Por Efe

El Gobierno de Venezuela rechazó el "pliego de condicionamientos" que, aseguró, puso la Unión Europea (UE) para observar los próximos comicios parlamentarios del país, al tiempo que ratificó que estos se celebrarán el 6 de diciembre, fecha que el bloque europeo pidió retrasar.

"Ante la invitación que le hiciera formalmente el Poder Electoral para incorporarse al proceso de observación, es lamentable que la Unión Europea responda con un pliego de condicionamientos con la pretensión de desconocer incluso taxativos mandatos constitucionales", dijo el Gobierno de Venezuela a través de un comunicado de su Cancillería.

Este hecho -siguió Venezuela- refleja "la posición sesgada" de la UE sobre las condiciones del llamado a las urnas y es "un acto inadmisible, que no se corresponde con el espíritu de la invitación realizada".

La UE reiteró, desde el momento en que recibió la invitación del Gobierno de Nicolás Maduro, que es imposible organizar una misión de observación electoral para cualquier país, que debe contar con la participación de cerca de 200 personas, con tan poco tiempo de margen, por lo que se requiere un aviso con, al menos, cinco o seis meses de anticipación.

Sin embargo, el Ejecutivo venezolano, que invitó formalmente a la observación con tres meses de margen, obvió esta condición desde el primer momento e hizo caso omiso a las condiciones generales que la UE establece para coordinar una misión.

El texto de Venezuela es una respuesta a la petición del bloque europeo de retrasar seis meses las elecciones, que en las actuales condiciones no reconocerá, y tras la visita de una misión al país sudamericano.

La misión fue enviada a Venezuela el 24 de septiembre por el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, y la encabezaron el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño.

El pasado martes, los europeos volvieron a Bruselas, tras reunirse en Caracas con grupos de la oposición y la sociedad civil y con representantes del Gobierno de Maduro. "El fin era convencer a las autoridades de que se pospongan las elecciones seis meses, no por retrasarlas, sino para dar tiempo a que el Gobierno y la oposición negocien sobre las condiciones", dijo un alto funcionario de la UE.

POLÉMICAS ELECCIONES

Las parlamentarias del 6 de diciembre han generado polémica en Venezuela por la presunta falta de condiciones que denuncia la oposición, que tacha el evento como un "farsa" y ha dicho que no se presentará. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, ha pedido a los opositores boicotear las elecciones, un llamado que respondieron -según dijo- al menos 40 organizaciones.

Esta posición de Guaidó causó roces entre los líderes opositores, después de que el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles indicó que participar en las elecciones ayudaría a ejercer presión contra Nicolás Maduro. Pero Capriles rechazó el miércoles participar en estas elecciones a menos que sean retrasadas, advirtiendo que "no hay condiciones en estos momentos" para acudir a las urnas.

"Esta elección tiene que ser postergada, nosotros pedimos que sea postergada, exigimos que sea postergada (...) por la pandemia, por la situación del país y para que la elección le sirva a Venezuela", dijo.

ESCASEZ DE COMBUSTIBLE

Mientras JuanGuaidó esta semana siguió nombrando representantes suyos en los países que lo reconocen como gobernante de Venezuela, la crisis del coronavirus, las protestas en las calles y el desplome de la economía tras revelarse la caída casi total en los ingresos por petróleo en el último lustro.

El Gobierno de Venezuela anunció de hecho ayer que retomará a partir del lunes el sistema de venta de gasolina por número de placa de vehículo, una decisión que se adopta en medio de la grave escasez del sector..

Venezuela cuenta, según datos oficiales, con 1.568 estaciones de servicio de combustible, pero cientos de ellas permanecen cerradas a causa de la escasez.

A pesar de que existen reportes de las llegadas recientes de dos tanqueros iraníes cargados con gasolina al país, ni el Gobierno venezolano ni la estatal Petróleos han informado sobre el ingreso de la carga al país, pese a la desesperación de los ciudadanos que esperan hasta seis días en la fila para cargar.

La Comisión Europea (CE), órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por no haber retirado antes de fines de septiembre el proyecto de ley que viola el acuerdo sobre la retirada británica de la UE.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, precisó que Bruselas envió a Londres una carta de emplazamiento, el primer paso en el procedimiento de infracción comunitario, a la que el Reino Unido debe responder en el plazo de un mes con sus observaciones. Si la respuesta o las medidas del Gobierno de Boris Johnson no satisfacen al Ejecutivo comunitario, se pasaría a la segunda fase del proceso con el envío de un dictamen, y si el incumplimiento persiste, el caso puede terminar, en última instancia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"El plazo (para retirar el proyecto legislativo) venció ayer (miércoles). Las partes problemáticas no se han eliminado", explicó Von der Leyen.

"La Comisión seguirá trabajando duro en una implementación completa y a tiempo del acuerdo de retirada. Mantenemos nuestros compromisos", subrayó.

Una fuente oficial del Gobierno británico, citada por Efe, comentó sobre la decisión de la CE: "Responderemos a la carta a su debido tiempo. Ya hemos detallado claramente cuáles son nuestras razones para introducir las medidas relacionadas con el protocolo de Irlanda del Norte".

Lo anterior, en alusión a que el proyecto de ley de Mercado Interno del Gobierno británico modificaría aspectos del acuerdo de retirada relativos a la frontera irlandesa. En concreto, cambiaría algunas normas sobre la circulación de bienes entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña, diseñadas para poder mantener abierta la aduana entre ambas Irlandas cuando el territorio británico haya quedado fuera de la unión aduanera europea.

Londres se ha negado a retirar el proyecto, pese a las críticas y a que reconoció que viola la legislación internacional.

Bruselas le había exigido retirar los apartados contrarios al acuerdo de retirada antes de fines de septiembre.

El líder opositor ruso Alexéi Navalni acusa al presidente ruso, Vladímir Putin, de ser el responsable de su envenenamiento el mes pasado con un agente nervioso del grupo Novichok , y dice que volverá a Rusia.

"Sostengo que detrás de los hechos está Putin y no tengo otras versiones de lo ocurrido", dijo en una entrevista que publicó el semanario alemán "Der Spiegel", y enfatizó en que "el dato más importante es Novichok". Según Navalni, "sólo tres personas" pueden haber dado la orden de utilizarlo: el jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), el del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) y también el del servicio de inteligencia militar de Rusia (GRU).

"El que conoce la realidad rusa sabe también que "una decisión así no se puede tomar sin la orden de Putin, porque le están subordinados", indicó. "Si no fue él, todo sería aún más grave. Un vaso de Novichok es suficiente para envenenar a todos los pasajeros de una estación de metro grande de Berlín. Si el acceso a este agente de guerra no está en la mano de tres personas, sino de treinta, sería una amenaza global. Eso sería horrible", argumentó el activista.

"La cúpula rusa ha desarrollado una tendencia a los envenenamientos que no abandonará tan pronto", aseguró.

El Kremlin reaccionó a la entrevista y consideró "insultantes" las acusaciones. "Algunas de las afirmaciones en dicha publicación las consideramos insultantes, absolutamente insultantes e inaceptables", comentó en su rueda de prensa diaria el portavoz presidencial, Dmitri Peskov. "Este es un método conocido que utilizan aquellos que quieren ponerse al mismo nivel que los jefes de Estado, aspirar a alguna clase de participación en la lucha política", replicó Peskov. "los auténticos rivales del presidente en la lucha política son claramente otras personas y otras fuerzas", agregó.