Por Nicolás Álvarez Arrau

Dispar suerte presentan los coronelinos. Por un lado, Enel anunció hace unos días que adelantará el cierre de las centrales Bocamina I y Bocamina II para diciembre de 2020 y mayo de 2022, respectivamente, hecho con el que se vislumbra el fin de la contaminación en la ciudad porteña. Por otro, en cambio, el número de personas contagiadas por covid-19 parece acrecentarse cada vez más, a tal punto que Coronel se ubica como una de las comunas con mayor afectación de la Región del Biobío luego de alcanzar los 156 casos, según el último reporte de Salud.

Esta última situación mantiene en alerta al alcalde Boris Chamorro, quien puntualizó que todo lo que sucede en materia sanitaria se pudo haber previsto con anticipación.

-¿Por qué pese a la situación que vive Coronel la autoridad sanitaria aún no toma medidas más extremas?

-Coronel mueve gran parte de la carga portuaria de la Región y gran parte de la industria privada y, obviamente, en virtud de la mirada económica que tiene el Gobierno no están interesados en paralizar.

-¿A nivel local qué medidas tomará el municipio para contribuir a evitar nuevos contagios?

-Estamos cerrando el comercio más temprano y tomando medidas de ordenanza que inhabiliten la posibilidad de apertura de los centros comerciales. Vamos a sacar próximamente una ordenanza para la utilización de mascarillas en todos los espacios públicos y vamos a desarrollar operativos de fiscalización nocturnos para aquellas personas que organizan fiestas. Esto se sumará a los albergues de aislamiento para los casos activos.

-¿En qué etapa se encuentra hoy está última iniciativa?

-Hoy (ayer) estamos realizando un catastro para habilitar esta semana cerca de 30 piezas con baños y alimentación. Le dijimos al seremi de Salud que tiene hasta el miércoles para darnos respuesta de la solicitud. Si no, lo dispondremos con fondos propios. Esto tiene que tener resolución sanitaria, por lo tanto, ellos tienen que venir a fiscalizar y monitorear, pero el tema está en que los tiempos de la autoridad sanitaria pareciera que fueran muy distintos a los tiempos de las autoridades comunales. Si seguimos como en los últimos días, a la quincena de junio vamos a tener cerca de 500 personas contagiadas.

-¿No le causa temor el hecho de tomar decisiones sin el consentimiento de la autoridad sanitaria?

-Lo más probable es que el Estado tomará decisiones en contra mía como alcalde, pero yo ya no puedo seguir esperando más y necesito que las autoridades tomen decisiones. Estoy agotado y cansado, pero no siento en el Gobierno Regional la misma proactividad que tenemos en la comuna. Por lo tanto, más allá de hacer el llamado y de ir a reunión tras reunión, ya llegó la hora de tomar decisiones más drásticas, aunque eso lleve a que tenga que irme por querella con el Consejo de Defensa del Estado. Estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad de lo que significa salvar la salud de mi población.

-¿Eso en relación a los espacios que habilitarán?

-Eso respecto a los espacios que habilitaremos y a las cuarentenas. Si la autoridad sanitaria no toma decisiones esta semana respecto a cuarentenas para la comuna, nosotros lo vamos a tener que hacer de manera particular.

-¿Ha considerado el impacto económico que podría tener una medida de este tipo?

-Paralizar por dos semanas la comuna y la industria no creo que tenga tantos costos económicos.

FIN A TERMOELÉCTRICAS

-¿De qué manera el municipio apoyará a los trabajadores que perderán su fuente laboral tras el cierre anunciado de Bocamina I y Bocamina II?

-Junto a los trabajadores y el Gobierno debemos desarrollar un plan de reconversión laboral. Los más afectados son las personas que prestan servicios terciarios, como guardias, transporte o alimentación. El compromiso está por parte del municipio. Esperamos reunirnos con el Ejecutivo durante las próximas semanas para saber qué significará este plan de cierre.

-¿Qué debiese ocurrir con los terrenos en donde hoy están emplazadas estas empresas?

-Espero que esto sea puesto a disposición de Bienes Nacionales, de tal forma que dé paso al municipio para desarrollar un gran proceso de parques interurbanos. La idea es que sean espacios de áreas verdes para la comunidad. Vigilaremos que no sean para otra actividad industrial.

Luego de que los alcaldes de Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante denunciaran irregularidades en la asignación de las canastas familiares que reparte el Gobierno Regional, ayer el jefe comuna penquista, Álvaro Ortiz, se reunió con el gobernador de la provincia, Robert Contreras, para afinar la coordinación entre ambos organismos para optimizar el reparto de las ayudas en la comuna.

En total son más de 27 mil cajas de alimentos que compró el Gobierno Regional para entregar al 40% de la población más vulnerable de Biobío. Sin embargo, la entrega de las ayudas se ha dividido en distintas etapas; la primera de ellas destina una cantidad de canastas a los adultos mayores de 80 años y que son parte de la segmentación mencionada anteriormente.

La ayuda social, que forma parte del compromiso del presidente Sebastián Piñera a través del programa Alimentos para Chile, está siendo canalizada a través de las gobernaciones provinciales, siendo la Armada y los municipios quienes colaboran en la entrega.

Tras la cita, el alcalde Ortiz mencionó que "los días que nos ha tocado entregar a diferentes municipios, nos hemos encontrado con algunas personas que habían fallecido hace muy poco o que se habían cambiado de domicilio y no habían sido declarados o que producto de la pandemia estaban viviendo durante esta cuarentena en casa de familiares. En el caso de Concepción de las 100 canastas, lamentablemente 30, es decir casi un tercio, no se pudo entregar y a raíz de eso le hemos pedido al Gobernador poder organizarnos de mejor manera".

MÁS RÁPIDO

En la oportunidad, Ortiz expuso la preocupación de vecinas y vecinos de la capital regional respecto a los plazos, puesto que en primera instancia el stock alcanzó 100 cajas de las 2887 destinadas a la comuna, ante esto el gobernador se comprometió a trabajar para tener una distribución más rápida y eficiente.

Con relación a la distribución de las ayudas y la respectiva coordinación que se requiere para ello, el gobernador de Concepción, Robert Contreras, dijo que esperan poder contar con más stock de productos durante los próximos días, lo que permitirá seguir desplegando la ayuda a las familias.

"La idea es que se vaya duplicando la cantidad de cajas que alimentos que vaya llegando a los hogares y de esta forma solventar necesidades de adultos mayores que más lo necesitan. De igual manera ver el tema del registro social de hogares, revisar también el tema de las personas fallecidas que se encontraban en este registro que evidentemente no había sido depurado", dijo Contreras.

El gobernador de Concepción añadió: "Damos las gracias a la municipalidad de Concepción y a todos los municipios de la provincia que se pusieron a disposición para poder trabajar en conjunto en unidad y con una labor y rol de estado, acá la ayuda es necesaria para poder salir delante de esta pandemia" agregó la autoridad local.

Tras una reunión telemática con el ministro y subsecretario de Energía, Juan Carlos Jobet y Francisco López, respectivamente, y el Super de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional hicieron un llamado a los usuarios a realizar las denuncias correspondientes.

La diputada Rn por el distrito 20, Francesca Muñoz, señaló que "envié oficios solicitando información ya que de comprobarse que están faltando a la normativa, sería un abuso muy grave que las empresas traten de sacar ganancias poco transparentes y seria mas grave aun que lo hagan durante una pandemia".

Añadió qie, "como ya lo he dicho anteriormente, no es posible que mientras vivimos una emergencia sanitaria las personas tengan que preocuparse además de que les cobren lo justo".

Asimismo, el jefe de bancada, Sebastián Torrealba, anunció que "pediremos al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), que inicie una mediación colectiva, para que siente a todas las empresas en la mesa, que resuelva los reclamos a los consumidores y que al mismo tiempo obligue a las compañías a tener los canales abiertos para que la gente pueda reclamar de manera eficiente".

Torrealba agregó que "no puede ser que la gente reclame, y que nadie les conteste en estas empresas. Lo que buscamos es que se solucionen los problemas y que la gente sepa lo que está pagando".

En la cita -en la que también participaron los parlamentarios RN Miguel Mellado, Sofía Cid, Eduardo Durán, Erika Olivera, Andrés Longton y Aracely Leuquén- se pidió a las autoridades que las empresas mejoren sus canales de comunicación con sus clientes.