En muchos estados, el rol de autoridad portuaria está concentrado en una institución. Así ocurría en nuestro país hasta 1997, cuando la Ley N°19.542 modernizó la normativa sectorial transformando la Empresa Portuaria de Chile (Emporchi) en diez empresas portuarias estatales autónomas que se rigen por las normas de la iniciativa legal que las creó y por las regulaciones aplicables a las sociedades anónimas. Estas empresas son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por la Contraloría General de la República y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

De allí que hoy estas empresas, como Puertos de Talcahuano, no solo tengan el mandato de concesionar a privados la operación de los terminales de su propiedad (como San Vicente y Talcahuano), sino que además en su rol de autoridad portuaria cumplan una serie de tareas de control, proyección, coordinación y promoción de una actividad logística portuaria sostenible en lo ambiental, lo social y lo económico.

¿Cuáles son esas tareas?

Primero, realizar una planificación de largo plazo, mediante el diseño de un plan maestro y un calendario referencial de inversiones para sus recintos portuarios.

Segundo, coordinar a los distintos agentes públicos y privados que operan en el puerto y su logística asociada, tarea que se realiza a través del trabajo del Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos de Talcahuano.

Tercero, regular y controlar el uso de frentes de atraque, lo cual se realiza en base a un reglamento diseñado por cada empresa portuaria estatal.

Cuarto, aprobar las tarifas en el respectivo terminal de acuerdo a lo establecido en cada Contrato de Concesión y supervisar su cumplimiento.

Quinto, revisar técnicamente los proyectos que se implementen en el terminal, tales como extensiones o reparaciones de un frente de atraque.

Todas estas atribuciones de autoridad portuaria se complementan con las que cumplen normalmente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Servicio Nacional Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio de Salud, la Autoridad Marítima y la Policía de Investigaciones.

Con esta mirada descentralizada, multipartita y liderada por cada empresa portuaria estatal, se busca que la actividad logística portuaria desarrollada por los privados sea una aporte al intercambio comercial nacional e internacional, con la mayor eficiencia y competitividad. Aunque también que dicho aporte sea con una mirada integral sobre la comunidad y el hinterland que contienen al terminal, de manera que el concepto ciudad-puerto no solo se posicione, sino que se cumpla de manera sostenible.

Rodrigo Monsalve, gerente general de Puertos de Talcahuano

Tras varios meses de incertidumbre, el quinto Encuentro de Empresas y Emprendedores de la Provincia de Arauco (Eprode), se realizó entre el miércoles y el viernes, vía remota a través de Zoom.

La tecnología no fue impedimento para que el evento lograra conectar a más de 300 participantes del norte, centro y sur de Chile y también de países como Colombia y Argentina.

"Estamos felices de haber conectado a un público superior a las 300 personas y de haber internacionalizado un poco nuestro evento provincial, ya que también se conectaron emprendedores de otros países. Eso nos da la satisfacción de que, este encuentro que nació tímidamente, hoy está muy posicionado entre los emprendedores y empresas de nuestra Región y el país", dijo Andrés Sanhueza, gerente de Corparauco.

Los temas que se abordaron en esta quinta versión del evento, estuvieron segmentados de acuerdo a la contingencia y a las necesidades actuales de la mipymes del territorio.

Es así como durante la primera jornada, del miércoles 26, se habló del desarrollo territorial desde la mirada de Gonzalo Vial, director de Fundación Huella Local y Gary Guerrero, gerente de Arauco 7.

El jueves 27 se conversó sobre el turismo post pandemia con un panel de expertos donde destacó la participación de Alejandro González, director de la agrupación empresarial Turismo Rural Asturias desde España. Durante el mismo día se presentó un bloque para hablar sobre la asociatividad como un impacto positivo en el ecosistema emprendedor, panel que estuvo integrado por Dieter Uslar, subgerente de relación con cooperados de Colun; Ivonne Palma, directora del Área de desarrollo regional de Eurochile y Belén Undurraga, fundadora de Nün Foods.

El viernes se finalizó con un espacio dedicado a la transformación digital de las mipymes, para entrar de manera competitiva al mercado online, bloque que integró Gerardo Montes Weise, subgerente comercial de transformación digital en Telsur junto a Sebastián Fernández, gerente de transformación digital en Empresas Arauco.

Durante las tres jornadas, hubo espacio de conversación y de entrevistas a emprendedores/as de la provincia de Arauco y también de fuera del territorio, como el caso de la boxeadora Carolina "Crespita" Rodríguez.

Por ALMA CANALES SILVA

La cuarentena total en la que entró Concepción a las 23 horas del viernes cambia las cosas. La cantidad de locales que pueden abrir se reduce a aquellos que ofrecen servicios básicos, como alimentación, medicamentos o combustible. Pero antes de la resolución emitida por el Ministerio de Salud, la ciudad estaba en la fase 2 del plan Paso a Paso, lo que implicaba que podía funcionar todo el comercio. Las restricciones estaban en los locales de comida, que sólo podían vender para llevar.

Entre la multiplicidad de oferta estaban los locales de juegos electrónicos, conocidos como casinos populares. En Concepción hay 39 de estos servicios autorizados, de acuerdo al registro de patentes que tiene el municipio. Y, aunque se trata de recintos cerrados donde pueden compartir varias personas por varios minutos o incluso horas, la normativa les permitía funcionar.

Hugo Rojas, jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, explicó que la resolución 591, publicada el 25 de julio y que "dispone medidas sanitarias que indica por brote de Covid-19 y dispone Plan Paso a Paso", no incluyó a los juegos electrónicos en los rubros con prohibición. Eso sí, aclaró que desde que se inició la pandemia se trabajaron protocolos para que estos locales ajustaran sus condiciones a la situación sanitaria, lo que incluyó medidas de sanitización y de distancia entre las máquinas, para reducir el contacto de los clientes.

Hasta el momento, todos han cumplido con la normativa, dijo.

No obstante, el municipio sí ha identificado problemas, las que derivaron en ocho multas por incumplimientos a la ordenanza sobre el distanciamiento físico y otras medidas de prevención dictada por el municipio el jueves 4 de junio.

El incumplimiento de esta medida sanitaria es sancionado con multas que van de los $50 mil a los $250 mil (2 a 5 UTM).

Fiscalizaciones

La directora de Seguridad Pública del municipio penquista, Daisy Cárdenas, informó que a la fecha se han fiscalizado aproximadamente 500 servicios y locales comerciales en el marco de la ordenanza de distanciamiento físico. De ellos, 30 corresponden a los denominados casinos populares. Se han cursado ocho infracciones al rubro por no respetar esta medida sanitaria al interior de los recintos, explicó.

"Hemos reforzado el despliegue de nuestros inspectores en terreno para asegurar el cumplimiento de nuestras normativas, principalmente en los puntos que concentran una mayor afluencia de personas. Seguiremos trabajando en esa línea para resguardar la seguridad y la salud de los penquistas especialmente durante la emergencia", afirmó Cárdenas.

Distinta es la experiencia que ha tenido la Seremi de Salud. Hugo Rojas, jefe del Departamento de Acción Sanitaria contó que no hay un plan de fiscalización específico para estos locales, pero están incluidos en los 464 controles que ha hecho su departamento, desde marzo a la fecha, a locales cerrados con espacio para más de 10 personas. Hasta el momento todo ha estado en regla, afirmó. "No hemos detectado falencias que nos lleven a iniciar algún proceso sancionatorio o a decretar el cierre del local", indicó.

Según el profesional de la Seremi de Salud, al rubro se le ha exigido la creación de protocolos, que incluyen desde la exigencia del uso de mascarillas, tanto al personal como a los clientes, hasta la separación de las máquinas de juego para asegurar la distancia mínima de 1,5 metros entre las personas y la constante sanitización del local y las máquinas.

"Aunque no existe un instructivo específico para estos negocios, hemos adaptado los requerimientos para el exterior, relacionado con el distanciamiento, para evitar el contagio de covid-19", afirmó Rojas. Agregó que los inspectores, cuando han ingresado a los recintos, han visto a personas utilizando las máquinas, pero se ha respetado la distancia.

De encontrarse incumplimientos en los locales, estos se exponen a sanciones que van desde una amonestación a una multa. Las situaciones más gravosas consideran el pago de hasta mil UTM. Si existe un grave peligro a la salud, incluso se puede decretar prohibición de funcionamiento.

A partir de la cuarentena en Concepción, contemplada en la fase 1 del plan Paso a Paso, todos estos recintos deben estar cerrados.