En solo una década, 2000-2010, Chile alcanzó estándares de clase mundial en materia de potabilización, alcantarillado y aguas tratadas. Esto último significó un positivo impacto ambiental en ríos, esteros y playas de nuestra región, de la mano de una regulación eficaz para incentivar las soluciones de largo plazo. Esta transformación incluyó a muchos actores guiados por un propósito país: disminuir la contaminación por aguas servidas.

Hoy experimentamos una pandemia global sin precedentes que nos mantiene distanciados y ante serios desafíos de todo orden. Nuestra adaptación está a prueba cada día, y una de las lecciones que hemos constatado es que la respuesta colectiva, basada en la colaboración y visión sistémica, es un potente diferenciador en países que hoy están retomando sus actividades.

En tanto, también nos enfrentamos a la peor sequía en nuestra historia, con un déficit de lluvias del 30% en la zona central, con ejemplos críticos en Rancagua, el secano costero de Maule y la precordillera de Biobío, entre otras zonas. Además, se prevé que aumenten los eventos extremos derivados del cambio climático. En 2040, Chile será el país con el mayor estrés hídrico de Sudamérica.

En Essbio, hemos priorizado asegurar la disponibilidad de agua para el consumo humano a través de inversiones, investigación, y adaptaciones que están atendiendo las contingencias por sequía o baja disponibilidad de agua. Pero el futuro será más complejo y necesitamos una mirada integral para abordarlo. Nuestra generación ha aprendido a convivir dando por sentada la abundancia de agua y por ello debemos tener una respuesta país a este desafío, tal como ocurrió a inicios del año 2000, cuando decidimos tener un estándar de nivel mundial en la recolección y tratamiento de las aguas servidas. Por eso es fundamental que tanto las estrategias territoriales, los planes empresariales, la investigación académica y la participación ciudadana confluyan en adaptaciones a este escenario de escasez. El rol de la regulación en el sector sanitario debe ser determinante para una respuesta que incentive las inversiones y la innovación, asegurando esa disponibilidad de agua a las actuales y futuras generaciones.

El paradigma de la sostenibilidad, con su enfoque sistémico, participativo y de innovación es el mejor prisma para abordar este desafío. Así, tanto las empresas sanitarias, el sector agrícola, las industrias, como centros de estudio, organizaciones sociales, agencias públicas, universidades, medios de comunicación, entre muchos otros, podremos profundizar nuestra visión del problema, priorizar nuestros intereses comunes y unirnos detrás de un propósito país de largo plazo. Tal vez esta sea la oportunidad más clara para impulsar un nuevo tipo de desarrollo, más sustentable, que nuestra región y los chilenos necesitan con urgencia.

La combinación de las crisis sanitaria, social y ambiental nos va a llevar a preguntarnos sobre la funcionalidad del modelo neoliberal. Se dice que todos nos volvemos keynesianos cuando estamos en crisis. Todos miran al Estado cuando hay que estimular a la demanda agregada o cuando las finanzas de las empresas se vuelven insolventes. Basta recordar el salvataje que hiciera el Estado chileno cuando la banca comercial estaba quebrada en la crisis del 1982-83 dando origen a lo que conocemos como la deuda subordinada.

El Estado cumple un rol que supera la corrección de los fallos del mercado. La economista Mazzucato (2013) constató que una parte importante de las tecnologías que tiene un iPhone se desarrollaron gracias a los dineros públicos. El Estado puede cumplir un rol estratégico creando instrumentos financieros que permitan compartir riesgos y rentabilidades, estimulando la reinversión alrededor de nuevas tecnologías de interés nacional.

En medio de las tres crisis debemos ser flexibles. En algunos momentos tendremos que acudir al mercado y en otros se justifica la presencia del Estado. Ese pragmatismo es el punto de partida del keynesianismo y comienza por reconocer que el modelo teórico tiene imperfecciones y que la política pública puede cumplir un rol clave.

¿Qué debemos esperar?

Vamos a vivir una crisis del modelo de desarrollo que se está manifestando en los ámbitos sanitario, social y ambiental que va a cambiar la definición del Estado el que no será Benefactor y tampoco será Neoliberal. Tendremos una adopción acelerada de nuevas prácticas tecnológicas y paralelamente habrá organizaciones que no podrán sobrevivir, las innovaciones demandaran de otros negocios y al mismos tiempo surgirán nuevos referentes para relacionarnos entre nosotros. Como dice W. Brian Arthur (2014), en las crisis la incertidumbre se vuelve autorreforzante produciendo más incertidumbre.

El proceso de cambio que viviremos no será radical sino será evolutivo pero muy acelerado. En un nivel macroeconómico no veremos modificaciones importantes, sin embargo en el nivel mesoeconómico o intermedio tendremos el nacimiento de nuevas estructuras y una nueva definición en la relación del Estado, el Mercado y la Sociedad. Finalmente en el espacio microeconómico habrá innovación, éxito o fracaso y una vuelta a empezar.

La misma tienda que está en la esquina ahora venderá por internet, las mismas universidades tendrán que reinventar su forma de enseñar y los alumnos su manera de aprender, los abrazos digitales se mezclaran con los reales y nos organizaremos de forma diferente para defender lo que consideramos importante.

Muchas cosas van a cambiar tarde o temprano.

El acceso al agua segura, ya sea urbana o potable rural, es primordial para el consumo y la realización de actividades económicas. Estas dependen de la disponibilidad continua de agua limpia entregada principalmente por los ríos, en nuestro caso el río Biobío. A pesar de que la capacidad de satisfacer la creciente demanda de agua varía localmente, las últimas estimaciones indican que la demanda de agua urbana aumentará hasta un 80% para 2050.

Los factores críticos en la Región son el nivel de acceso al agua dependiendo de si es urbano o rural, el tipo de tratamiento al agua potable (no es el mismo si es urbano o rural), y los impactos de la prolongada sequía que nos afecta por más de 12 años, con sostenida tendencia. Aunado a esto, la alta cobertura de uso de suelo forestal de la Región ha reemplazado al bosque nativo y modificado usos como el agrícola, y las externalidades como los incendios forestales.

A esto, si el problema del agua ya es crítico, probablemente se agrega una nueva variable, que es producto del confinamiento global provocado por la pandemia del covid-19: los potenciales impactos de esta pandemia actual en la demanda y calidad del agua.

Las imágenes que han dado vuelta al mundo, de la aparente y rápida recuperación ambiental debido al confinamiento por la pandemia, han reportado disminuciones de gases como dióxido de nitrógeno en la calidad del aire de países muy contaminantes, como China, India y Estados Unidos. Otro ejemplo es el de Venecia-Italia, donde el agua de los canales se ve más clara, aunque no significa que necesariamente este más limpia.

Estos ejemplos nos muestran que la naturaleza es altamente dinámica, y que interactúa entre las distintas fases ambientales (atmósfera, hidrósfera, biósfera y litósfera). En nuestro caso, a medida que se disponga de datos sobre la calidad del agua durante o después de la pandemia, probablemente podremos observar ejemplos de calidad del agua superficial mejorada, aunque fuese temporal.

Sin embargo, desde ya sabemos que la demanda de agua producto de la pandemia ha aumentado a nivel nacional, y que hay más de 350 mil personas sin agua potable, con agua suministrada por camiones aljibe, donde la calidad de agua no es profundamente controlada. Por su parte, en la Región del Biobío parte del secano costero y todo el secano interior ya presentaban severos problemas de escasez de agua en diversas comunidades antes de la pandemia. En zonas del secano existe la presencia de ríos o esteros, pero muchas veces tampoco pueden ser usadas por las comunidades porque mayoritariamente esta agua ya tiene dueño.

Ante estos escenarios de mayor demanda de agua es imperativo, una vez que se replantee la economía, revisar cómo los ríos, esteros y zonas inundables son utilizados por las actividades económicas, agricultura, forestal, minería etc., y la prioridad que se les da para consumo humano. Para que esto ocurra, el desafío actual es que los sectores económicos y las industrias que contribuyen a la contaminación, y que tienen un uso garantizado del agua respaldado por el Código de Aguas, aumenten su compromiso social y se legitime la provisión de agua en distintas áreas, para garantizar la cantidad y calidad del elemento.

Es esencial cambiar la institucionalidad del agua para que las comunidades urbana y/o rural, que cada vez se hacen más vulnerables y conocen su realidad local, sean consideradas como un pilar fundamental en la toma de decisiones del manejo del agua de su territorio. Esto debe ser un esfuerzo entre la sociedad civil y los tomadores de decisiones, para trabajar hacia la sostenibilidad del recurso agua en el tiempo, ante mayores demandas de agua presentes y futuras.

Lunes 1 de junio: Hoy se cumplen 90 días desde la detección del primer contagiado por coronavirus en Chile, el pasado 3 de marzo, mientras que los fallecidos por esta causa ayer sumaron 1.054 y la ocupación de camas críticas en todo el país llegó al 88%. En la Región Metropolitana este porcentaje se elevó a 96%. De las más de 1.000 víctimas fatales registradas por covid-19, 57 murieron entre las 21:00 horas del viernes y la misma hora del sábado. 47 de estos decesos fueron inscritos en la Región Metropolitana, además de 3 en Tarapacá, 2 en Antofagasta, 3 en Valparaíso y 2 en O'Higgins.

Jueves 4 de junio: La cifra más alta de fallecidos por covid-19 en el país desde el inicio de la pandemia fue informada ayer por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el reporte diario que elabora el Gobierno. Se trata de 87 víctimas fatales y el número incluye 33 personas cuyo certificado de defunción indica covid-19, pero cuyo resultado de PCR aún no se conoce. Esta inclusión ocurrió por primera vez y se dio en virtud de la metodología adoptada por la autoridad sanitaria en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta forma, el total de personas fallecidas en el país por coronavirus alcanzó a 1.275.

Miércoles 3 de junio: Nueva York vivió ayer una nueva ola de protestas ciudadanas reclamando justicia y en contra del racismo, pese al aviso de las autoridades de que el coronavirus se puede extender y tras una noche de saqueos en Manhattan que llevó al alcalde a extender el toque de queda hasta el próximo domingo, en un intento por frenar los disturbios que han dejado partes de la ciudad asoladas y que han disparado la tensión política. A pesar de que estas protestas diurnas son pacíficas, el toque de queda, el primero en la Gran Manzana en casi 80 años, se adelantará a las 20 horas, después de que el lunes el grueso de la violencia comenzara justo al anochecer.