El Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 que realizaron Techo Chile y la Fundación Vivienda, dado a conocer hace unos días, mostró un retroceso en la situación de los campamentos que hay en el país. Los datos se recogieron entre octubre de 2019 y febrero de 2021, en plena pandemia, y revelaron que aumentaron en 74% las familias que viven en esos asentamientos irregulares, respecto del catastro que realizó con anterioridad el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con el último estudio, hay 81.643 grupos familiares que habitan en 969 campamentos en el Chile, que constituye la cifra más alta en el último cuarto de siglo. También se detectó que 57.384 niños y niñas menores de catorce años se encuentran en situación habitacional precaria y que un 93% del total nacional de habitantes de los campamentos no cuentan con acceso al agua potable. Entre los grupos que habitan en campamentos hay 25 mil familias inmigrantes, que representan casi un tercio del total.

El referido estudio indica que las regiones con más asentamientos irregulares son Valparaíso (23.843 familias, poco más del doble de hace dos años), Metropolitana (19.444 familias en campamentos, un 224% más que en 2019) y Biobío (6.957 grupos en campamentos, con un aumento de 10%). Los autores del catastro explican que en este deterioro de la situación social de familias viviendo en asentamientos de emergencia influyeron el estallido social y la pandemia de covid-19, que representaron un deterioro de la actividad económica, y la pérdida de empleos en Chile. De hecho, la mitad de las familias que llegaron a habitar esos asentamientos irregulares en estos dos años declararon que tuvieron que hacerlo por razones de índole económica o laboral, ya sea porque perdieron su trabajo, bajaron sus ingresos o subió el precio de su arriendo, lo que terminó agravando la situación de los campamentos.

Esto ha ocurrido a pesar de que en los años anteriores a la pandemia había indicadores de desarrollo que mostraban avances importantes, como el aumento del gasto público e inversión en vivienda subsidiada, que aumentó nueve veces desde la década de los '90. Pero la pérdida del empleo, los altos costos de los arriendos y razones de tipo económico han llevado a muchas familias a tener que instalarse en esos asentamientos. También la migración se ha transformado en los últimos años en un factor importante en el crecimiento de ellos. Si bien muchos creen que las familias pasan de vivir en la calle a instalarse en campamentos, los estudios muestran una realidad distinta. Dos tercios de las personas que viven en los asentamientos precarios antes habitaban una vivienda, aunque la gran mayoría estaba en la condición de allegados.

El director de Techo Chile, Sebastián Bowen, ha señalado que es importante enfrentar la enfermedad y no sólo sus síntomas: "Tan importante como terminar con los campamentos actuales, es enfocarnos en evitar que nuevas familias lleguen a ellos, porque de lo contrario vamos a reducir el síntoma, la fiebre, pero la enfermedad va a seguir". Si bien cerca de 82 mil familias que viven en campamentos es una cifra que duele y estremece, se debe considerar que existe una realidad invisible, ya que hay poco más de medio millón de familias que necesitan una vivienda, que viven allegadas o hacinadas y que a veces son víctimas de arriendos informales o abusivos.

En consecuencia, este es un tema que tiene raíces profundas y cuyas soluciones son complejas. Se requiere la coordinación de diversos ministerios para relocalizar a las familias, ojalá en una misma comuna, y la urbanización y radicación de terrenos que ya ocupan. Hay que considerar que muchos campamentos están en terrenos públicos o privados, por lo que se deben hacer estudios para determinar la ocupación irregular de esos predios y cómo buscar una solución. Se requiere una solución eficaz, porque la falta de una vivienda digna dificulta la cohesión de la familia y tiene una infinidad de derivaciones sociales negativas.

El estudio indica que las regiones con más asentamientos irregulares son Valparaíso (23.843 familias, poco más del doble de hace dos años), Metropolitana (19.444 familias en campamentos, un 224% más que en 2019) y Biobío (6.957 grupos en campamentos, con un aumento de 10%).

Poco a poco, diversos recursos judiciales fallados exitosamente para los requirentes, han ido poniendo coto a lo que, de manera clara a nuestro juicio, constituyen excesos de la autoridad. Ello, pues la actual situación de pandemia está permitiendo a esta última tener un desmesurado poder para restringir o impedir el ejercicio de un cúmulo de derechos, lo que evidentemente, puede generar situaciones injustas, sea por error o por su inadecuado uso.

Este poder se ha manifestado no sólo en prohibiciones de todo tipo, sino además, en las sanciones -a veces excesivas- que la administración ha establecido a su completo arbitrio para quienes infrinjan la normativa generada por ella misma. Uno de los casos más frecuentes, ha sido considerar situaciones que a lo sumo debieran ser tratadas como una falta administrativa y que ameritan una multa proporcionada, eso sí, como si se tratara de delitos (en particular, poner en peligro la salud pública), que generan una pena mucho mayor. Sin embargo, por muy buenas intenciones que tenga la autoridad, ello no le da un cheque en blanco para establecer lo que quiera sin cortapisas.

Afortunadamente, algunos tribunales han comenzado a reaccionar. Así, el Tribunal Constitucional ha fallado en más de un caso, que para que se constituya un delito semejante, éste debe ser perpetrado por una persona enferma y no por una sana.

La Corte Suprema, de forma unánime, consideró recientemente que la presencia en la noche de dos personas en la vía pública, de por sí tampoco constituía un peligro para la salud pública, como sí podría serlo, por ejemplo, transitar de día e ir a un lugar concurrido sin tener el respectivo permiso o salvoconducto. La clave es así, el contacto con otros, la formación de grupos de personas sin tomar las medidas pertinentes. Por ello, si una situación objetivamente no va a contagiar a nadie, no hay por qué castigarla penalmente.

También se han producido otros fallos, como por ejemplo, el de la Corte Suprema que en razón del derecho de libertad de culto, permitió la celebración de misas con las medidas sanitarias requeridas, incluso en tiempos de cuarentena. Igualmente, y en estas mismas circunstancias, se le permitió a una librería realizar ventas de diversos artículos, tal como se deja a un supermercado, que sí pueden abrir, pese a ofrecer productos similares.

Todo lo relatado pretende así, poner un límite razonable a la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Evidentemente, no se trata de relajar las cosas al extremo de la irresponsabilidad, pero tampoco se puede pretender convertir al país en una inmensa cárcel. La idea es sancionar administrativamente lo que merezca serlo, pero no abusar de ello ni del poder del Estado para imponer castigos draconianos de naturaleza penal por situaciones que objetivamente, no implican la comisión de ningún delito. Lo cual tampoco quiere decir que la autoridad administrativa pueda hacer cualquier cosa dentro de sus competencias.

En realidad, el actual Estado-policía está llegando demasiado lejos, conculcando con una facilidad pasmosa una serie de derechos fundamentales de la gran mayoría de la población. Y de hecho, el afán de control se hace cada vez más intenso. Una razón más para fiscalizar lo que ella hace, por medio de otros poderes que puedan vigilar su proceder, pues es propio de toda sociedad democrática y respetuosa del estado de derecho, tener instancias controladoras de la actividad de los poderes públicos a las que se pueda acudir.

"El actual Estado-policía está llegando demasiado lejos, conculcando con una facilidad pasmosa una serie de derechos fundamentales de la gran mayoría de la población".

Retiro de fondos

Tal como sabiamente le mencionó Pepe Auth a Pamela Jiles sobre la reposición de los fondos de pensiones: Si el Estado devolviera a cada uno lo que retiró, estaría haciendo una de las políticas más injustas y desiguales de la historia. Aquellos que sacaron su dinero para comprar un auto y otros para comprar pan, tendrían nuevamente sus fondos, pero a cada uno les pesaría de distinta manera. Con los impuestos de todos, entregarás más a los que tenían más, menos a los que tenían menos y nada a los que no tenían ahorros, los que normalmente son los que hoy más necesitan. Toda política con buenas palabras parece ser hermosa, pero siempre hay que atenerse a su efectividad y las consecuencias de aquellas.

Valentina Ramírez H.

Candidatos

De que los candidatos tienen imaginación, no hay ninguna duda, pero es preocupante con la facilidad cómo prometen y prometen obras para ganarse el voto de los electores. Urgente se requiere una ley que obligue a que todos en el mismo momento de prometer alguna obra o proyecto en una campaña electoral, debe documentar ante un ministro de fe, la forma de cómo los financiará, para terminar de una vez con el funesto populismo. La ciudadanía ya está curada de espanto, con las promesas de los políticos, absolutamente incumplidas, pero cuidado, si lo siguen haciendo, es porque saben que aún quedan incautos que podrían volver a pisar el palito.

Luis Enrique Soler Milla

Políticos

A los políticos y a nuestros representantes en el Congreso, se les está dando "como bombo en fiesta" "y, paradójicamente, no es por ser políticos, sino que por actuar como políticos. Si se hiciera un libro con todas las promesas y buenas intenciones antes de cada elección, y uno después de ellas, tendríamos dos libros: el primero, más grandes que el Libro de Petete, y el segundo, más chico que la pensión de un jubilado. En la campaña previa a las próximas elecciones de mayo (si se aprueba la reforma), muchos candidatos están cometiendo el error de decir: "voy a hacer esto, y lo otro", cuando en la realidad toda idea y proyectos no dependerá solamente de ellos, sino que estarán amarrados a la decisión de un conjunto. La ciudadanía espera que del todo el lote salgan algunos que piensen en el bienestar y progreso del país.

Jorge Valenzuela Araya

Postergación

Varios países han tenido elecciones en pandemia y, sin ir más lejos, nosotros mismos, realizamos un exitoso plebiscito. No obstante, la realidad de octubre pasado difiere bastante de los estragos que el coronavirus está causando hoy en nuestro país. Al respecto, hay un par de datos que vale la pena consignar. Por un lado, se plantea que estamos igual que en el peor momento de la pandemia en el 2020, sin embargo, la base de comparación es completamente desigual. En la actualidad existen cerca de un millón de ex contagiados, quienes hoy cuentan con anticuerpos para disminuir su transmisión, y además, alrededor de 4 millones ya están vacunados con ambas dosis. Siendo así, en marzo estamos muchísimo peor que en junio pasado, porque tenemos similares contagios, pero con una base de comparación un 25% menor que hace un año y eso ya es demasiado grave. El otro aspecto para considerar tiene que ver con la disponibilidad de camas. La autoridad puede afirmar que queda un 5% de ellas, pero ese dato también induce a error, la realidad es que se han casi duplicado estas camas en el último tiempo. En otras palabras, estamos sobregirados en relación con la dotación habitual y la posibilidad de incrementarlas más, es a la luz de los expertos, casi imposible. Frente a ello, no están dadas las condiciones para que las y los chilenos podamos ir a sufragar.

Felipe Vergara

Cuarentena

Después de un año de pandemia, para muchas familias no resulta fácil adherir al endurecimiento de las restricciones de movilidad sin la correspondiente bajada de políticas sociales largamente ausentes.

Hugo Silva Espinoza

Más cuidado

Muchos hemos sido testigos cercanos de los efectos de la pandemia, no tan solo en el triste deceso y pérdida de calidad de vida de quienes han padecido el virus, sino también el daño que ha afectado a los empleos y la capacidad de generación de desarrollo. Es por eso que hoy tenemos una inmensa responsabilidad, de cada uno de nosotros depende mantener lo que hemos logrado y no retroceder. Las medidas de autocuidado son por todos conocidas, como el lavado frecuente de manos, la limpieza y desinfección de utensilios, uso de mascarillas y limpiezas o eliminación de éstas, y mantener distanciamiento físico y las reuniones.

Alicia Stipicic

¿Frontera terrorista?

La violencia no cesa; semanas, meses, años…en distintas localidades de la provincia de Arauco en la Región del Biobío, como en lugares aledaños a Temuco, en la Región de la Araucanía. Ataques armados, quema de camiones y de propiedades, disparos constantes, homicidios frustrados, y hasta decesos de personas hemos presenciado en el último tiempo. Sin embargo, no sabemos qué es lo que realmente sucede, pues por más que se mantenga bajo la lupa de la sospecha a comunidades mapuches, y a coordinadoras que, ciertamente aparecen aludidas mediante panfletos en determinados atentados, ningún peritaje de la inteligencia policial ni gubernamental ha dado con el paradero de los responsables. ¿Cómo es esto posible con tanta tecnología con la que cuentan las policías, como por ejemplo el uso de drones, con los que se buscaba al pequeño Tomás y que de paso, aprovechaban a inspeccionar parte de zonas conflictivas? ¿No será que además de la manipulación colonialista hay pactos secretos establecidos entre personalidades no necesariamente pertenecientes al mundo mapuche que están sembrando caos y discordia para que se tomen medidas extremas de militarización, que atentan contra los derechos humanos?

Fabián Rodríguez Medina

Grupos antivacuna

Los antivacuna son un equivalente de los conductores ebrios. Su comportamiento pone en riesgo la salud y la seguridad de quienes los rodean.

Richard Rodríguez H.

Inversionistas coreanos se encuentran afinando la realización de un proyecto energético en Talcahuano, por alrededor de 500 millones de dólares. El "Puerto de los Reyes" podría concretarse con un terminal de gas natural.

La plataforma de atraque se ubicaría a tres kilómetros de la costa, aproximadamente. La obra haría viable la instalación de una nueva central termoeléctrica en la Región del Biobío. En la actualidad, se negocian los contratos a largo plazo con diversos proveedores.

energético

Contagios con covid-19 han obligado a poner en cuarentena a muchas personas, entre ellas, hay 19 casos de funcionarios de la Salud contagiados en la Región del Biobío. La autoridad regional precisó que se trata de médicos, enfermeras y personal técnico, en las tres provincias de la Región. Actualmente los enfermos cumplen con aislamiento obligatorio en sus casas debido al coronavirus.

El último informe epidemiológico elevó a 201 el número de personas con el virus. De ellos, 165 se concentran en Concepción y 49 en San Pedro de la Paz.

Las autoridades de salud han llamado a la población a adoptar medidas preventivas, como el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y mantener distancia física, pero por ahora, no se consideran medidas más restrictivas que el cordón sanitario en algunas comunas.