Cuatro camiones quemados y una cabaña destruida fue el resultado de dos ataques incendiarios que se registraron durante la tercera jornada consecutiva de violencia en la zona sur de la Provincia de Arauco.

Ambos episodios ocurren un día después de la muerte de Moisés Orellana Pavez, de 21 años, luego de que desconocidos le dispararan la madrugada del martes en Cañete. Los responsables del crimen, se indicó, tendrían relación con un atentado incendiario que, minutos antes, afectó a tres cabañas del sector Lloncao.

Tras esta seguidilla de hechos, el gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, atribuyó a bandas organizadas la comisión de estos ilícitos. Desde el Gobierno, en tanto, indicaron que se evaluará la presentación de querellas. Desde marzo de 2018 a la fecha se han ingresado 163 acciones por este tipo de actos, precisó el intendente, Sergio Giacaman.

El mayor Patricio Gómez, jefe de la Tercera Comisaría Cañete, informó que el primer episodio se registró cerca de la medianoche, en el sector de Paillahue, comuna de Contulmo. El segundo reporte, agregó la autoridad, vino desde Butamalal, donde desconocidos intimidaron a los conductores de cuatro camiones, que luego fueron incendiados.

"En ambos casos, por instrucción del fiscal a cargo, se dispuso la concurrencia del personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para la investigación correspondiente.

En Contulmo, se encontró un rayado alusivo a los presos mapuches en huelga de hambre.

"BANDAS ORGANIZADAS"

Tras la seguidilla de episodios de violencia durante la última semana, el gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, atribuyó estas acciones a bandas que se encuentran presentes en el territorio.

"Acá lo que vemos es que hay bandas organizadas, bandas criminales que buscan perpetrar el temor en la población y entre quienes trabajan de forma honrada. Por ello vamos a condenar los episodios", señaló.

La autoridad recordó que el sector de Paillahue ya había sido afectado esta semana por un ataque de similares características.

"Esta semana ya tuvimos hechos lamentables con la muerte de una persona y vamos a usar todas las herramientas que nos entrega la ley para dar con los responsables de los vejámenes que hemos visto durante los últimos días", afirmó.

RECHAZO A LA VIOLENCIA

En medio de un nuevo reporte sanitario, el intendente, Sergio Giacaman, condenó estos nuevos ataques incendiarios. "Quiero hacer un llamado a terminar con estos hechos y nosotros tenemos que fortalecer nuestras capacidades y esfuerzos, para quienes realizan estos hechos sean sancionados", indicó.

La máxima autoridad regional defendió el rol de las querellas ingresadas por este tipo de delitos. Desde marzo de 2018 a la fecha se han presentado 163 acciones de este tipo, de las cuales 28 están terminadas.

"Varias de ellas permitieron generar medidas cautelares para personas que hoy se autodenominan como presos políticos y la verdad es que no están ahí por un tema político, ellos cometieron delitos gravísimos, donde incluso mataron a una persona mapuche. No hay que confundirse y dejar en claro que en Chile, en un estado de derecho, quienes cometen un delito deben cumplir una condena que determine la justicia y la medida cautelar que definen los tribunales", enfatizó.

En esa línea, Giacaman recordó la muerte de Moisés Orellana y reconoció que el Estado en su conjunto tiene deudas.

"Lo que hicieron con Moisés es algo que nadie merece, sobre todo sin motivo alguno. Como Estado tenemos una deuda con la familia y las víctimas que han sido atentadas y eso es un desafío para los tres poderes del Estado", indicó.

Hasta la tarde de ayer las investigaciones aún no arrojaban resultados ni detenidos por estos episodios de violencia.

Por Esteban Vega Garrido esteban.vega@diarioelsur.cl

Luego de una ceremonia religiosa, familiares y cercanos participaron del velatorio y posterior funeral de Moisés Orellana Pavez, en la comuna de Cañete. El joven de 21 años falleció luego del ataque de desconocidos la madrugada del martes, mientras se encontraba con un grupo de amigos en un vehículo.

El fallecimiento del joven generó impacto entre la comunidad y las autoridades de Cañete. Por ello, cientos de personas acompañaron ayer el cortejo fúnebre de víctima de disparo de escopeta.

Al momento del ataque, otras dos personas se encontraban junto al joven que murió producto de los disparos. Los jóvenes, se informó, habría resultado con lesiones de carácter leve y ya entregaron una primera declaración sobre los hechos.

Desde Fiscalía aseguraron que las diligencias con estas personas son reservadas, sin embargo, confirmaron que serán derivados a la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit).

Desde el Gobierno, en tanto, informaron que iniciaron las gestiones con las familias afectadas para ofrecer ayuda psicológica y legal, a través del programa de atención a víctimas en Cañete.

Los 12 presos mapuches en huelga de hambre depusieron la medida de presión al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Lebu, pese a que no lograron un acuerdo con el Gobierno.

La decisión fue confirmada por los voceros de los huelguistas, tras más de 60 días de protesta en demanda de la revisión y eventual modificación de las medidas cautelares decretadas en contra de los imputados.

"Estos tres meses de movilización han significado un tremendo avance para nuestro pueblo, tanto en lo político como en el weichan", enfatizaron los voceros.

En paralelo, la Fiscalía Regional del Biobío confirmó ayer que se inició una investigación por eventuales apremios ilegítimos cometidos en contra de los presos en el marco de los traslados que se produjeron a fines de agosto e inicios de septiembre.

INVESTIGACIÓN

El fiscal para casos de DD.HH., Nelson Vigueras, estará al frente de la indagatoria que se inició después de que el Juzgado de Garantía de Cañete remitiera a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, un oficio en virtud de recursos de amparo ingresados a ese tribunal por parte de representantes de los huelguistas.

El fiscal Vigueras explicó que los hechos ilícitos que indaga, dicen relación con presuntos apremios ilegítimos y desacato, cometidos por funcionarios de Gendarmería.

Las pesquisas fueron encargadas a un equipo especial para causas de DD.HH de la PDI de Concepción.

Además, entre las diligencias decretadas, está que profesionales del Servicio Médico Legal realicen una evaluación clínica y psicológica de los huelguistas, de acuerdo al Protocolo de Estambul. Asimismo, se efectuaron contactos con los abogados representantes de los comuneros, para coordinar la participación de los huelguistas.