Desde hace tiempo que en diversos sondeos el tema de la salud es mal evaluado por la ciudadanía. El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello ha dado a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2020, en la cual los usuarios en general le dan una nota de 3,7 a su sistema. El estudio se realizó en Concepción, Valparaíso y Santiago, entre julio y agosto del presente año, y registró la peor valoración de los últimos años, lo que posiblemente esté influido por la congestión de los servicios en el periodo de pandemia. No obstante, en la Región del Biobío la evaluación llegó a 4,0, en una escala de hasta nota 7, que representaría la máxima satisfacción usuaria.

De acuerdo con los autores de la investigación, estas cifras son alarmantes cuando se las contrasta con el aumento del presupuesto sectorial, que ha subido casi un 9% anual en el sector público, y en el sistema privado, donde el aumento de precios de los planes ha sido de 4,5%. En consecuencia, hay un descontento de los usuarios respecto de ambos sistemas. Un 67% de los afiliados a Fonasa dicen sentirse desprotegido, mientras el 28% de los usuarios de las Isapres también tienen esa percepción. Algunos de los aspectos peor evaluados fueron el tiempo que tuvo que esperar para recibir una atención médica, el tiempo que le dio el médico en la atención, el monto que tuvo que cancelar, y la forma de solicitar horas por teléfono. Hay una crítica casi generalizada en cuanto a que los sistemas de salud son demorosos o poco oportunos en el acceso a las prestaciones, las urgencias y las hospitalizaciones. A ello se suma el temor de los afiliados por la forma cómo podrían enfrentar una enfermedad grave no considerada en el Auge.

El estudio arrojó además datos importantes en materias como la reforma al sistema de Isapres, porque un 81% de los encuestados piensa que el Gobierno debería modificar no sólo las Isapres, sino que también el Fonasa, porque en ambos hay que resolver los problemas que enfrentan.

Es cierto que la inversión en el sector salud se ha incrementado fuerte en las últimas décadas, pero la percepción que tiene la gente es que los problemas no se resuelven, porque no basta con dictar leyes que extiendan la asistencialidad si no están creadas las condiciones para atenderlas. En el Auge, las listas de espera son largas y en algunos casos los pacientes prefieren ir por una atención particular e inmediata, que esperar meses y hasta años que corra la lista, con riesgo para su salud. En algunas zonas, por ejemplo, la falta de médicos especialistas y la presión por cumplir con los plazos de atención de patologías Auge son factores que hacen que el sistema de salud hospitalario sea crítico en muchos establecimientos. Da la impresión de que la salud no sólo necesita de recursos, sino también deben resolverse problemas de gestión, falta de camas y de médicos, situación que, con algunos matices, hace crisis en cada ciudad.

El descontento con los sistemas de salud es preocupante si se contrasta con el aumento del presupuesto sectorial, lo que significa que la sensación de desprotección es grande, y que a juicio de algunos expertos se trabaja con modelos de atención equivocados que no resuelven las necesidades de las personas y, por otro lado, estimulan el gasto. De ahí que se requiere una gran transformación de la lógica con la cual actúan el sistema público y el privado.

Hace más de una década se habla en el país de la necesidad de cambiar los modelos de atención, para adecuarlos más al perfil epidemiológico y demográfico de la población, considerando que nuestra sociedad ha envejecido y se han extendido las expectativas de vida. Según las encuestas, cada vez más los ciudadanos indican que deben destinar una mayor parte de su presupuesto a gastos en salud y en medicamentos, en especial para los adultos mayores. En consecuencia, hay que abordar los sistemas de salud en forma integral, al igual que las propuestas de reformas para ajustarlos a las necesidades reales.

El estudio se realizó en Concepción, Valparaíso y Santiago, entre julio y agosto del presente año, y registró la peor valoración de los últimos años, lo que posiblemente esté influido por la congestión de los servicios en el periodo de pandemia. En la Región del Biobío, la evaluación llegó a nota 4,0.

Uno de los temas que ha estado en el debate sobre la necesidad de cambiar o no la Constitución Política de Chile ha sido la efectividad que pueda tener una nueva Constitución para garantizar derechos sociales, que las manifestaciones populares desde octubre del 2019 hicieron patentes.

De hecho, existen algunos comentaristas que parecen sugerir que la necesidad de cambiar la carta magna debería estar determinada por si esto efectivamente va a poder resolver determinadas demandas sociales o no. Por supuesto, como profesional de la Economía, entiendo que la solución efectiva de las carencias sociales se logra con la aplicación de estrategias inteligentes, programas y políticas adecuadas, inversión de recursos, etc., en forma consistente durante un período de tiempo prolongado.

Pretender que la dictación de un cuerpo legal tiene como propósito lograr cambios en forma directa en las condiciones sociales es desvirtuar el propósito de la discusión constitucional, y no entender la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento de la sociedad.

La Constitución, en mi opinión, es un arreglo que define la forma como vamos a convivir en sociedad. Define derechos y deberes para todos los ciudadanos y también para el Estado. También tiene una mirada valórica sobre la sociedad que queremos, que se definen a través de sus principios. Finalmente, también define como se genera el poder en la sociedad y las atribuciones que tienen los que ejercen este poder. Es decir, es un acuerdo social que norma aspectos centrales de la vida en sociedad.

El llamado "estallido social" indicó que existen amplios sectores de la población que están insatisfechos con la forma como la sociedad da respuesta a muchos de sus problemas. Al mismo tiempo dejó en evidencia las grandes inequidades, en diversos ámbitos, que existen en nuestra sociedad. También estableció que algunas de estos resultados son producto de las definiciones que existen en la actual Constitución, que es considerada como ilegítima por amplios sectores de la población.

Para dar un ejemplo de esto último, el caso de los derechos de aprovechamiento del agua, donde se produce un conflicto entre los intereses privados y el interés público y que se encuentran regulados por la actual Constitución.

Identificar los temas que requieren revisión y buscar una solución que acomode a los distintos intereses es la función que debe cumplir el proceso constituyente. Es establecer un marco normativo que represente de mejor forma la visión que los ciudadanos tienen de la sociedad que quieren.

Por supuesto que determinados derechos sean consagrados en la Constitución no significa que las carencias sociales se van a resolver inmediatamente. Los ejemplos donde determinados derechos que se reconocen en la Constitución no se cumplen son innumerables. Baste pensar sobre el "derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación", recogido en la actual Constitución desde 1980, y la dramática situación ambiental que viven diariamente los ciudadanos que viven en la localidad de Ventanas en la comuna de Puchuncaví.

Pero, una Constitución consensuada y aprobada por la ciudadanía entrega un marco legal legitimado, que debe contribuir a generar un ordenamiento de las relaciones con mayor armonía y paz social.

"Identificar los temas que requieren revisión y buscar una solución que acomode a los distintos intereses es la función que debe cumplir el proceso constituyente".

Votantes

Hay quienes defienden la realización del plebiscito constitucional señalando que es uno de los derechos esenciales de la democracia consultar a la gente y que ésta vaya a votar. Suena bonito, pero es una verdad a medias, como muchas de las cosas que se dicen hoy, que circulan en las redes sociales y que la gente repite al pie de la letra. No sólo se trata de votar, sino que es condición, más importante aún, votar informado. Y ahí está el problema con este plebiscito. Si muchas personas dicen que todavía no saben qué significan las alternativas Apruebo o Rechazo, menos entienden la consulta que irá en la segunda papeleta, sobre qué órgano debiera redactar la nueva Constitución, una convención mixta o una convención constitucional. Si a eso se agrega que hay grupos que dicen que generarán el caos en el hipotético caso de que triunfe el Rechazo, se puede concluir que esta consulta pasará a la historia por la forma desinformada como acudirán los votantes.

Emilio Espinoza Z.

Vacuna

Cedo gentilmente, y en orden jerárquico, mi puesto de vacuna covid-19 al Presidente, a los honorables, etc. En esta fila, yo prefiero el último puesto.

Eduardo Cresta Hill

Estrategias

Hagamos un símil entre la batalla del Atlántico y la batalla de Arauco: las plantaciones forestales son como el Océano Atlántico. La maquinaria forestales son como los buques mercantes que abastecían al Reino Unido; los terroristas incendiarios son como los submarinos alemanes. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial los submarinos (terroristas) hundían cientos de buques (incendiaban cientos de camiones). A mediados de la guerra, se formaron convoyes de buques (agrupaciones de camiones) escoltados con buques de guerra (escolta policial) y los hundimientos se redujeron, pero no finalizaron. Al final de la guerra, con tecnología (radar, aviones, sonar), inteligencia y buena conducción se formaron grupos caza submarinos (hunter killer) y se neutralizó la amenaza y ganó la guerra. Si el gobierno no quiere aplicar una solución política y opta por una solución militar, no hay que desgastarse en escoltar camiones y hay que ir a cazar a los terroristas con inteligencia, helicópteros con sensores térmicos y fuerzas especiales. Tenemos todo, lo único malo es que no contamos con un Winston Churchil para que conduzca.

Onofre Torres

Noruega del sur

Después de numerosos ensayos de modelos políticos y económicos a lo largo de nuestra historia, muchos de ellos fracasados, el 25 de octubre tenemos la única posibilidad de sentar las bases de un nuevo Chile. Con tanta riqueza natural, tanto vínculo con el exterior, tanta capacidad profesional, es la hora que los líderes económicos y políticos dejen de lado sus mezquindades y firmen un compromiso de país moderno y descentralizado y actúen siguiendo otros ejemplos de desarrollo integral. Un ejemplo, Noruega. Con 6 millones de habitantes después de la Segunda Guerra Mundial quedó en precarias condiciones. Supo organizarse internamente, fijar sus estrategias y trabajar socialmente como un todo orgánico. De características naturales similares a nuestro país, hoy es un Estado de bienestar, con altas tasas de desarrollo, manteniendo una elevada participación del sector público en el control de sus áreas estratégicas. Su ingreso per cápita es de 80.000 dólares. Nosotros 20.000 y mal distribuidos. ¿Podríamos al menos revisar su organización política, social y económica para llegar a situarnos como una Noruega del sur? En una de esas, nuestras nuevas generaciones logran vivir en un país más feliz.

Gaspar Millas del Río

Cuarentena

Muchos hablamos de la cuarentena, debido a la contingencia que estamos viviendo. Sin embargo, no conocemos su origen y por qué se llama cuarentena, si en la práctica son 14 días. Se considera formalmente su origen, en Italia, siglo XIV, como medida de control de la peste negra que azotaba a Europa y que obligaba a los barcos y personas provenientes de Asia, a esperar cuarenta días para poder ingresar a las ciudades. La duración de la cuarentena se define según el periodo de incubación de la enfermedad. Actualmente es de doce días, pero se le agrega dos más, como de medida de seguridad.

Jorge Valenzuela Araya

Tiananmén

Como expresó ayer en El Sur el columnista Patricio Schwaner, ¡No estamos en Tiananmén! Atiendo a esta reflexión, porque aunque debiéramos cuidarnos entre todos, aun existen personas que están dispuestas a exponer hasta a sus propios hijos con tal de que sus ideas "triunfen". ¡No estamos en Tiananmén! Llegó la hora de aceptar que algunas "batallas" también requieren seriedad y actitud cívica, sobre todo si tanto se habla de empatía.

Evaristo Moya Lutz

Aniversario

Entre octubre de 2019 y marzo de 2020 hubo más de mil saqueos. Ad portas del primer aniversario del estallido social urge tomar medidas preventivas para la seguridad de las personas, de los barrios, instituciones críticas y lugares más recurrentes. Si bien el estallido del 18 de octubre de 2019 estuvo marcado por marchas y manifestaciones pacíficas y multitudinarias, también conllevó una ola de saqueos y desmanes en las calles de diferentes ciudades que dejaron graves daños a la infraestructura pública y privada. Según cifras de Carabineros, entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se contabilizaron más de cinco mil situaciones de desorden público, más de cuatro mil manifestaciones, más de mil saqueos y más de cuatrocientos cortes de rutas. Y las regiones Metropolitana (393), Valparaíso (117), Concepción (73), Antofagasta (72) y Copiapó (52) fueron las que concentraron más saqueos. Cabe preguntarse si se están implementando las acciones necesarias, considerando la tecnología existente hoy en el país para la prevención y monitoreo en tiempo real de situaciones que pongan en riesgo la seguridad pública.

samuel ramírez

Mesías

Pablo Longueira dijo que le gustaría ver que "los que asesinaron a Jaime Guzmán obtengan su libertad". ¿Creerá que él es el Mesías?

Juan Hormazábal F.

La Municipalidad de Concepción "recogió el guante" respecto de la alerta dada por El Sur, para demoler la enorme chimenea que pertenece al horno crematorio de basuras y que ahora quedó dentro del patio de la Escuela 59 del Cerro La Pólvora. El municipio dio a conocer que se está coordinando con los vecinos la forma cómo se desinstalará esa estructura de hormigón, que se encuentra dañada en varios tramos y que representa un peligro para el alumnado. Se utilizará el mismo sistema que se usó para derribar la chimenea de la antigua Fábrica de Paños Concepción, en Salas con Las Heras.

La recta del kilómetro 52,8 de la Ruta de la Madera, a 400 metros de la plaza de pesaje ubicada en el sector Vegas de Curalí, es la prioridad que fijó el municipio de Santa Juana para que se construya allí una bahía de detención que permita realizar controles a los camiones que transitan por la carretera con pesadas cargas. Se estima que el 40% de ellos evade el control de peso, sin embargo, no existen las condiciones para fiscalizar que esto se cumpla.

La prioridad se definió en una reunión que sostuvo la asesora técnica de la inspección fiscal de la Ruta de la Madera, junto al alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, y un representante de Carabineros. Además de este tramo, hay otros tres que deben ser considerados para habilitar zonas de detención que permitan aumentar los controles carreteros.