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Uno de los funcionarios policiales debió ser intervenido por una fractura

Gobierno reitera condena frente a ataque y comunidad mapuche niega emboscada a Carabineros

Carolina Painemil, vocera de la comunidad Antonio Leviqueo, relató su versión de lo ocurrido el martes en Contulmo. Insistió en que no usan armas de fuego y que siempre optan por el diálogo.
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Por Esteban Vega Garrido esteban.vega@diarioelsur.cl

Los integrantes de la comunidad indígena Antonio Leviqueo negaron un presunto ataque armado en contra de funcionarios del OS9 de Carabineros en el contexto de un operativo policial que se desarrolló la tarde del martes en el sector de Calebu, en la comuna de Contulmo. El gobierno, por su parte, calificó el hecho como una emboscada.

Cuatro efectivos policiales con lesiones y dos camionetas incendiadas fue el resultado de un incidente que se registró pasadas las 14 horas del 29 de septiembre en la zona sur de la Provincia de Arauco. Autoridades reportaron el episodio como una emboscada en contra de los funcionarios de civil, quienes habrían estado en el lugar en el marco de una investigación por el delito de hurto de madera en la zona.

Uno de los carabineros heridos fue trasladado hasta el Hospital Naval de Talcahuano, donde fue intervenido por una fractura en su mano. El herido fue visitado por el intendente, Sergio Giacaman, y el jefe de zona, general, Luis Humeres, la mañana de ayer. Los dos condenaron nuevamente los presuntos actos en contra de los funcionarios.

En la otra vereda, Carolina Painemal, werkén, vocera de la comunidad involucrada, afirmó que la comunidad está abierta al diálogo, que la relación con Carabineros ha sido buena durante años y que la reacción sólo respondió ante la presencia de desconocidos, vestidos de civil, al interior de los predios que se encuentran en proceso de recuperación.

"NO FUE EMBOSCADA"

Pasadas las 14.30 horas del martes, los integrantes de la comunidad Antonio Leviqueo de Contulmo fueron alertados, a través de un grupo de Whatsapp, sobre la presencia de un grupo de desconocidos en un predio aledaño.

"Tres lamuenes (hermanos) de nuestra comunidad fueron a pescar a un río acá cerca, cuando se percataron que habían dos camionetas. Nuestros lamuenes se acercaron y le preguntaron a las personas que estaban ahí que quiénes eran, porque estaban en un recinto privado. Los caminos no son públicos, sino que vecinales".

Painemal indicó que ninguno de los desconocidos, en ese momento, se quiso identificar. Usaban ropa de civil y chalecos de trabajo color naranjo con líneas reflectantes, agregó. "Ellos preguntaron si les podían dar leña y como la respuesta fue negativa, otros dos se bajaron y apuntaron con un arma. Ahí gritaron que era un asalto".

La vocera dijo que los funcionarios habrían intimidado a los tres integrantes de la comunidad. Dos fueron golpeados y uno alcanzó a huir, contó. Éste último alertó al resto de los vecinos.

"Subimos en grupo hasta el cerro, porque no sabíamos que estaba pasando (…) Después de mucho pedir y conversar de forma muy fuerte, un grupo de nosotros logró ver que en las camionetas habían armas, municiones y chalecos antibalas. Incluso yo logré quitarle un chaleco a uno de ellos y me dijo que por favor se lo devolviera o se lo descontarían de su sueldo. Ahí supimos que eran carabineros", detalló.

La presidenta desechó agresiones con armas o el uso de éstas al interior de la comunidad. "Al ver que las barreras de acceso estaban abajo, los carabineros abandonaron las camionetas cerca de una barricada que se levantó ante la alarma. Lo que se sintió después eran las municiones de las camionetas", aseguró.

Carolina Painemal desechó las versiones del Gobierno y dijo que nunca hubo una emboscada. "Una emboscada requiere de preparación y eso no existe. Lo que pasa acá es que hay una recuperación de territorio y ellos están cuidando a las forestales (…) si nosotros hubiésemos usado armas o hubiésemos pegado, la historia sería otra quizás", enfatizó.

CONDENA

Tras la visita al funcionario policial herido, el intendente Giacaman insistió en condenar la violencia. "Acá no cabe ninguna duda el nivel de violencia que vimos es algo que nos ha ocurrido otras veces y claramente es un reacción inadecuada, una sobrerreacción, porque Carabineros estaba en un procedimiento policial coordinado con el Ministerio Público y estaban en sus funciones", indicó.

Asimismo, el general Humeres insistió en que numéricamente hubo desproporción. No obstante, señaló que lo que se deba investigar, se hará. "Nosotros prevenimos para investigar, nosotros estamos en una situación de robo y hurto de madera y relación con otros delitos conexos, pero todas las aristas deben ser investigadas. Acá no debe haber nada oculto. Pero los hechos acá es que cuatro de los siete carabineros resultaron lesionados".

El gobierno presentó una querella en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio frustrado. Esta es la acción legal número 95 por hechos de violencia en Arauco y Biobío.

Subsecretaria de la Prevención del Delito se reunió con alcaldes del territorio en Cañete

Comprometen medidas de seguridad pública para la Provincia de Arauco

Katherine Martorell arribó a la zona junto al director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Ricardo Yáñez. Jefes comunales plantearon preocupación por el tráfico de drogas.
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La situación del microtráfico de drogas, el estado de los cuarteles policiales y proyectos de seguridad pública para la Provincia de Arauco fueron algunos de los temas abordados por la subsecretaria de la prevención del delito, Katherine Martorell, durante un encuentro con los alcaldes de la Asociación de Municipios Arauco 7 en la comuna de Cañete.

Los jefes comunales plantearon, en general, que hay problemas de delincuencia centrados en el robo de madera, de animales y en el tráfico de drogas, que ha recrudecido en varias comunas de la Provincia. Incluso algunos plantearon que debe haber un fondo especial para la Provincia de Arauco, y que es fundamental que haya más recursos para Carabineros y, sobre todo, más efectivos.

Katherine Martorell fue acompañada por el director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Ricardo Yáñez, y autoridades regionales.

COMPROMISOS

La Subsecretaria se comprometió a revisar el estado de los cuarteles de Carabineros y la PDI, para analizar cuáles son sus falencias y levantar en el nivel central la posibilidad de reparar o construir algunos, cuestión que, aclaró, no depende de ella, excepto por la opción de hacer presente estas carencias en el nivel central.

Sobre el tráfico de drogas, la PDI indicó que en la zona hay programa MT-0, destinado a desbaratar focos de microtráfico. En esa línea, la Subsecretaria advirtió que la Fiscalía local debe estar trabajando coordinadamente con los alcaldes para que las investigaciones avancen. "Es clave que el Ministerio Público esté en la mesa, porque es el organismo que lidera la investigación".

El general Yáñez, en tanto, reconoció que la denuncia en algunas zonas es compleja, pues la gente tiene temor pues continúa viviendo con personas que siguen relacionadas con aquellos que han denunciado. En esa línea, dijo que la institución seguirá trabajando porque la región y en particular la provincia es una prioridad para Carabineros.

La subsecretaria también informó a los alcaldes que por instrucciones del Ministro del Interior tanto el jefe de gabinete como los subsecretarios de la cartera visitaran periódicamente la Provincia para ver cómo avanzan los compromisos y las distintas coordinaciones.

Sobre los hechos de violencia ocurrido en Contulmo, Martorell dijo que "la investigación tiene por objetivo determinar la verdad y por lo tanto, decir que alguien se apresuró al dar la declaración me parece que es apresurar, porque quien dice que hay pruebas falsas habrá pasado por un proceso investigativo para demostrarlo. El llamado es a respetar la institucionalidad", dijo.

Martorell dijo que, por orden de Interior, los

subsecretarios visitarán de forma periódica la

Provincia de Arauco.

Dedo de usuario fue amputado por mal diagnóstico

Corte Suprema condena a servicio de salud por procedimiento errado

El máximo tribunal del país ordenó a la institución a pagar $10 millones al afectado.
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La Corte Suprema condenó al Servicio de Salud de Arauco a pagar una indemnización de $10 millones por el errado diagnóstico de una lesión que derivó en la amputación del dedo índice de la mano derecha del demandante.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo estableció la responsabilidad de la entidad pública por falta de servicio en que incurrió el personal del Hospital San Vicente de Arauco, al no realizar los exámenes que habrían permitido detectar la presencia de una esquirla metálica en la extremidad.

"Que, en el caso concreto, la falta de servicio que la demandante imputa al Servicio de Salud de Arauco radica en que, el errado diagnóstico generado por la no realización de un examen específico en el Hospital de Arauco, derivó en la amputación del dedo índice de su mano derecha", plantea el fallo.

La resolución agrega la actuación del personal que depende del servicio de salud fue negligente y deficiente. : "El erróneo diagnóstico inicial y su corrección inmediata una vez que el actor decidió asistir a un establecimiento asistencial diverso, nosocomio donde sin dilación se practicó la radiografía necesaria para la detección del cuerpo metálico alojado en su extremidad, permite afirmar que el servicio médico que le fue brindado a don Salvador Bastidas Monsálvez por el Hospital de Arauco fue imperfecto e insuficiente".