Por Redacción / Agencias

En pleno peak de la pandemia y pese a las restricciones de movilidad, decenas de manifestantes llegaron este viernes hasta los cuarteles de la Policía Civil de Río de Janeiro para pedir justicia por las víctimas de un operativo policial que este jueves dejó más de una veintena de víctimas fatales en la favela de Jacarezinho en una de las principales ciudades de Brasil.

"Eso no fue una operación de inteligencia. Fue una completa masacre que forma parte del genocidio que está en curso en nuestro país y principalmente en nuestro estado", dijo Giovanna Almeida, una estudiante de 22 años que se plegó a los manifestantes.

QUÉ OCURRIÓ

Cerca de 200 efectivos fueron parte de un violento operativo desplegado el jueves, que se extendió por más de nueve horas y que buscaba desarticular una banda ligada al narcotráfico.

Un policía fallecido y 24 sospechosos abatidos por disparos policiales dejó como saldo la operación, en la que además resultaron heridos tres uniformados y dos civiles que viajaban en el metro y que fueron alcanzados por balas perdidas. Además, una decena de narcotraficantes fue aprehendida.

Según expertos en seguridad pública, se trata de "la mayor masacre en la historia de Río de Janeiro", y el alto número de víctimas -que superó la anterior mayor matanza policial, en agosto de 1993 en la favela de Vigario Geral- hace suponer que podría haber ocurrido una "operación de venganza" luego de la muerte del policía en el inicio de la operación, tal como ocurrió hace 27 años.

Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública de Brasil, también calificó como "masacre" lo ocurrido. "La Policía Civil, que es la que debería usar inteligencia y planificación, fue la autora de esta masacre al matar a más de 20 personas en un operativo, en una acción desastrosa que se llevó a cabo con el objetivo de desarticular cuadrillas de jóvenes que asaltaban en los trenes, pero que se transformó en una operación venganza, una operación matanza", sentenció.

La Policía informó que la operación fue autorizada por el Ministerio Público, luego de un trabajo de inteligencia que permitió identificar al menos 21 criminales en la favela, y buscó terminar con las actividades de una banda que controlaba ese territorio, y que era investigada por delitos de asesinatos, robos y secuestros de trenes, además de reclutar niños para sus ilícitos.

"TODOS BANDIDOS"

El vicepresidente de Brasil, general Hamilton Mourao, señaló ayer que los numerosos fallecidos que dejó el operativo policial eran "todos bandidos", pese a que las autoridades aún no han identificado a las víctimas.

"Todos bandidos. Entra un policía en una operación normal, es disparado en la cabeza de una azotea. Lamentablemente esas bandas del narcotráfico son verdaderas narcoguerrillas", agregó Mourao , quien calificó la situación como una "guerra" que compromete la seguridad pública. "Es un problema serio de la ciudad de Río de Janeiro, que ya llevó varias veces a que las Fuerzas Armadas fueran llamadas a intervenir" y "que vamos a tener que resolver un día u otro", agregó.

Pese a que la policía ha rechazado las acusaciones de supuestos abusos y ejecuciones extrajudiciales en la operación, la opinión pública local se encuentra dividida y ha considerado el hecho como una masacre. Otro de los manifestantes que ayer llegaron a los cuarteles de la policía, insistió en que "no hubo intercambio de tiros. Hubo ejecución, hubo asesinato".

El propio alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, fustigó los excesos cometidos en la acción policial, considerándola fruto de una política de seguridad pública "inexistente y errónea" que "pone en riesgo a la policía y permite que se propague el crimen".

ONU TEME OCULTAMIENTO DE PRUEBAS

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos admitió haber recibido "denuncias tras el suceso de que la policía no tomó las medidas necesarias para preservar las evidencias en la escena del crimen, lo que podría dificultar la investigación", dijo a través del vocero Rupert Colville. El organismo instó al procurador general a iniciar una investigación profunda e imparcial, añadiendo que el hecho "confirma una prolongada tendencia al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en las favelas, barrios pobres y marginados".

La estatua del fundador de Bogotá, el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, fue derribada ayer a primera hora por indígenas del pedestal en que estaba instalada en el centro de la ciudad, como parte de las protestas que desde hace 10 días sacuden a Colombia.

El monumento a Jiménez de Quesada, que lo muestra con el brazo derecho levantado y sosteniendo la espada hacia abajo, en el acto fundacional, fue derribada por indígenas Misak, la misma etnia que el pasado 28 de abril, en el primer día de las protestas, echó al suelo en Cali la del fundador de esa ciudad, el conquistador Sebastián de Belalcázar.

Con tambores y banderas, y coreando vivas a "las autoridades indígenas de Colombia", al "pueblo Misak" y a "las mujeres de Bogotá", un puñado de indígenas llegó ayer en la madrugada hasta el monumento situado en la plazoleta de la Universidad del Rosario, en el centro de Bogotá, para tumbar la estatua. "A partir de este momento no van a tener en Bogotá a este violador, a este supuesto conquistador", proclamó uno de los líderes de los indígenas, según se ve en videos que circulan en redes sociales.

EN TIERRAS MUISCAS

Gonzalo Jiménez de Quesada, nacido en 1509 en Granada (España), según algunos historiadores, aunque otros lo sitúan en Córdoba, fundó en territorios conquistados a los muiscas la villa de Santa Fe de Bogotá, el 6 de agosto de 1538.

Tras derribar la estatua, los indígenas interpretaron canciones típicas con instrumentos musicales autóctonos y bailaron al lado del pedestal, situado frente a la céntrica Avenida Jiménez, una de las principales de la ciudad, llamada así en homenaje a su fundador, que murió en 1579 en el poblado de Mariquita, en el centro del país, mientras avanzaba en su campaña conquistadora.

"Un grupo de vándalos derribó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta el Rosario de Bogotá. Total rechazo contra este tipo de actos delictivos que atentan contra los bienes públicos de la cultura", manifestó en Twitter el ministro de Cultura de Colombia, Felipe Buitrago.

Más tarde, el presidente Iván Duque se reunió con líderes de la Coalición de la Esperanza, una alianza política de centroizquierda formada para las elecciones del próximo año, para discutir posibles soluciones a la grave crisis iniciada con la presentación desde el Gobierno de una reforma tributaria que después fue retirada.

El encuentro hace parte de las conversaciones que convocó el presidente con diferentes sectores ante la ola de manifestaciones en las calles que cumple diez días y que han dejado al menos 24 personas muertas y unos 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo.

De la cita participaron también los precandidatos a la Presidencia Ángela María Robledo, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán.

Duque ya se reunió con representantes de los partidos aliados de su Gobierno, así como con representantes de universidades, gremios, organizaciones estudiantiles, líderes comunitarios, gobernadores y alcaldes.

ACUSAN INTROMISIÓN

En paralelo, el Gobierno colombiano expresó su rechazo a comentarios del presidente argentino, Alberto Fernández, que manifestó su preocupación por la "represión" en las protestas.

La "Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El cohete chino Long March 5B viaja sin control a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora y demora cerca de una hora y media en completar una vuelta a la Tierra. Reportes señalan que podría entrar en la atmósfera esta noche o la madrugada del domingo.

Aunque expertos, a partir de los cálculos, observaciones y modelos matemáticos, señalan que los restos del cohete podrían caer en algún punto de los paralelos 41, solo "a medida que el cohete vaya perdiendo altura en su órbita elíptica se podrá reducir esta incertidumbre", según Jorge Lomba, del departamento de Espacio del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) de España.

Las probabilidades de que los restos del cohete caigan en ese país han aumentado en 50%, pero la posibilidad real de que impacte en tierra firme sigue siendo baja.

Tanto el Pentágono (Estados Unidos) como el Servicio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la Unión Europea (EUSST) están monitoreando el cohete chino que está fuera de control y ha calificado como "poco probable" que sus restos caigan en zonas pobladas .

El sitio Space-Track.org, dedicado a brindar datos para la comunidad espacial mundial, concluyó que la posibilidad de que el cohete caiga cerca de una zona poblada es de 1 entre 196,9 millones, explicaron a través de Twitter.

En tanto, desde China el portavoz del Ministerio de Exteriores Wang Wenbin indicó ayer que "la mayoría de los restos del cohete se desintegrarán y se destruirán durante su reentrada en la atmósfera; es altamente improbable que causen ningún daño a la Tierra".

"Aunque lo más probable es que no sea peligroso, China está prestando mucha atención a la reentrada del cohete en la Tierra", garantizó.