Por Nicolás Álvarez Arrau

La crisis por covid-19 no solo golpeó con fuerza la salud de las personas, sino que también sus bolsillos. Desde que se agudizó la emergencia, muchas familias del país y la Región del Biobío comenzaron a pedir ayuda debido al desempleo, hecho que motivó en las últimas semanas anuncios en materia fiscal y social por parte del Ejecutivo. Aun así, hay vecinos que han buscado fórmulas de generar ingresos, por ejemplo, a través de la venta informal de productos en las calles.

En vista de los anterior, el municipio de San Pedro de la Paz anunció ayer que regulará esta actividad por medio de la entrega de permisos provisorios. La idea, plantearon, es dar un espaldarazo al emprendimiento local que decayó a raíz de los efectos colaterales de la pandemia. De esta forma, se busca incluir a los afectados en el plan de reactivación económica municipal.

Así, en su primera etapa, el municipio entregó 50 permisos de venta, tanto domiciliarios como ambulatorios. A estos últimos se les permitirá desplazarse y transar su mercancía dentro de áreas específicas tres veces por semana y, al igual que los primeros, por un período máximo de tres meses. Si bien el proceso es gratuito, la Municipalidad espera que luego de este plazo los emprendedores inicien un proceso de formalización.

Para esta semana se prevé otorgar un total de 100 permisos.

Sin embargo, la iniciativa choca con lo expuesto por la Seremi de Salud, que en su resolución exenta N°1083 publicada el 20 de marzo pasado, estableció la prohibición de ejecutar el comercio ambulante "en cualquiera de sus formas" en la Región del Biobío, como una manera de evitar posibles aglomeraciones y focos de contagio.

Por ahora, la Autoridad Sanitaria no vislumbra dificultades.

Lo que se permite

"Esta iniciativa tiene por objeto enfrentar la pérdida de algunos trabajos y la posibilidad del municipio de poder incorporar a estas personas a una actividad que puedan desarrollar bajo sus propias características", remarcó el alcalde Audito Retamal.

En concreto, lo que la administración hizo fue llevar adelante un catastro con la ayuda de los inspectores municipales, quienes durante las últimas semanas se encargaron de inscribir a los vecinos desempleados que se vieron obligados a promocionar sus productos en la vía pública, como una forma también de dar un mayor control al comercio ambulante informal que día a día crece en ese territorio.

La asignación de este beneficio tiene algunas condiciones. Marco Castañon, jefe del Departamento de Desarrollo Económico Local de San Pedro de la Paz, explicó que los vecinos favorecidos solo tendrán autorización para vender productos de primera necesidad.

Dentro de lo permitido se encuentran frutas, verduras, alimentos envasados con etiqueta nutricional o elementos de limpieza e higiene. Al contrario, estará prohibida la venta de cigarros, medicamentos, alcohol o comidas que sean preparadas en el momento.

Castañon agregó que, al tratarse en su mayoría de permisos ambulantes, quien sea autorizado a vender en la vía pública deberá cumplir con otros requisitos, como el no interferir el paso de los peatones o el tránsito, o estar a una distancia de 100 metros de algún local comercial establecido, colegios o la Municipalidad.

Resolución de salud

Dada la extensión del estado de excepción constitucional por los próximos 90 días, la resolución exenta N°1083 de la Seremi de Salud también ampliará su aplicación, por lo que se vislumbra un choque entre la medida adoptada por el municipio y la resolución de la secretaría ministerial.

El alcalde Retamal, sin embargo, aseguró "que no todo es blanco o negro", pues en este caso lo que se hace es circunscribir a los comerciantes dentro de un polígono fijado para que recorran los hogares y en virtud de medidas sanitarias pertinentes. "Así es más fácil controlarlos", recalcó.

En tanto, el jefe de la Unidad Alimentaria de la Seremi de Salud, Lino Alarcón, sostuvo que la determinación de San Pedro de la Paz favorecería, incluso, el evitar las aglomeraciones de personas en un mismo lugar.

"Este tipo de permisos es para personas que venderán alimentos de bajo riesgo, los que serán trasladados en vehículos que recorrerán ciertos sectores de la comuna, de tal forma de acercar estos productos a la población", afirmó Alarcón.

La intersección de Barros Arana con Rengo en Concepción ahora cuenta con semáforos. Con este hito, ahora hay 43 puntos que están en funcionamiento, de un total de 56 que fueron considerados en el primer contrato con la empresa a cargo de los trabajos de reparación e instalación de semáforos.

Este plan, de $579.019 millones, fue impulsado por el Ministerio de Vivienda en la zona para hacerse cargo de los daños generados en varias arterias de la ciudad durante las protestas realizadas tras el estallido social, a mediados de octubre del año pasado.

El seremi de Transportes, Jaime Aravena, reconoció que la falta de semáforos han complicado estos meses el tránsito peatonal y vehicular. Por ello, valoró el avance del 77% que registra la intervención de los cruces afectados.

"El trabajo mancomunado que se ha hecho con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y el municipio, ha sido recuperar las intersecciones que son importantes", indicó.

La autoridad agregó que con la reposición de los semáforos se puede mejorar la gestión desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito para optimizar esas intersecciones, así que no solo se ha recuperado la intersección con el semáforo, sino que además se ha corregido o perfeccionado para que preste aún un mejor servicio.

Avances

James Argo, seremi de Vivienda, contó que "se está trabajando en la rotonda Paicaví, como anunciamos, que no era parte del contrato, pero se incorporó y quedarían alrededor de 13 puntos de este contrato que debemos poner en funcionamiento. Hoy estamos en el eje de Rengo con Barros Arana, un punto sumamente importante para la locomoción colectiva y un punto donde ya está repuesto, así es que estamos conformes con el avance y confiamos seguir en este ritmo".

Desde la Federación de Taxis Colectivos del Biobío valoraron que se esté normalizando el desplazamiento de los vehículos, lo que ayuda en la seguridad de sus asociados que circulan a diario por el centro de Concepción.

José Parra, director de la organización, mencionó que "desde el estallido social hasta ahora hemos estado súper complicados con el tema de los semáforos, sobre todo, aquí en calle Barros Arana por el desplazamiento de los peatones, así como también en Tucapel con O'Higgins, así es que, que se vayan reparando los semáforos es súper importante y esperamos que en la primavera podamos tener los semáforos operando".

Finalmente, el seremi de Vivienda y Urbanismo, James Argo reiteró el llamado a cuidar la inversión pública que se está poniendo en la reparación. "Nosotros no deberíamos estar haciendo esta intervención si es que no hubiera un número de personas que destruyó lo que es de todos y este es lo que yo llamo un daño ciego, porque uno no sabe a quién se lo hace, hemos tenido accidente, choques por alcance y otras cosas y todo eso se pudo evitar", sentenció.

La Cámara de Diputados visó ayer la creación de una comisión investigadora para revisar posibles irregularidades en las cuentas de la luz en los últimos meses. Esto, ante los reclamos de clientes por el alza de las facturas a partir de abril, tras el Estado de Excepción por el coronavirus.

La iniciativa fue solicitada hace una semana por varios diputados, entre ellos la DC Joanna Pérez, que representa al distrito 21. La legisladora local planteó sobre la instancia que "tenemos que dar certeza a las familias, por eso es importante esta comisión investigadora, para que se nos dé respuesta y se pueda restituir lo cobrado abultadamente a las familias y en adelante no tengamos ningún sobrecargo a las familias que ya lo están pasando muy mal en esta pandemia".

Quien también celebró la creación de la comisión fue el UDI Enrique van Rysselberghe, quien manifestó que "esto nos permitirá conocer con más detalles las razones de las excesivas alzas que han tenido algunas cuentas durante el último mes (...) No sólo hemos visto que a miles de familias les han cobrado montos muy por encima del promedio que consumen, sino que también han existido casos insólitos, como restaurantes que desde mediados de marzo están completamente cerrados y aún así se les ha cobrado mucho más que cuando estaban abiertos".

La comisión, que fue aprobada con 105 votos a favor, 15 en contra y 20 abstenciones, además de ver el alza de las cuentas analizará los actos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, y del Ministerio de Energía.

Tendrá un plazo de 60 días para los análisis y luego tendrá que presentar un informe con las conclusiones.

La Seremi de Salud informó que al 15 de junio ha realizado 160 fiscalizaciones a farmacias de la Región, en el marco de la Política Nacional de Medicamentos. Por ello, se han revisado aspectos como la mantención de la cadena de frío, control de sala de ventas, presencia de químico farmacéutico, visibilidad de precios y disponibilidad de bioequivalentes, entre otros.

Además, producto de la pandemia, se ha incorporado el control de medidas sanitarias para la prevención y control del covid-19.

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, contó que 93 de las inspecciones se concentraron en la provincia de Concepción, 38 en la de Biobío y 29 en la de Arauco, proceso que finalizó con 10 sumarios sanitarios: cuatro se cursaron en la provincia de Concepción, cuatro en Biobío y dos en Arauco.

Las causales de estos sumarios radican principalmente en la ausencia de químico farmacéutico, falta de bioequivalentes del petitorio mínimo de medicamentos, descuadre de saldos de medicamentos psicotrópicos y venta de medicamentos sin receta.

En relación a las medidas para prevenir el covid-19, se revisó la entrega y manejo de elementos de protección personal, procedimientos de limpieza y desinfección del establecimiento, capacitación a funcionarios y condiciones físicas y ambientales del recinto y control de flujo de clientes en la farmacia.

Aquí no se detectaron incumplimientos.