Por Alma Canales Silva alma.canales@diarioelsur.cl

Hace 68 días el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, presentó al equipo que integra la Unidad de Coordinación Macrozona Sur, instancia creada por el Gobierno para atender los episodios de violencia rural que se han registrado desde Biobío al sur, principalmente en la Provincia de Arauco y en la Región de La Araucanía. El equipo está integrado por cuatro personas y una de ellas es Roberto Coloma del Valle, quien fue seremi de Justicia en el primer gobierno de Sebastián Piñera, entre 2011 y 2014.

El abogado, que es coordinador regional, tiene su oficina en el edificio del Gobierno Regional, pero aclara que su trabajo no es de escritorio, pues viaja permanentemente a Arauco: "Se genera semanalmente una agenda de actividades, a pesar de que mi estilo es a veces generar acciones sin previo aviso. Trato de estar tres días a la semana en la provincia de Arauco, pero si surge alguna situación que amerite mi traslado obviamente estoy disponible para hacerlo".

Afirma que se ha reunido con agrupaciones de víctimas de violencia rural y gremios afectados, con los alcaldes y con distintas autoridades de gobierno para buscar soluciones en conjunto.

No le ha tocado vivir episodios de violencia directo o de cercanía con los grupos violentistas, aunque en este mes se han registrado más de una decena de incendios de viviendas y, esta última semana, el ataque a una camioneta en la que se trasladaban funcionarios del cesfam y los disparos a dos viviendas en Tirúa. No obstante, dice que en su recorrido por las distintas unidades policiales de la zona ha visto el poder de fuego que manejan las organizaciones.

-¿Cuáles son los puntos más críticos? Ha habido ciertos cambios en el tiempo.

-La mayor complejidad radica en que lo que estamos enfrentando no es un fenómeno de delincuencia habitual, sino es algo más organizado, peligroso y que tiene que ver con la operación de verdaderas organizaciones criminales que se forman y actúan en torno al tráfico de estupefacientes y las mafias del robo de madera que mueven una cantidad de recursos enorme. Son organizaciones que cuentan con un soporte de armamento muy importante. Son actividades delictuales que se desarrollan en un espacio geográfico que dificulta enormemente la acción de las policías, en un sector rural determinado por bosques, grandes cerros. Las posibilidades de ocultamiento que tienen son muy superiores, lo que complejiza mucho la actividad preventiva o represiva de las policías y eso hace que una de las tareas importantes que tenemos y estamos enfrentando es recuperar las capacidades operativas de Carabineros en la zona y adecuarlas al fenómeno delictivo que tienen que enfrentar.

-¿Qué implica recuperar la capacidad operativa?

-Recuperar material que existe pero no está disponible. Cuando ingresa con un carro blindado de Carabineros a un sector boscoso, con caminos complejos, las posibilidades de que esos vehículos sufran daños mecánicos son altas. Por el poder de fuego que tienen estas bandas delictuales los vehículos sufren fuertes descargas de munición. El material de Carabineros está constantemente sometido a daños importantes que deben ser reparados y eso no es tan simple. Para ser franco, cuando asumimos esta tarea y evaluamos la situación del parque automotriz de Carabineros en la zona la situación era bastante delicada. Una de las tareas importantes que estamos desarrollando es recuperar esas capacidades, levantando al nivel central la necesidad de dotar a Carabineros de más medios y adecuados para desplegarse en las condiciones territoriales que tienen que operar.

-¿Y acá se toman decisiones o es sólo diagnóstico? Da la impresión que las autoridades se juntan con los alcaldes, las víctimas, pero no pasa mucho más que eso.

-Se me invitó a dar un giro en la forma en la que se ha enfrentado el problema de violencia rural. No me puedo hacer cargo de lo que haya ocurrido hacia atrás, pero la voluntad del ministro y del Presidente es que las cosas se hagan de forma diferente. Aunque no puedo entregar mayor información por razones de seguridad, tenga la certeza de que varias de las sugerencias que han surgido desde el nivel regional han sido consideradas para su implementación. Muchas de las medidas que se están evaluando no van a tener un resultado concreto en el corto o mediano plazo, pero al menos vamos a dejar instalada una situación completamente distinta a la que existía a la fecha de cuando esta unidad se instaló.

Gravedad

-¿Cómo llegamos a esta situación? Van aumentando los episodios en número, en agresividad... Da la impresión que los gobiernos han hecho la vista gorda. ¿Se dejaron estar?

-No creo que el gobierno del Presidente Piñera, ni en su primer ni en el segundo gobierno haya hecho eso. Lo que pasa es que el problema de violencia rural es de Estado, no de gobierno. El Presidente siempre ha estado disponible. Pero hay otros actores que también juegan un rol fundamental y que generalmente no son emplazados para ver si han cumplido o no, como el Congreso, que tiene un rol importantísimo que jugar en el sentido de dotar a las instituciones policiales o el Ministerio Público de herramientas legales adecuadas para enfrentar fenómenos delictuales que son muy distintos a 30 años atrás. Hay sectores de izquierda que se han negado de forma permanente a mejorar la legislación que permita a las instituciones poder enfrentar de mejor manera esta realidad.

-Pero independiente de eso, el gobierno tiene pertinencia con las policías a través del Ministerio del Interior, donde se podría fijar como foco prioritario lo que está ocurriendo.

-El gobierno lo ha hecho, pero solo no va a lograr el objetivo de controlar este problema. Se necesita que los distintos actores asuman su rol y el Congreso tiene que aprobar una legislación adecuada para entregar las herramientas. El gobierno ha desplegado una actividad legislativa importante en esta materia. Hace dos semanas la oposición rechazó finalmente un proyecto que modificaba las figuras legales asociadas al robo de madera, que es un fenómeno que cruza toda la actividad delictual que existe en la provincia de Arauco, fundamentalmente.

-¿Es un tema prioritario para el gobierno?

-Por supuesto, así lo demuestra la creación de esta unidad. Pero hay ciertos sectores que se niegan sistemáticamente a legislar sobre herramientas para desarrollar inteligencia adecuada. Mientras no tengamos organismo de inteligencia que actúen de manera adecuada va a ser muy difícil avanzar sustancialmente en estas materias.

-¿Se ha visto acá la vinculación a drogas? Lo del robo de madera ha sido fuerte.

-Por supuesto. Acá tenemos un caso emblemático, el de Emilio Berkhoff, que es el niño símbolo de este tema. Él fue detenido en una causa por tráfico de estupefacientes y por el que se encuentra en prisión preventiva.

-Pero la droga la iban a traer de otro lado. ¿Han visto cultivo acá?

-Los vínculos son muy claros en ese sentido.

Querellantes

La Intendencia ha presentado 6 querellas este año para que se investiguen situaciones de violencia rural. El año pasado fueron 129. Entre estas figuran varias invocando la ley Antiterrorista. Una de las críticas que han recibido las autoridades es que aparte de la acción judicial, las querellas tienen poco o nulo impacto.

-La fiscalía dijo que si sólo hacían presentaciones pero después no hacían más gestiones, eso no servía mucho. ¿Existe un seguimiento de las querellas? ¿Colaboran en estas investigaciones?

-Me hago cargo de esto. Una de las tareas que tiene esta unidad es el fortalecimiento de las unidades penales de la Intendencia para mejorar el tratamiento jurídico de las causas asociadas a violencia rural. Hemos comenzado esta tarea contratando a un abogado especialista en materias penales y vamos a seguir fortaleciendo ese equipo con objeto de dotarlo con cantidad y calidad de profesionales. Pero por mucho interés que despliegue un querellante en una causa penal, quien lleva la batuta es el fiscal. El querellante no tiene ninguna posibilidad de intervenir en la realización de las diligencias de investigación. Las puede solicitar, pero quien conduce la investigación penal es el fiscal. Si bien el Ministerio Público ha demostrado un cierto compromiso con la problemática de la provincia de Arauco, hay un margen para que coloque más recursos, apoye con mayor decisión al fiscal de Cañete y al de dedicación exclusiva con más y mejores medios para que puedan desarrollar sus funciones con mayor eficacia.

-Tienen que ir con fuerzas especiales de carabineros, los testigos a veces no quieren participar por temor...

-La única forma de enfrentar esa problemática es entendiendo que si el gobierno, Ministerio Público, tribunales, clase política y Parlamento trabajamos en forma separada y muchas veces antagónica, no vamos a llegar a ninguna parte. La única manera de que esto tenga una solución de fondo es que todos los actores entiendan que este es un problema de Estado y se hagan las coordinaciones para actuar en consecuencia. En el operativo de Temucuicui quedó demostrado que la falta de coordinación de la Fiscalía con los órganos gubernamentales pasó la cuenta.

-¿En qué sentido?

-En que la fiscalía no puede pretender en la base de su autonomía abordar un problema de esa magnitud sin establecer las debidas coordinaciones con los estamentos gubernamentales. Esa fue una operación que conjugó la fiscalía con un nivel de secretismo extremo, pero frente a la opinión pública aparecemos como los grandes responsables.

-La idea debe haber sido que no se filtrara...

-Uno de los grandes aprendizajes de ese operativo es que la única forma de enfrentar este fenómeno es hacerlo en forma coordinada: Ministerio Público, gobierno, policías, tribunales de justicia. Si cada uno actuamos por separado pensando en nuestros propios intereses particulares, no vamos a avanzar.

-¿Cómo han sido estos dos meses de trabajo?

-Ha sido un proceso de instalación bastante expedito, he contado con la colaboración del Gobierno Regional, el intendente, su equipo de trabajo, los seremis y jefes de servicio, quienes han entendido que para poder enfrentar de mejor manera esta problemática que tenemos instalada en la provincia se necesita un trabajo de equipo y que la misión de esta unidad es que las cosas se hagan con el sentido de urgencia que la situación en Arauco lo amerita.

-¿Cuáles han sido las primeras gestiones?

-El Presidente nos ha pedido desarrollar una labor muy cercana a la comunidad afectada por los hechos de violencia rural en la provincia de Arauco y eso supone un despliegue mío y de las otras autoridades, focalizado en las víctimas de estos hechos, al extremo que esta unidad contempla un encargado regional de víctimas. Hace dos a tres semanas asumió Claudio Parra en este rol. Tiene experiencia importante, ya que trabajó mucho tiempo en Sercotec, en un programa de afectados por violencia rural. Se integró para focalizar su labor en la atención de víctimas, coordinar de mejor manera la capacidad estatal que existe en esta materia, como el centro de atención a víctimas que funciona en Cañete, que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la unidad de atención de víctimas de la Gobernación de Arauco y los distintos programas instalados en Fosis, Serviu, Indap, Conadi y hacer que esos servicios y recursos instalados lleguen a las víctimas con la urgencia que la situación amerita. Ese es uno de los ejes que tiene esta unidad.

-¿Ha visitado alcaldes, se ha juntado con autoridades?

-Nos hemos reunido en varias oportunidades con distintas agrupaciones de víctimas, también con los gremios que desarrollan actividades económicas afectadas por hechos de violencia rural. En varias oportunidades me he reunido con René Muñoz, de la Asociación de Contratistas Forestales, Acoforag, también con Pymemad, que es una agrupación que aglutina a los pequeños empresarios madereros y las empresas forestales. También nos hemos reunido con todos los alcaldes de la provincia de Arauco para ponernos a su disposición y establecer un diálogo permanente que nos permita levantar con rapidez y eficacia la realidad de cada comuna y traducir eso en acciones concretas para mejorar la situación de seguridad en la provincia de Arauco.

La instalación, reuniones y el foco en las víctimas