Lo sucedido el pasado 15 y 16 de mayo trae consigo múltiples reflexiones respecto de los resultados. El primer punto para analizar es la baja participación en las elecciones en comparación con la alta convocatoria que tuvo el plebiscito del 25 de octubre. Se podría intuir que esta ausencia en las urnas responde al descontento general de la ciudadanía con la élite política, como también a una desinformación respecto del proceso, ya que por primera vez se estaban eligiendo dos nuevos cargos - gobernadores regionales y convencionales constituyentes - de los cuales existía poco conocimiento de su rol y atribuciones.

Ante este escenario, es muy difícil poder sacar conclusiones apresuradas a lo que podría pasar con el plebiscito de salida de la nueva Constitución, pues se sumaría un 58% de nuevos electores dada la obligatoriedad en la participación y de los cuales no conocemos la tendencia de voto.

Un segundo tema para revisar se vincula con los bajos resultados obtenidos por los partidos políticos tradicionales. En las urnas se castigó a quienes eran parte de estas listas y se premió a los que formaron parte de listas de "independientes", quienes fueron el factor sorpresa de estas elecciones. Es importante que los conglomerados políticos saquen conclusiones de estas cifras y se centren en hacer la pega real, volver a las calles, escuchar las inquietudes de las personas, volver a construir una mística alrededor de las ideas de la libertad y fortalecer positivamente a los partidos políticos para que prime una democracia sana en nuestro país.

Por otro lado, existe una preocupación alrededor del proceso constitucional, ya que la ciudadanía espera que los convencionales electos no caigan en las mismas prácticas que los parlamentarios actuales, sino que tomen con seriedad la tarea encomendada sin farandulizar la actividad de deliberación, ni caer en peleas de egos. Es importante entender que este es un proceso que se debe construir en un entorno de acuerdos, sin imposiciones de sectores, bajo un clima de tolerancia y respeto y, sobre todo, conocimiento de las materias que se abordarán respecto de lo qué es una Carta Fundamental. No hay espacio para adueñarse de la verdad. Los convencionales deben asumir humildemente esta labor de redactar una buena Constitución para todos los chilenos, sin marginar a nadie por su pensamiento político. Es importante recordar que vivimos en un país con pluralismo y, por consecuencia, democrático. Recordemos que solo representan al 42% de los chilenos, y hay otro 58% al cuál no pueden dejar de lado para construir el país que soñamos.

Resulta preocupante la baja participación electoral registrada en la última elección, en un momento tan trascendental para la democracia chilena. Tal parece que la medida de voto voluntario e inscripción automática (Ley Nº 20.568 de enero 2012) resultó contraria al sentido original: estimular la participación de los jóvenes que por diversos motivos no iban a inscribirse en los registros electorales.

En la Región del Biobío, en el plebiscito del año pasado, llegamos a una participación de 47,8% y en las últimas elecciones alcanzamos sólo el 41,2% faltando cerca de 84 mil ciudadanos que se acercaran a votar al nivel regional. En la última jornada electoral nos aproximamos a la participación de las elecciones municipales del 2016 (39,29%).

Recientemente la Cámara de Diputados aprobó en general la reposición del voto obligatorio. Independiente de cual sea las medidas que se asuman se debe fortalecer la educación cívica a todo nivel y buscar nuevos mecanismos para hacer más atractivo el proceso electoral. Cabe destacar que de aprobarse definitivamente la medida de reposición del voto obligatorio este debería comenzar a regir a partir de las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales.

Pronto tendremos un hito clave para la descentralización. La elección de los gobernadores regionales será fundamental para construir una plataforma política que permita mejorar distribución de los recursos en el territorio. Sin embargo, los candidatos y las candidatas que pasaron a segunda vuelta deberán enfrentar el gran desafío de "llamar a votar". Lamentablemente está presente el riesgo que voten menos ciudadanos que en la primera vuelta.

Se necesita que las ciudadanas y los ciudadanos en los territorios vean lo transcendental de esta elección. Hasta el momento hemos tenido intendentes designados por el Ejecutivo y por tanto subordinados a las decisiones de la capital nacional. Hoy tenemos una oportunidad histórica de elegir a un líder o una lideresa que permita avanzar en la descentralización. Esta elección no tiene referentes, es inédita en su tipo, estamos ante una institucionalidad nueva donde, como sociedad regional, deberemos poner nuestro mayor esfuerzo para que se pueda consolidar en el mediano plazo. Todos los actores regionales son importantes.

Es por eso que es muy importante llamar a votar por los gobernadores regionales.

La gran mayoría de los constituyentes son de regiones, la mayoría han planteado la importancia de que la nueva Constitución tenga una clara impronta regional. Entonces tenemos una oportunidad histórica de contar con grandes definiciones constitucionales y al mismo tiempo tener un líder o una lideresa regional que junto con la sociedad civil local podrán dar la batalla por una mayor descentralización territorial.

El 4 de noviembre de 91970 asumió como Presidente de la República, Salvador Allende G.. Uno de los problemas más graves con que se encontró era la numerosa serie de procesos penales que en diferentes tribunales del país se incoaban en contra de altos dirigentes del MIR y otros grupos violentistas. Asaltos a bancos, aviones, robos a supermercados, secuestros, ataques a carabineros y otros delitos, todos ellos cometidos durante la segunda mitad del gobierno del Sr. Frei Montalba 1964-1970.

Sin embargo, y a pesar de todas las causas en tramitación y la gravedad de los delitos, no fue óbice para que el 18 de diciembre de 1970 se dictare el decreto del Ministerio de Justicia No. 2071, por el cual se indultó a gran número de miembros del MIR y otros movimientos de extrema izquierda. Suscrito por Allende y el ministro de Justicia Lisandro Cruz.

La Constitución Política (CP) de 1925, en el Art. 72 No. 12, facultaba al Presidente de la República para conceder indultos particulares. Pero sin precisar y prohibir como en nuestra actual CP, en cuanto el indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso.

Los indultos decretados se referían a todos los juicios que estaban en plena tramitación, sin sentencia definitiva. Fueron indultados a "priori" personajes tan importantes como Andrés Pascal Allende (sobrino del Presidente), Max Joel Marambio (destacado empresario actualmente), Sergio Zorrilla, Miguel y Edgardo Enríquez Espinoza, Luciano Cruz Aguayo, Juan Bautista Van Schouwen Vassey Jorge Silva Luvecce, entre otros.

Los fundamentos del indulto fueron de una vaguedad e imprecisión increíble. Se dijo: "Que en el caso que se trata concurren circunstancias especiales que hacen acreedores a los beneficiarios a que se les indulten las penas que pudieren corresponderles, como asimismo las que se le hayan aplicado, todo lo cual constituye un fundamento suficiente y calificado para que se dispense la gracia del indulto."

La Contraloría devolvió sin tramitar el decreto, por estimar que infringió el Art. 80 de la CP y otras disposiciones. O sea, abarcaba facultades del poder judicial y resolvía contiendas.

El Gobierno de Allende insistió con la firma de todos los Ministros. Por ello la Contraloría tomó razón de el, comunicando a la Cámara de Diputados este hecho.

Uno de los procesos en donde se aplicó el indulto fue el que se ventilaba en Concepción por el secuestro del conocido periodista Hernán Osses Santa María.

El 6 de junio de 1969 Osses fue secuestrado a la salida de un restaurante. Lo introdujeron y echaron encapuchado a un auto. Lo llevaron a una vivienda, lo desnudaron, torturaron y flagelaron, dejándolo lesionado en diferentes partes del cuerpo. Finalmente, después de varias horas, lo dejaron desnudo en la Universidad de Concepción, en pleno junio y en la noche.

Osses había reporteado las actividades del MIR, lo que le valió el rapto y apremios como venganza.

Se acreditó en el proceso la participación de Luciano Cruz, Juan Bautista Van Schouwen Vassey e Ingrid Sucarrat.

El ministro en Visita a cargo del proceso, a la vista del decreto de indulto, sobreseyó definitivamente a los inculpados, quedando libres de polvo y paja. En 1971 fue acusado constitucionalmente el ministro de Justicia don Lisandro Cruz Ponce, como consecuencia de la dictación de estos decretos. La acusación fue rechazada por 50 votos en contra 35 por la aprobación y 18 abstenciones de la DC.

Pues bien, con toda pompa y "seudo constitucionalismo" quedaron impunes y sin sanción terribles delitos. Las víctimas quedaron sin protección ni accceso a la justicia. Los daños materiales y morales jamás fueron resarcidos. Y a pesar del perdón otorgado la gran mayoría de ellos siguieron la senda del terrorismo; de la clandestinidad, como lo demuestra la historia posterior del país.

El 8 de junio de 1971 fue asesinado don Edmundo Pérez Zucovic por los hermanos Rivera Calderón, favorecidos con el indulto. Don Edmundo había sido Ministro del Presidente Frei y destacado miembro de la DC.

Lunes 31 de mayo: El asesor del Ministerio de Salud, exjefe de Epidemiología y magíster en ciencias médicas de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, Rafael Araos, señaló que "vamos a necesitar vacunar a todo el mundos tres veces para tener la expectativa de alcanzar esa inmunidad colectiva". Los nuevos contagios se mantenían cerca de los 8.000 en 24 horas, mientras que la disponibilidad de camas críticas era 178 en todo el país, en el primer domingo con pase de movilidad. "No cabe dudas de que una tercera dosis de una misma vacuna no parece ocasionar problemas", dijo.

Martes 1 de junio: El Colegio Médico (Colmed) afirmó su "compromiso profundo, intenso, de seguir colaborando en todas las instancias" para enfrentar la pandemia, luego de que en las últimas horas del domingo anunció su salida de la Mesa Social Covid-19, argumentando "decisiones imprudentes" por parte del Gobierno, como la implementación del pase de movilidad, sin atender a criterios científicos. El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió que "espero que recapaciten". La instancia asesoraba al Ejecutivo en el manejo de la emergencia sanitaria.

Miércoles 2 de junio: El Presidente Sebastián Piñera, ante un aforo reducido a 50 personas en el salón plenario del Congreso Nacional, pronunció su última cuenta pública, donde uno de los primeros anuncios, para sorpresa incluso de su sector, fue la puesta en urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, junto a la creación del Ministerio de Seguridad. Además, el mandatario reconoció las "grietas y postergaciones" que condujeron a las manifestaciones sociales del 18 de octubre de 2019 y hoy tienen al país ad portas de una nueva Constitución.

Jueves 3 de junio: Según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud (Minsal), la presión sobre la red integrada de atención es extremadamente alta, con 3.170 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 2.707 se encuentran con ventilación mecánica.Lo anterior significa que a la fecha hay 146 camas críticas disponibles a nivel nacional, cifra que sigue disminuyendo. En algunas regiones, como Aysén, ya no quedan camas, mientras que en otras como Tarapacá, Coquimbo, Los Ríos y Los Lagos sólo hay una o dos.

Miércoles 2 de junio: La Organización Mundial de la Salud (OMS) autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra covid-19 de Sinovac, la segunda de fabricación china que obtiene esta aprobación y la más usada en Chile, por lo que el respaldo al antídoto fue valorado por las autoridades de nuestro país. La vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac, "cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación", declaró la OMS y agregó que sus asesores técnicos visitaron instalaciones del laboratorio antes de emitir su decisión. Se trata del sexto fabricante que ingresa en la lista de uso de emergencia.

Jueves 3 de junio: El Gobierno de Perú anunció que cerrará la plaza limeña de San Martín para cualquier actividad política, después de que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo anunciaran que harían sus concentraciones de fin de campaña en dicho lugar. La primera ministra, Violeta Bermúdez recordó que su país está "en emergencia sanitaria y no debería convocarse a ninguna situación que genere aglomeración", ante la pandemia de covid-19, que hasta el momento ha dejado más de 184.507 fallecidos y casi dos millones de casos en Perú.