Por Agencias/Redacción

El Gobierno de Estados Unidos impuso una dura batería de sanciones contra Rusia y expulsó a diez miembros de su delegación diplomática por presuntos ciberataques de Moscú, su injerencia en las elecciones estadounidenses, la ocupación de Crimea y recompensas por soldados de EE.UU. en Afganistán.

El presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva proclamando una emergencia nacional "respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, política exterior y economía de EE.UU." que suponen las actividades "dañinas" de Rusia en el exterior.

Sobre los diez diplomáticos rusos expulsados, el Gobierno estadounidense únicamente aclaró que entre ellos hay "representantes de los servicios de Inteligencia rusos".

INTELIGENCIA RUSA

EE.UU. sancionó además, a seis empresas tecnológicas de Rusia a las que acusa de apoyar a la inteligencia de ese país.

Washington atribuyó al Servicio de Seguridad Federal, la Dirección de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, el ciberataque masivo contra sistemas del Gobierno y grandes compañías estadounidenses, a través del programa SolarWinds.

Hasta ahora, EE.UU. solo había hablado de sospechas de que Rusia estuvo detrás de ese jaqueo, supuestamente iniciado en 2019, pero ahora sostuvo que sus servicios de Inteligencia están "completamente seguros" de esa acusación.

EE.UU. sancionó también a 16 compañías y 16 individuos rusos por su supuesta injerencia en los comicios electorales estadounidenses de 2020 "por órdenes del liderazgo del Gobierno ruso".

Medidas similares adoptó el Ejecutivo de Biden, en colaboración con la Unión Europea (UE), Reino Unido, Australia y Canadá, contra cinco personas, dos empresas y un centro de detención por "la ocupación de Rusia de la región de Crimea, de Ucrania, y los graves abusos de los derechos humanos contra su población".

Otro de los motivos para imponer esta batería de sanciones son las recompensas ofrecidas por Rusia a los talibanes para que atacaran a militares de EE.UU. en Afganistán.

Con estos anuncios, quedan bloqueadas todas las propiedades que los sancionados tengan en EE.UU. y se prohíbe a los estadounidenses y residentes del país cualquier transacción con los sancionados.

Junto a estas penalizaciones, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses participar en el principal mercado de bonos emitidos a partir del próximo 14 de junio por el Banco Central ruso y otras instituciones del país, en un intento de coartar su venta de deuda soberana.

Desde el Gobierno de Biden explicaron que "este es el mercado principal que financia al Gobierno ruso", donde una cuarta parte de los bonos está en manos de inversores extranjeros y con esta acción se puede crear "un efecto paralizador más amplio, que aumente los costos de endeudamiento de Rusia, junto con la fuga de capitales y una moneda más débil".

RUSIA RESPONDE

Por su parte, Rusia citó al embajador de Estados Unidos en respuesta a las sanciones y la vocera de Exteriores, María Zajárova, adelantó que este "comportamiento agresivo recibirá, sin lugar a dudas, una respuesta firme e inevitable".

Desde el Kremlin, el portavoz, Dmitri Peskov, dijo que "las sanciones no van a contribuir de ninguna manera" a la realización de la cumbre entre Rusia y EE.UU. que propuso Biden.

En tanto, la OTAN respaldó que las pruebas apuntan a un ciberataque ruso, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, solidarizó con EE.UU. "por el impacto de las actividades cibernéticas maliciosas".

Washington reafirmó su apoyo a Taiwán con una reunión que mantuvieron tres ex altos cargos estadounidenses con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, a la que Pekín respondió con nuevas maniobras militares en la zona. Tsai destacó que se trata de "la primera vez que la administración de Biden envía a una delegación a Taiwán desde que llegó al poder" y reprobó las incursiones de aviones chinos en zona taiwanesa así como las maniobras militares de Pekín. "Suponen una amenaza a la paz", aseguró.

Estados Unidos impone sanciones a Rusia y el Kremlin avisa que respuesta será "firme"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reaccionó con molestia a un mensaje de su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, que ironizó con el uso de militares para controlar la movilización nocturna que fue limitada el Gobierno argentino para frenar los contagios. Ambos países viven los momentos más críticos de la pandemia.

"Ejército argentino en las calles para mantener a la gente en casa toque de queda entre las 20 y las 8. Buenos días a todos", escribió Bolsonaro en sus redes sociales.

El comentario no cayó en gracia a Fernández que enfrenta una intensa ola de contagios en Argentina, lo que obligó a restringir la movilidad y aumentar los controles. El mandatario consideró "impactante que Bolsonaro diga una cosa así" y defendió el papel de las Fuerzas Armadas durante la pandemia.

"Son oficiales que han hecho su carrera en democracia, defienden las instituciones y desde ese lugar han colaborado de un modo magnífico en la pandemia, llevando asistencia a lugares de mayor vulnerabilidad", dijo Fernández.

Agregó que le pidió al Ejército que le "ayuden a montar postas sanitarias para hacer más rápido los testeos".

"El Ejército tiene médicos y enfermeros muy calificados y es eso lo que les pedí. Yo ni he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer y las fuerzas armadas no están para hacer seguridad interior, están para hacer lo que hacen muy bien que es en situaciones de catástrofe brindar apoyo a la gente", enfatizó.

ARGENTINA CIERRA

La rápida evolución de la segunda ola de covid-19 en Argentina, que ya ha dejado récord de contagios y tensión en los hospitales, llevó al Gobierno a prohibir la circulación nocturna de personas en Buenos Aires y su populosa periferia, pero también a cerrar los colegios, contra lo que el alcalde de la capital presentará un recurso amparo en la Justicia.

Las nuevas restricciones se dan un contexto de lenta vacunación, con apenas 11,3% de la población inoculada con la primera dosis y 1,68 % con la segunda.

Desde hoy y hasta el 30 de abril, en el área metropolitana de Buenos Aires, que aglutina a unos 15 millones de habitantes -más del 30% de la población argentina-, se prohibirá circular entre las 20.00 y las 06.00 horas, cuatro horas más que el toque de queda que rige desde hace una semana.

También se suspenderán las actividades sociales, deportivas y religiosas en lugares cerrados, los centros comerciales no podrán abrir y el resto de comercios deberán cerrar a las siete de la tarde.

Además, las clases escolares serán virtuales desde el lunes durante dos semanas, solo dos meses después de que se retomara la presencialidad tras casi un año de escuelas cerradas. Argentina registra 2,6 millones de contagios de los que 58.542 han fallecido.

CATÁSTROFE HUMANITARIA

Mientras Bolsonaro ironizaba con la situación pandémica en Argentina, Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que Brasil vive una "catástrofe humanitaria" debido a la "fallida" respuesta del Gobierno.

"Estamos extremadamente preocupados con lo que ocurre en Brasil. Es algo extremadamente alarmante", dijo el presidente internacional de MSF, Christos Christou.

También alertó que la "falta de voluntad política" está costando la vida de miles de personas en Brasil, donde el virus ya deja más de 360.000 muertos, 13,6 millones de casos y se han aplicado 24,20 millones de dosis contra covid-19. Solo la semana pasada el país registró 11% de los nuevos contagios y 26% de las muertes en todo el planeta.

El Supremo, máximo tribunal de Brasil, ratificó la decisión adoptada por uno de sus jueces, que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos.

La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el 8 de marzo anuló a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, por un conflicto de competencias.

Fachin consideró que los dos juicios en que Lula fue condenado a prisión, y otros dos en los que todavía no había sentencia, fueron irregulares porque se realizaron en los tribunales de la ciudad de Curitiba, a cargo del exjuez Sergio Moro, que no tenían competencia sobre esos asuntos.

El argumento de Fachin, instructor en el Supremo de los procesos relacionados con la operación Lava Jato, fue que los casos por los que Lula fue juzgado no tenían vínculos con las corruptelas en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de la jurisdicción de Curitiba, limitada a las causas relacionadas con la petrolera.

Ayer antes de la sesión, Lula declaró que estaba "muy tranquilo" y "confiado" en que el Supremo le daría respaldo a la decisión de Fachin, que anuló las penas dictadas en su contra, remite los procesos que tramitaron en Curitiba a tribunales de Brasilia, donde deberán ser juzgados nuevamente.

Esas causas se refieren a un departamento y una casa de campo que Lula habría recibido a modo de soborno de empresas que, según la acusación, obtuvieron contratos fraudulentos con Petrobras, y a supuestas donaciones que esas mismas firmas hicieron a un instituto del expresidente en un contexto similar.

Lula da Slva llegó a pasar 580 días encarcelado.