Por Nicolás Álvarez Arrau

Un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) enviado el 5 de agosto al ministro de Economía, Lucas Palacios, generó preocupación y alarma en el Consejo Regional, instancia que recién ayer tuvo acceso a su contenido.

En concreto, el informe plantea dos puntos. En el primero se solicita la aprobación de una serie de reasignaciones presupuestarias de los gobiernos regionales, asociadas con otras entidades públicas, como la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) -ambos reunidos en Biobío por medio del Comité de Desarrollo Productivo-, y que totalizan a nivel nacional $13.950 millones.

En segundo lugar, en el oficio se reitera, de acuerdo al criterio adoptado por la Dipres sobre solicitudes que involucren transferencias a otras entidades fiscales desde los gobiernos regionales, que solo se aprobarán aquellas correspondientes a gastos de arrastre.

En cuanto a las iniciativas nuevas y que estén asociadas con reactivación económica, se sostiene que "el Acuerdo Nacional por la Protección Social y Recuperación del Empleo, incluye, entre otros, la incorporación de un plan de inversión pública, incentivos a la contratación de trabajadores, financiamiento de pequeñas y medianas empresas (pymes), creación de fondos para apoyar la reconversión y capacitación de trabajadores, por lo que se debiese optar a estas fuentes de financiamiento".

El seremi de Economía Mauricio Gutiérrez explicó que se trata de los recursos que se pidieron a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para financiar más programas de apoyo a las pymes y que a nivel regional alcanza los $2.250 millones. El monto había sido aprobado con anterioridad por el Consejo Regional, a solicitud del intendente Sergio Giacaman.

"En este momento, la Dipres nos informa que estos fondos no serán autorizados para el uso de apoyo a las pymes (…) Esta es una restricción que nos impone la Dipres", reconoció el seremi.

Por este motivo, reveló que por medio del intendente Sergio Giacaman ya se realizan gestiones para que la entidad deje sin efecto la instrucción y se autorice el uso de estos recursos. "Entendemos que la Dipres tiene una labor que cumplir y reasignar los dineros de las arcas públicas, pero creemos que en esta oportunidad podemos revertir el escenario y que se vise el uso de los $2.250 millones para el Comité de Desarrollo Productivo", aventuró.

Con este tipo de fondos el Gobierno Regional ha logrado desarrollar programas como el PAR Impulsa 2020 de Corfo o el Reactívate Comercio de Sercotec, que está pronto a lanzarse.

CONSEJO REGIONAL

La medida dispuesta por el nivel central causó bastante molestia en el Consejo Regional. La presidenta del cuerpo colegiado, Flor Weisse, sostuvo que la interpretación que se le da a esta información "es bastante nociva", en el sentido que se le quita facultad y poder de decisión a las regiones.

"Esta es una bofetada a la descentralización, por cuanto nosotros tenemos la posibilidad de determinar en qué utilizar nuestros recursos correspondientes al presupuesto local. Hoy la situación es crítica y, justamente, se necesita con urgencia responder a esta emergencia a través del fomento", cuestionó.

En tanto, el presidente de la comisión ad hoc del Consejo, Luis Santibáñez, argumentó que lo que hace la Dipres es coartar la posibilidad que por ley les entrega la orgánica de gobiernos regionales y la decisión de los consejos de invertir con fondos propios para superar la crisis de covid-19 y otras materias relacionadas a empleo, turismo, fomento e innovación.

En este sentido, el consejero UDI remarcó que se trata de una acción que "castra las facultades de los consejos regionales e inhabilita la figura del intendente hacia los propios fondos de inversión regional".

"Esto es gravísimo porque constituye el corolario de lo que ha sido la política de centralizar absolutamente todas las determinaciones, en función de los planes que desde Santiago se establecen a nivel nacional para enfrentar la crisis, sin escuchar la voz de las regiones (…) La Dipres ocupa exactamente la misma política del Partido Comunista chino en materia de planificación económica", ejemplificó Santibáñez.

Macarena Vera, directora ejecutiva de Corfo Biobío y del Comité de Desarrollo Productivo local, aseguró que aún no recibe información oficial sobre el tema, pero reconoció igualmente que el asunto es de cuidado, sobre todo porque esos dineros se pensaban utilizar en la emergencia para recuperar la economía desde el fomento productivo.

Seis proyectos eólicos de Biobío figuran en un listado de 138 iniciativas que a nivel nacional son consideradas claves para la reactivación entre 2020 y 2021, según un catastro realizado por el Ministerio de Economía y que dio a conocer ayer El Mercurio.

En la lista figuran también otros proyectos muy relevantes a escala regional, como la modernización y ampliación de la planta Arauco (proyecto Mapa), el que representa -por lejos- la mayor inversión, la que solo entre 2020 y 2021 fue avaluada en US$1.888 millones por la cartera de Economía.

ENERGÍA: CLAVE EN BIOBÍO

Coincidente con el hecho de que el rubro energético concentra el mayor número de proyectos de inversión en Biobío en la actualidad, el catastro considera varias iniciativas que han sido priorizadas por su impacto dada su inversión y la generación de empleos.

En el listado aparece el Parque Eólico Alena, de Andes Mainstream, con entrada en operación planificada para enero de 2021 y una inversión de US$66 millones.

La iniciativa se ubica en la comuna de Los Ángeles y, de acuerdo a información entregada recientemente por la firma, contará con 18 aerogeneradores que producirán 84 megawatts de energía, lo que equivale a iluminar 120 mil hogares y evitar la emisión de 114 mil toneladas de CO2 al año.

Otra iniciativa que también es considerada prioritaria es la del Proyecto Coihue -eólico- (Entre Ríos) de Andes Mainstream SPA, por un monto estimado en US$286 millones. El proyecto se ubica en las comunas de Mulchén, Negrete y Los Ángeles, Provincia del Biobío y -según informa la empresa-estará constituido por 69 aerogeneradores, los que tendrán una potencia nominal de 4,5 MW cada uno, totalizando una potencia nominal instalada de 311 MW.

Se suman los proyectos de AES Gener en Biobío. Uno es el Parque Eólico Los Olmos, con una inversión de US$139 millones para 2020-2021, que contará con 39 aerogeneradores cuya capacidad máxima de generación es de 128,7 megawatts de potencia instalada en la comuna de Mulchén. El otro es la ampliación del Parque Eólico Campo Lindo, por US$130 millones en el citado periodo, que considera la instalación de 12 nuevo aerogeneradores con una potencia adicional instalada de 68,4 MW, que sumado a los 105,6 MW ya existentes.

OTROS PROYECTOS

También figura el proyecto de Central Hidroeléctrica Rucalhue, de Atiaia Energía Chile, por US$129 millones, el cual corresponde a una central de pasada ubicada en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco.

Se suma el mejoramiento de la infraestructura en la refinería Biobío de Enap, ubicada en Hualpén, con una inversión estimada para este y el próximo años de US$55 millones para desarrollar avances ambientales y de instalaciones.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, explicó que la priorización por parte del Gobierno consiste en un trabajo de coordinación entre diversos organismos del Estado involucrados en la tramitación de permisos, tales como el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas y el Servicio de Evaluación Ambiental.

La meta es que estos proyectos no sufran retrasos productivos originados por trámites lentos, con duplicidades administrativas o no digitalizados y, de esa forma, favorecer su eficiente materialización, "cumpliendo siempre con la normativa ambiental y de participación comunitaria", recalcó el secretario de Estado.