Por Esteban Vega Garrido

Una escuela destruida, la tercera en menos de dos semanas, fue el resultado de un presunto ataque incendiario la madrugada de ayer en Tirúa. El establecimiento atendía a 150 niños y niñas de esa comuna, en la zona sur de la provincia de Arauco.

El nuevo hecho de violencia quedó al descubierto pasadas las 5 de la mañana, en el sector de Tranaquepe, al norte de dicha comuna. El episodio, de acuerdo a los antecedentes preliminares, habría sido antecedido por disparos en el sector.

Juan Yáñez, fiscal con dedicación exclusiva para este tipo de causas en la zona, desechó que los incendios de las escuelas estén vinculados a alguna causa reivindicatoria como en otros casos. Asimismo, reconoció que la falta de testimonios es una de las dificultades que han debido lidiar en las investigaciones para dar con los responsables.

Ayer, el seremi de Educación, Fernando Peña, en compañía del intendente, Sergio Giacaman, ingresaron una denuncia criminal en la Fiscalía Regional por estos episodios. "Vamos a responder con más Estado", indicó la máxima autoridad regional.

No hay reivindicación

El fiscal Yáñez descartó, por ahora, una eventual relación entre los ataques a las escuelas con el denominado conflicto mapuche. "Hoy en la zona hay antecedentes o hechos que están ligados al conflicto mapuche y otros que son netamente delictuales y que están inspirados en cometer delitos y que se disfrazan de pseudo reivindicaciones que no tienen".

A eso agregó que "preliminarmente esto no tiene nada que ver con las reivindicaciones territoriales por una razón muy simple, porque el pueblo mapuche no va a quemar las cosas que los benefician en absoluto".

El persecutor, además, enfatizó que no todo panfleto hallado es reivindicatorio. "El panfleto hecho en un papel de cuaderno, donde se dibuja un kultrun, que en muchos casos ni siquiera saben los símbolos que lo forman, va dando cuenta de que estas personas no son mapuches", señaló.

Respecto a las investigaciones, Yáñez reconoció que existen múltiples dificultades, principalmente vinculada al relato de testigos. "Acá hay personas que no quieren hablar, porque temen represalias. Hoy tenemos ocho personas privadas de libertad, por atentados y homicidios cometidos en contra de gente mapuche que trata de vivir tranquila y eso es lo que ellos temen, ser víctimas de estas personas", afirmó.

"MÁS ESTADO"

Tras la presentación de la denuncia, el intendente Giacaman aseguró que estos actos buscan infundir el miedo en la zona. "Lo que le podría decir a esas personas es que si ellos quieren que haya menos Estado en el territorio, les vamos a responder con más Estado", apuntó.

La autoridad volvió a reconocer que el Ejecutivo tiene desafíos pendientes en seguridad y reiteró el emplazamiento al resto de los poderes del Estado. "Esperamos que el Estado de una respuesta a la necesidad que aguarda por años en la provincia de Arauco".

Fernando Peña, seremi de Educación, repudió este tercer ataque, principalmente por la afectación a niños y niñas vulnerables. La autoridad aseguró que el trabajo a distancia y la entrega de alimentos se mantendrán y agregó que se está analizando con los alcaldes algunas propuestas, aunque reconoció eventuales trabas para soluciones de largo plazo.

"Qué empresa va a querer ir a instalar una máquina, una grúa a un sector que a diario está azolada por la violencia. Acá no hay falta de voluntad, es más bien la dificultad de las condiciones de la provincia, sobre todo en la zona sur, lo que hoy obstaculiza que nosotros podamos disponer de manera veloz de una infraestructura", cuestionó.

Un proyecto piloto que busca determinar si la tecnología de red móvil puede utilizarse para conectar intersecciones semaforizadas y cámaras de monitoreo, principalmente en lugares alejados o de difícil acceso, lo que traería consigo beneficios como la disminución en las fallas de conexión con el sistema de control de tránsito, mejorando así la fluidez de los desplazamientos.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Biobío, Jaime Aravena Selman, explicó este innovador plan "en palabras simples, los semáforos utilizan un chip como los de celulares y a través de las redes móviles 3G/4G se comunican con los sistemas de control, lo que genera menores costos de habilitación y mantención; más un ahorro en el consumo diario promedio de datos de un 30%".

La autoridad aseguró que "este es un proyecto sin precedentes en la Región, para la conexión de cruces al sistema de control. Se requirió contratar un servicio de red móvil 4G de la empresa de telecomunicaciones Claro que, combinando esta red con su fibra óptica establece un enlace de cada uno de los controladores con servidores de la UOCT Biobío".

El proyecto está en etapa de prueba, con ajustes de parámetros y configuraciones del equipamiento instalado. "A la fecha, la Unidad Operativa de Control de Tránsito realiza una evaluación positiva de las pruebas, comprobando la factibilidad de conexión y una opción real para la integración futura de cruces en las diferentes comunas de la Región del Biobío. Esto trae, además, una disminución en los tiempos de integración de los semáforos al sistema de control al no requerir obras civiles", aseguró Aravena.

Los cruces conectados a este plan piloto en el Gran Concepción son cinco: Roosevelt con San Martín, Roosevelt con Barros Arana y Roosevelt con O'Higgins en Concepción; Ruta 160 con José Donoso en San Pedro de la Paz y 8 Oriente con Las Violetas en la comuna de Chiguayante.

A través de esta tecnología, se podría disponer de una nueva alternativa para la conexión de intersecciones al sistema de control, tomando mayor relevancia para semáforos aislados o que se encuentren lejanos a la red de comunicaciones propia de la UOCT, como en comunas como Cabrero o Cañete, con la sola condición de estar en un área de cobertura 4G.

La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la medida cautelar decretada en contra de una joven, de 23 años, que el pasado 13 de julio fue formalizada por su presunta responsabilidad en los delitos de incendio y lesiones cometidas en contra de su marido en contexto de violencia intrafamiliar. La mujer fue dejada en prisión preventiva ese día.

Ante esta situación, la defensora local jefe de Coronel, Marcia Soto, apeló ante el tribunal penquista, que ordenó la inmediata libertad de la mujer, entendiendo que no se configuran los delitos que se le imputaron, pues esa madrugada, tras ingerir alcohol, discutir y haber sido agredida por su marido, en un descuido se cayó una vela que produjo un incendio en su vivienda, que comenzó en el dormitorio en que ambos se encontraban.

Soto explicó que lo relevante de la determinación de la Corte es el enfoque de género con que debió abordarse este caso, ya que en "el procedimiento policial sólo se consideraba la declaración del marido como un elemento singular, no corroborado por otro antecedente, haciendo caso omiso a la versión y lesiones denunciadas por ella en contexto de VIF."

La abogada afirmó que habría existido sesgo y prejuicio de los funcionarios de Carabineros que tomaron el procedimiento. "Estos valoraron sólo los dichos del marido, pese a que la joven presentaba hematomas en su muslo izquierdo, en su cara y en una de sus manos", indicaron.

Detectives de la PDI Concepción detuvieron a un hombre que incumplía por tercera vez una cuarentena preventiva, decretada por la Seremi de Salud.

El coordinador del Centro de Control Covid, subcomisario Erwin Cea, indicó que las distintas labores permitieron ubicar al individuo. "Este se encontraba al interior de un hotel, junto a otros dos sujetos. Al ver a la policía se resistió a su detención", indic´ó.

El hombre fue puesto a disposición del tribunal, donde se impuso su ingreso a un residencia sanitaria con la finalidad que cumpla su periodo de cuarentena preventiva. Además quedó sujeto a control periódico por parte de la PDI además de fijar un plazo de investigación de tres meses".