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Manifestaciones son contra el golpe de estado militar

Myanmar: junta endurece represión de las protestas

Una nueva jornada de protestas en esa nación dejó al menos cinco fallecidos y 15 heridos, incluidos dos monjes budistas.
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Por Agencias

La junta militar de Myanmar mantuvo una fuerte represión de las protestas en su contra, durante una nueva jornada en que la acción de las fuerzas de seguridad ante los manifestantes en varias ciudades dejó al menos cinco muertos.

Según el portal Myanmar Now, ayer cuatro personas murieron en Mandalay, la segunda ciudad del país, después de que las fuerzas de seguridad disolvieran una manifestación utilizando munición real, mientras un manifestante murió en un hospital de la ciudad de Pyay.

Además, en Mandalay las fuerzas de seguridad hirieron a al menos 15 personas, incluidos monjes budistas que participaron en la manifestación.

"Estamos perdiendo más vidas hoy. Ataques sin sentido y desalmados de los militares que tratan de disminuir el poder del pueblo", reclamó la Red para la Documentación de los Derechos Humanos en Myanmar.

VIOLENTA JORNADA

Las cinco muertes se produjeron en una nueva jornada de protestas masivas por todo el país contra el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero y tras una noche trágica en Rangún, la ciudad más poblada, con al menos tres fallecidos en dos manifestaciones.

Según el portal DVB News, dos personas murieron cuando la policía abrió fuego contra la muchedumbre que se había congregado frente a una comisaría del distrito de Tharketa, en la antigua capital, para pedir la liberación de tres jóvenes detenidos.

En otra manifestación en el distrito Hlaing de Rangún un estudiante de 18 años falleció de un disparo en la cabeza en una confrontación con la policía, según confirmó el padre de la víctima. La policía ha matado a decenas de manifestantes con disparos en la cabeza.

Tras la violenta jornada, en la noche de ayer cientos de personas se congregaron bajo la luz de las velas en Rangún.

La jornada tuvo un valor simbólico para el movimiento al coincidir con el aniversario de la muerte de un estudiante en 1988 a manos de los militares, lo que provocó una oleada de protestas que fueron reprimidas a sangre y fuego, lo que dejó un saldo de más de 3.000 muertos.

Hasta el momento, la junta militar liderada por Min Aung Hlaing ha hecho oídos sordos a las condenas de la violencia de la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, y las sanciones aprobadas por algunos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Corea del Sur, que esta semana anunció que suspenderá sus exportaciones de armas a Myanmar.

Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la depuesta líder de facto Aung San Suu Kyi, y que fueron calificados de legítimos por los observadores internacionales.

MILES DE DETENIDOS

Las acciones de represión han causado cerca de 80 muertos y han dejado miles de personas detenidas, incluidos periodistas.

Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Myanmar, cerca de 40 periodistas han sido detenidos desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero entre un total de 2.045 arrestados, de los que 1.726 continúan bajo custodia.

La Embajada polaca en Rangún solicitó a las autoridades noticias del fotógrafo Robert Bociaga, que fue detenido y golpeado el jueves en la ciudad de Taunggyi, mientras cubría una protesta y se desconoce su paradero. La cancillería, pidió "una respuesta rápida y un trato humano justo" y su paradero exacto.


EE.UU. OFRECE TPS A CIUDADANOS DE MYANMAR

El gobierno de Estados Unidos anunció que otorgará Estatuto de Protección Temporal (TPS) a los ciudadanos de Myanmar, lo que les permite trabajar y garantiza que los birmanos presentes en Estados Unidos no serán deportados, "debido al golpe de Estado y a la brutalidad de la violencia contra los civiles", dijo el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. El permiso es por 18 meses y el Departamento de Seguridad Interior dijo que cerca de 1.600 birmanos califican para ser acogidos.

Por supuesto golpe de Estado contra Evo Morales

La expresidenta interina de Bolivia fue detenida

Jeanine Áñez está acusada de "sedición y terrorismo".
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Tras un allanamiento en su domicilio, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida y trasladada a una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y luego a la Fiscalía de La Paz para brindar su declaración.

La expresidenta transitoria, acusada de "sedición y terrorismo" fue llevada a la Fiscalía como parte del proceso en su contra y cinco de sus ministros por las investigaciones del supuesto golpe de Estado en 2019 contra Evo Morales.

En el momento del traslado Áñez calificó su detención como un "atropello absoluto" y acusó que se trata de un "amedrentamiento político", y que detrás de todo este proceso está el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente Luis Arce y del expresidente Morales (2006-2019.)

Áñez sostuvo que acudirá a instancias internacionales porque no se respeta su "estatus de expresidenta" y enfatizó que ella siguió una "sucesión constitucional".

En tanto, los exministros interinos de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Álvaro Guzmán, estaban detenidos en la Felcc. El exministro transitorio Coímbra aseguró que es víctima de una "aberración jurídica". Áñez fue trasladada la madrugada de ayer en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana desde la amazónica Beni hasta La Paz bajo un fuerte resguardo policial.

"Por justicia y por verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura", acusó por su parte, el expresidente Evo Morales

Mientras que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, defendió que no se trata de una "persecución política".

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia pidió un juicio "justo, independiente e imparcial" y que se respete el "debido proceso" para las exautoridades interinas.

11 de noviembre Jeanine Áñez llegó al poder, tras 21 días de protestas que acusaban de fraude a Morales.

5 ministros de Áñez están acusados por la Fiscalía, pero sólo dos han sido detenidos hasta ahora.

Están detenidos en una instalación de campaña de la Patrulla Fronteriza

Niños migrantes en Estados Unidos deben enfrentar una prolongada reclusión

El Departamento de Salud demora 37 días en entregarlos a sus familias
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Centenares de niños y adolescentes migrantes están detenidos en condiciones de hacinamiento en una instalación de campaña de la Patrulla Fronteriza, donde algunos duermen en el piso porque las colchonetas son insuficientes, según abogados que supervisan centros de reclusión de migrantes.

Actualmente la Patrulla Fronteriza tiene la cifra histórica de más de 3.000 menores detenidos, según cifras oficiales. Algunos, según los abogados supervisores, han permanecido una semana o más en ese lugar, pese al límite de detención de tres días para el caso de menores. Muchos dijeron que no se les ha permitido llamar por teléfono a sus padres ni a parientes.

A pesar de las preocupaciones por el coronavirus, los menores son mantenidos a una distancia tan estrecha que pueden tocar a quien esté al lado, según los abogados. Mientras que algunos tienen que esperar cinco días o más para bañarse.

El gobierno del presidente Joe Biden negó a los abogados el acceso a la instalación de campaña. Durante el gobierno del expresidente Donald Trump, las visitas de abogados a estaciones de la Patrulla Fronteriza sacaron a la luz problemas serios, como el encierro de docenas de niños en una estación rural sin suministro adecuado de alimentos, agua y jabón.

"Es bastante sorprendente que el gobierno hable de la importancia de la transparencia y luego no permita a los abogados de los menores ver dónde se están quedando", dijo la abogada, Leecia Welch, del Centro Nacional para el Derecho de la Juventud.

Welch dijo que los abogados "no pudimos hacer la corroboración por nosotros mismos, así que sólo reconstruimos lo que contaron".

Centenares de niños son capturados a diario a un ritmo que rebasa por mucho el de su entrega por parte del Departamento de salud y Servicios Humanos, que demora en promedio 37 días en entregar a un menor.