- y tampoco esto será de carácter permanente.

Por ejemplo, la administración de los programas del Fosis se hará de forma escalonada por región y por un lapso de tres años. A Biobío le corresponderá en 2023, con el último grupo. Las competencias que durarán más tiempo son las vinculadas a Sercotec y Corfo, que se extenderán por cinco años.

Por el momento, las únicas funciones asignadas de forma definitiva son la elaboración del anteproyecto del plan regulador intercomunal o metropolitano, elaboración del plano detalle de los espacios declarados de utilidad pública en los planes reguladores comunales y la calificación de áreas sujetas a planificación urbana intercomunal.

El gobernador o gobernadora regional, a su vez, podrá solicitar competencias adicionales y para ello deberá contar con la autorización del Consejo Regional. Sin embargo, esto no ocurrirá hasta 2022. Para este procedimiento, la ley establece que "se privilegiará la transferencia de competencias que tengan clara aplicación regional, cuyo ejercicio en dicho nivel signifique una mejor calidad y oportunidad en la toma de decisiones y una mejor adecuación de la política nacional en el territorio, cuya transferencia no pueda ocasionar perjuicios a otras regiones".

Además, debe considerar la disponibilidad de recursos económicos y de personal necesario. Debe estar fundamentado en estudios que justifiquen el traspaso, antecedentes que serán analizados por un comité interministerial. Una vez solicitada la competencia, hay seis meses de plazo para responder y, si no hay comunicación, se entenderá que fue rechazada.

Desde el Centro de Políticas Públicas UC mencionan que, por ahora, la nueva autoridad sólo presidirá el Consejo Regional. Aún así, valoran que se trate de alguien elegido democráticamente.