Por Esteban Vega Garrido esteban.vega@diarioelsur.cl

Sin la presencia del único imputado, ayer se desarrolló la reconstitución de escena de la muerte de Manuel Rebolledo Navarrete (22), quien fue atropellado por un camión de la Armada en medio de las manifestaciones que se desarrollaron en los días posteriores al estallido social, en octubre del año pasado, en Talcahuano.

La diligencia, que ya había sido postergada hace un par de semanas, contó con la participación de peritos de Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI Concepción, quienes tienen a cargo la investigación desde el fatal episodio. La jornada fue encabezada por el fiscal jefe de Talcahuano, Julián Muñoz, al interior de la población Libertad de la comuna puerto.

Los familiares del joven fallecido el 21 de octubre de 2019, en un sitio eriazo a un costado de la avenida Gran Bretaña, siguieron de cerca la reconstitución en medio de manifestaciones para exigir las máximas sanciones para quienes resulten responsables.

El infante de marina imputado en la causa, cuya identidad no puede ser revelada por orden del tribunal, fue formalizado por cuasidelito de homicidio. Actualmente se encuentra con arraigo nacional y firma quincenal.

ACLARAR LOS HECHOS

El fiscal a cargo de la pericia explicó que la finalidad de la reconstitución fue escenificar lo que ocurrió la tarde del 21 de octubre en relación a la muerte del joven y con ello lograr conclusiones respecto a la eventual responsabilidad penal de la persona imputada.

"La dinámica es relevante, pues permite apreciar en terreno y en concreto por la naturaleza de los hechos investigados la forma en cómo éstos se desarrollaron. Una cosa es leer en un papel las declaraciones de testigos y otra es, tratándose de un hecho que ocurre en relación al tráfico de un vehículo, ver cómo esto ocurre en movimiento", señaló.

Respecto a los antecedentes que pudieran surgir de estos peritajes, el persecutor dijo que "no se afirmar ni descartar una reformalización de cargos". Asimismo, indicó que por ahora los antecedentes sólo apuntan a una persona.

"No me puedo referir si eventualmente surgieran otro tipo de responsabilidades, me refiero a personas distintas al imputado que conducía el vehículo el día de los hechos. Eso dependerá de la naturaleza de la información que obtengamos y el análisis jurídico al término de la investigación".

Julian Muñoz aclaró también que la ausencia del imputado en la pericia es un derecho al que se adhirió y que su participación depende de su voluntad. "El imputado, a través de su defensor, manifestó a la fiscalía que deseaba hacer uso de ese derecho y no participar. Ahora, el abogado defensor sí está presente, está participando y tiene derecho a hacer las peticiones que corresponda", añadió.

El comisario Óscar Alvarado, jefe de la BH penquista, aseguró que son distintos los peritajes que se han realizado en este año. "Aún faltan que se plasmen algunas declaraciones de personas que se encuentran acá y además de esta misma reconstitución podrían surgir otras diligencias investigativas".

RECALIFICAR DELITO

Marcelo Villena, abogado de la familia de la víctima, destacó la realización de la reconstitución de escena para establecer la dinámica de los hechos, la conducta del imputado y si éste freno o no el día del fatal accidente. En ese sentido, Villena reiteró que desde que asumió la representación de los familiares de Rebolledo Navarrete dieron otra calificación al delito.

"Nosotros lo que hemos sostenido, a partir de las imágenes que han circulado, es que no estamos frente a un delito culposo o imprudente, sino que lo que existió fue una conducta dolosa, consciente y voluntaria y esperamos que eso sea lo que resuelvan nuestros tribunales", afirmó.

En la misma línea, Manuel Rebolledo, padre del joven fallecido, señaló que a ocho días que se cumpla un año de la muerte de su hijo, esperan que se haga justicia en el caso.

"Esto es una burla, porque una imagen vale más que mil palabras. En las imágenes se ve que tiene la intención de atropellar, cuando tenía una visbilidad de más de 70 metros (…) Vamos a cumplir un año y recién hoy se hizo esta reconstitución de escena. Es una burla para la gente en Chile, cuando hubo cámaras que registraron lo que pasó", dijo.

A pocos días que se cumplan el plazo de la investigación, la Fiscalía indicó que existe la posibilidad de solicitar una nueva extensión de dicho periodo.

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Concepción culminó su segunda sesión del año, en la que aprobó 33 de las 160 solicitudes presentadas por internos de los centros penitenciarios de Concepción, Biobío y Arauco, cifra que equivale al 20.62% del total.

La instancia, que funcionó entre el 5 y 14 octubre mediante la modalidad de videoconferencia, estuvo presidida por el ministro Juan Ángel Muñoz López e integrada por magistradas de distintos tribunales de la zona.

El principal cambio al trabajo de la comisión este semestres es el que produjo, el 17 de septiembre pasado, la entrada en vigencia del reglamento del Decreto Ley N°321 que determina que estos órganos deben detallar fundadamente en sus informes si los postulantes cumplen o no cada uno de los requisitos, debiendo prestar especial consideración a la posible resocialización desglosada en los informes psicosociales, indicó el ministro Muñoz López.

"Esto significa un cambio a lo que históricamente se había observado. Con motivo de la entrada en vigencia del nuevo reglamento de libertades condicionales, ahora la comisión puede dedicarse a examinar con mayor profundidad los antecedentes presentados con Gendarmería en relación a los factores psicosociales de cada postulante", agregó.

El presidente de la comisión indicó que en cada informe "había que detenerse en la capacidad de estos (los postulantes) de visualizar la gravedad del delito cometido; del daño causado; la posibilidad de empatizar con las víctimas", puntualizó.

Por quinto año consecutivo, la Comisión rechazó la petición de beneficio de Carlos Silva Valenzuela, condenado por violación con homicidio de un enor de edad, hecho ocurrido en Coelemu, en 1998.

El órgano, concluyó que no se daban las condiciones para decretar el cumplimiento en libertad de la pena de presidio perpetuo de Silva Valenzuela.

Más de 400 litros de cloro y una cantidad parecida de cloro gel fueron decomisadas por funcionarios de la PDI de Cañete, luego del hallazgo de distintos productos sin resolución sanitaria que eran almacenados en una bodega en la comuna de Cañete.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Cañete, en conjunto con personal de la Seremi de Salud del Biobío, fiscalizaron una fábrica de elementos de limpieza, ubicada en camino a Reposo, comuna de Cañete.

El Subprefecto Claudio Aburto, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Cañete detalló parte de las diligencias que se realizaron al interior de la planta cañetina.

"Mientras realizábamos fiscalizaciones a distintos locales comerciales de la comuna, se logró detectar esta fábrica, que vendía productos de higienización sin contar con la resolución sanitaria respectiva", sostuvo.

Durante la inspección del lugar, se determinó que diversos productos, que allí se fabricaban, no contaban con registro del Instituto de Salud Pública (ISP), por lo que se procedió a la incautación de 409 litros de cloro y 260 litros de cloro gel.

Por este motivo, se indicó, el dueño de la fábrica fue detenido por funcionarios policiales, por infracción al Art. 318 del Código Penal y se decretó la prohibición de funcionamiento por parte de la Seremi de Salud debido al inicio del sumario sanitario respectivo.