Por Karlyng Silva Leal

Un nuevo ataque armado afectó al retén policial de la localidad de Quidico, en la comuna de Tirúa, producto del cual no se registraron carabineros lesionados debido a la reciente implementación del reforzamiento blindado en la infraestructura. El coordinador regional de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, sostuvo que estos hechos son parte de una reacción de los grupos violentos ante las medidas de seguridad de control del orden público.

El mayor Patricio Gómez, Comisario de la Tercera Comisaría de Cañete explicó que, en horas de la madrugada de ayer jueves, "nuestros carabineros del Retén Quidico fueron atacados cobardemente por un grupo de individuos que, mediante el uso de armas de fuego, efectuaron gran cantidad de disparos a diferentes dependencias de este destacamento".

Por su parte, Roberto Coloma detalló que la unidad policial recibió descarga de munición de grueso calibre, cuyos impactos fueron absorbidos por las planchas blindadas instaladas hace un par de semanas, lo cual mejoró la seguridad del recinto. Sobre el lugar donde se percutaron los disparos y la cantidad de personas intervinientes sostuvo que "es muy difícil de precisar en este minuto y es materia de la investigación que se está desarrollando".

Pese a la gravedad del hecho, el uniformado confirmó que ningún funcionario resultó herido o lesionado y agregó que se dispuso un equipo multidisciplinario para determinar las causas y origen de los hechos. "Carabineros de Chile mantendrá su labor preventivos en pos de la paz conforme a la constitución y no se sentirá amedrentado por estos ataques anónimos y arteros a nuestra institución", sostuvo Gómez.

PLANIFICACIÓN

Hace poco más de tres semanas se registró la última serie de eventos de carácter violento en la zona con el siniestro de cuatro viviendas, el ataque a la unidad policial de Quidico y amenazas a personal médico en el Cesfam de Tirúa. Tras ello, y en el marco de una planificación de acción que desarrolla la coordinación regional, se dispuso una serie de recursos para aumentar su seguridad.

"La unidad policial desde hace algunas semanas se encuentra con un resguardo adicional, tanto en recursos humanos, con una unidad de Fuerzas Especiales y una unidad del Gope en el retén, y además se ha realizado reforzamiento de su infraestructura a través de estas planchas blindadas que dan una mejor protección a la unidad misma y al personal que la ocupa", aclaró Coloma y agregó la disposición de vehículos blindados.

El coordinador explicó que en la planificación se ha planteado avanzar en la recuperación del control territorial por parte de los organismos policiales, Carabineros, PDI y la Jefatura de la Defensa Nacional. Al respecto ,sostuvo que la situación actual es distinta pues se ha disminuido el territorio de acción de los desconocidos.

"La planificación y su ejecución se ha traducido, en lo concreto, en una suerte de encapsulamiento territorial de estos grupos terroristas, lo que queda en evidencia al revisar con atención los lugares en los que se han producido los hechos violentos durante las últimas semanas", sostuvo.

El coordinador añadió que "diría que prácticamente desde mediados de febrero tenemos una situación bastante acotada a la ruta P72, Tirúa y Quidico".

INVESTIGACIONES

Roberto Coloma se refirió también a la necesidad de mayores recursos para las causas de violencia en la zona.

"Nosotros le pedimos a la Fiscalía Regional que priorice la situación de inseguridad pública de la Provincia de Arauco, de acuerdo a la gravedad de los hechos e inyectar mayores recursos humanos y materiales para potenciar las investigaciones", reiteró.

Asimismo, insistió en que el panorama actual dificulta el avance de las numerosas causas y que es necesario transformar esta problemática en una prioridad nacional. "Si bien hoy existe una Fiscalía de Alta Complejidad a cargo del fiscal Juan Yáñez, lo cierto es que él no tiene mayores equipos de apoyo para avanzar en las más de 300 investigaciones que tiene a su cargo", finalizó.

A propósito de la obligación que tiene el presidente del Consejo Regional de cumplir con rendir cuenta pública anual en el mes de diciembre de cada año, tal como lo exige la ley del Gobierno Regional, la Contraloría recibió una presentación y se pronunció desestimando la denuncia en el sentido que esa cuanta se habría realizado.

"Con mucha tranquilidad hemos recibido el informe de contraloría que desestima la acusación de un consejero regional a este presidente, porque supuestamente no habría realizado mi cuenta pública. El informe es contundente en decir que la cuenta se realizó de acuerdo a lo que exige la ley en el sentido que tiene que darse al intendente, alcaldes y a la comunidad en general, donde cada uno de esos pasos se cumplió", indicó el presidente del Core Patricio Lara.

En el informe de Contraloría se recuerda que el presidente del Core debe dar cuenta pública al intendente, el consejo regional, alcaldes y la comunidad regional, de las normas, resoluciones, acciones de fiscalización ejecutadas y todo otro hecho relevante que deba ser puesto en conocimiento de las autoridades indicadas, lo que se habría realizado tal como se exige.

"Quisiera hacer un llamado para ser más responsables, sobre todo cuando estas acusaciones las realizan personas que son candidatos y que para buscar visibilidad y protagonismo, se dedican a hacer denuncias y acusaciones que no tienen ningún fundamento", agregó Patricio Lara.

Desde el órgano contralor se señaló que la obligación de rendir cuenta pública se satisface por su publicación a través de medios electrónicos y manteniendo la cuenta íntegra en la página web del Gore Biobío.

Hace unos días, la sala de entrevista videograbada fue presentada por la jueza presidenta del Tribunal Oral en lo Penal angelino, Anamaría Sauterel, al seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región del Biobío, Sergio Vallejos, en el marco de una reunión por la entrada en vigencia de la Ley 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad.

En marzo de 2015 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Los Ángeles inauguró su sala especial para declaración de niños, niñas y adolescentes (NNA), constituyéndose en la segunda dependencia de este tipo a nivel nacional y la primera en regiones.

Más de seis años han pasado hasta la fecha desde la creación del espacio, periodo en el que más de 60 pequeños lo han utilizado y que desde el próximo mes será usada por infantes que hayan sido víctimas o testigos de delitos sexuales, violentos y robos, entre otros ilícitos.

La habitación diferenciada para menores de edad, además de estar habilitada con cámaras y sonopronter para comunicarse en directo con la sala de audiencias, es más amplia de lo habitual, posee un sistema de aislación acústica y baño, elementos relevantes para la mayor comodidad y tranquilidad de los niños y niñas.

"El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles se ha venido preparando desde el año pasado para la entrada en vigencia de la nueva ley de entrevistas videograbada, con la capacitación que ha realizado la mayoría de los jueces integrantes de este tribunal con un curso inicial, formativo del contenido de la respectiva ley", sostuvo la jueza Sauterel.

Precisó que, además, "dos de los seis jueces de este tribunal hemos realizado el curso especializado en formación para ser acreditados como intermediadores en la ley de entrevista videograbada y así contar con las herramientas para poder ingresar a los juicios orales en calidad de entrevistador".

La magistrada agregó que: "Asimismo, los funcionarios del tribunal están realizando un curso para capacitarse con todos los protocolos respectivos para la entrada en vigencia de la nueva ley, realizando actividades de capacitación a nivel general".

La implementación gradual de este cuerpo legal se inició en octubre de 2019 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, Aysén y Magallanes. En la segunda etapa corresponde a las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.