Las ciudades críticas para la morosidad
El Informe de Deuda Morosa que en forma periódica elabora la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, con la base de los datos de Equifax y Mapcity, ha revelado que en el segundo trimestre del presente año el 35,4% de los habitantes mayores de 18 años de la Región del Biobío mantienen deudas morosas, lo que representa una leve recuperación, si se considera que en el primer trimestre el porcentaje de personas con cuentas impagas era de 37,8%. Los autores del estudio consideran que ese descenso ocasional se debe especialmente en las medidas de apoyo que ha otorgado el Gobierno, para enfrentar especialmente el desempleo que se agudizó como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
Un total de 444.291 personas mayores de edad de nuestra región tiene compromisos impagos, con una mora promedio de $1.614.964. No obstante, ha llamado la atención las altas tasas de incumplimiento de compromisos observadas en Lota (52%), Penco (44%) y Talcahuano (41%). El nivel de morosidad en esas comunas más afectadas se debe a las tasas de desempleo que tradicionalmente se han mantenido altas en estas zonas, como es el caso de Lota. Por el contrario, comunas como Alto Biobío y Tirúa, presentan los menores porcentajes de población morosa, con un 14% y 21% respectivamente, realidad que se explicaría por un menor acceso al endeudamiento, debido a su ubicación distante de los principales centros poblados. La mayor parte de la morosidad regional corresponde a deudores de multitiendas y supermercados (retail), en tanto los porcentajes son menores con la banca y financieras.
En el país, casi cinco millones de personas se encuentra con compromisos vencidos, pero los académicos de la USS, que desde hace siete años realizan periódicamente este estudio, estiman que el próximo informe trimestral debiese recoger el efecto del retiro del 10% de las AFP, que permitió a muchas personas regularizar su situación de morosidad. Sin embargo, cuando esos beneficios terminen y los trabajadores vean que la recuperación económica y creación de empleos perdidos será lenta, es probable que nuevamente se vean los mayores efectos de la morosidad.
En las últimas décadas, la sociedad se ha vuelto muy permeable al consumo, estimulada por las facilidades que ofrecen los sistemas de endeudamiento, como tarjetas de créditos bancarias y comerciales, así como el expedito acceso a los préstamos y avances en dinero. Es frecuente que a los jóvenes universitarios se les ofrezcan productos bancarios, lo que constituye un riesgo si se considera que aún se encuentran estudiando, no generan ingresos y dependen económicamente de sus familias, por lo que ingresarán al mercado laboral con compromisos financieros ya contraídos.
Por otra parte, está el endeudamiento de personas de la tercera edad, que muestra más tendencia a caer en el incumplimiento de pagos, la gran mayoría de los cuales no corresponde a la existencia de créditos hipotecarios, automotores o de consumo sino al recurrente avance en dinero que obtienen en tiendas comerciales y supermercados, que se utilizan para la adquisición de medicamentos, alimentos y calefacción, pero que tiene altas tasas de interés.
No puede desconocerse tampoco que el endeudamiento no responsable, por sobre la capacidad de pago de las familias, ha llevado a un persistente aumento de la morosidad, que se acentúa en los períodos en que se deteriora la economía y el mercado del trabajo se restringe. Así, las personas que pierden sus empleos estables, como ha ocurrido en esta pandemia, deben buscar otros más precarios, que en ocasiones sirven para sobrevivir pero no para asumir los compromisos que representa un endeudamiento. De ahí que será necesario que superada la pandemia, las industrias puedan empezar a funcionar y a reactivar la economía, lo que permitirá la creación de nuevos empleos y reposición de aquellos que fueron congelados durante esta crisis sanitaria.
Un total de 444.291 personas mayores de edad de nuestra región tiene compromisos impagos, con una mora promedio de $1.614.964. No obstante, ha llamado la atención las altas tasas de incumplimiento de compromisos observadas en Lota (52%), Penco (44%) y Talcahuano (41%).