Por Nicolás Álvarez Arrau

Varios diputados ya anunciaron que rechazarán las modificaciones hechas por el Senado al proyecto que limita la reelección de autoridades, entre las que se encuentran parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales.

De cumplirse, esto obligaría a formar una comisión mixta para saldar las diferencias y, finalmente, aprobar la legislación. La iniciativa ahora inicia su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

En Biobío son nueve los diputados que se mostraron a favor de que la propuesta contabilice los ciclos anteriores: Félix González (PEV), Joanna Pérez y José Miguel Ortiz (ambos DC), Leonidas Romero, Cristóbal Urruticoechea y Francesca Muñoz (todos RN), Jaime Tohá, Gastón Saavedra y Manuel Monsalve (todos PS).

Al contrario, José Pérez (PR), Sergio Bobadilla, Iván Norambuena y Enrique van Rysselberghe (todos UDI) dijeron que no comparten este aspecto del proyecto de ley.

Discusión lamentable

Luego de ser postergado en varias ocasiones, la tarde del martes por fin pudo ser discutida en segundo trámite en la Cámara Alta la iniciativa sobre reelección.

Aunque el último estallido social y las protestas ciudadanas hacían suponer que la retroactividad del proyecto debía ser aprobada, especialmente para evitar que las autoridades se perpetúen en sus cargos, igualmente faltaron cuatro votos para alcanzar el quórum necesario (26).

Debido a aquello, la disposición transitoria que considera la retroactividad debió ser desechada por la Cámara Alta.

A nivel local, los senadores Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Alejandro Navarro (PRO) entramparon la iniciativa al rechazar e inhabilitarse, respectivamente. Sus argumentos se basaron en que la propuesta no soluciona los problemas de fondo y que esta discusión no se condice con los actuales tiempos de emergencia.

Sobre lo ocurrido en el Senado, el diputado Manuel Monsalve planteó que "el mandato de la ciudadanía en este ámbito es muy nítido, ya que hay una amplia mayoría de chilenos que está por limitar la reelección de las autoridades de manera retroactiva. Lo que ocurrió este martes es actuar a contrapelo de la voluntad popular y aleja al Congreso de los ciudadanos. El Senado cometió un error".

Sus pares Leonidas Romero y Jaime Tohá concordaron, y puntualizaron que lo que ocurrido en la Cámara Alta fue una situación lamentable, pues lo que se debió hacer era dar una señal potente a la ciudadanía y no "echar combustible al descontento social".

Al contrario de estas apreciaciones, los diputados Bobadilla y (José) Pérez creen que es la propia ciudadanía quien deben elegir y sancionar el desempeño de las autoridades y no una ley.

Como una forma de aplacar la polémica, el diputado José Miguel Ortiz, quien lleva 30 años ininterrumpidos en la Cámara, defendió el debate y agregó que todos los planteamientos expuestos por los senadores "fueron de alto nivel, lo que demuestra que la institucionalidad sigue más vigente que nunca".

En el caso de los parlamentarios, la medida busca que los diputados y senadores no ejerzan continuamente más allá de tres y dos períodos, respectivamente. El efecto retroactivo consideraba los ciclos ya consumados, por lo que en la zona iban a ser siete los legisladores impedidos de repostular a sus actuales cargos: los senadores Pérez y Navarro, y los diputados Monsalve, Norambuena, Ortiz, Van Rysselberghe y (José) Pérez.

Tercer trámite

Según Iván Norambuena, dado que el tema de la retroactividad ya se zanjó en el Senado, la polémica disposición transitoria no debería volver a ser analizada.

"Aún cuando el proyecto volverá a comisión mixta por las discrepancias, como la retroactividad no estuvo en el proyecto original, ya no es tema", argumentó.

Esta afirmación fue descartada por el diputado González, quien aseguró que la retroactividad sí tendría que ser recogida en una posible comisión mixta. "Quizá el diputado Norambuena sabe algo que nosotros no", insinuó.

Si bien hasta la tarde de ayer aún no había una fecha definida, varios diputados coincidieron en que la discusión de la Cámara para el tercer trámite legislativo pudiese efectuarse dentro de la próxima semana. Allí, acotó la diputada Joanna Pérez, "hay que estar a la altura y agilizar el debate, de tal manera de sacar durante esos días este proyecto".

En entrevista con Diario El Sur, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, abordó ayer el actual escenario de emergencia por el que atraviesa la capital regional y el país. En su análisis, el jefe comunal sostuvo que, a raíz del contexto sanitario, se concordó con la gente del área gastronómica que "no hay ninguna posibilidad, o es muy complicado" que los restaurantes locales vuelvan a abrir antes de octubre.

La declaración del alcalde tuvo rápida respuesta. Humberto Miguel, presidente de la Asociación de Empresas del Biobío (Asem), instancia gremial que hoy reúne a cerca de 60 propietarios de establecimientos de este rubro en la intercomuna, puntualizó que la afirmación de Ortiz carece de veracidad, ya que no existen acuerdos convenidos entre los representantes de estos recintos y el municipio.

El dirigente agregó que el haber dado una fecha tan taxativa de reapertura produjo "una angustia tremenda", ya que a raíz de la emergencia hoy los restaurantes experimentan una situación crítica. "No hay ventas y hay algunos que están haciendo servicios delivery, pero eso no alcanza ni para los gastos fijos (…) Tampoco los bancos están apoyando y esta es una situación tremenda, por eso cuando viene alguien y dice que hay un acuerdo y que estamos hablando de seis meses más, eso desmoraliza a cualquiera. No corresponde una aseveración así", afirmó Miguel.

Economía

Mauricio Gutiérrez, seremi de Economía, aseguró que todo este tema es bastante delicado, ya que confluyen, al menos, dos aspectos relevantes: la salud de las personas y la situación que vive hoy la gastronomía y el turismo local, a propósito del impacto económico de la pandemia.

"Más que decir fechas, yo invitaría al alcalde Ortiz a tener un diálogo más profundo con aquellos que se dedican a este rubro", dijo.

Según el secretario regional ministerial, dentro de los diálogos que él ha mantenido con estas personas se ha expuesto la necesidad de trabajar en conjunto con la autoridad sanitaria, de tal manera de establecer diferentes propuestas para abrir paulatinamente sus recintos en el futuro y en línea con el respeto del distanciamiento social y la salud de los clientes y colaboradores.

Por eso, Gutiérrez añadió que decir que la reapertura se podría dar a fin de año "puede sonar muy violento para un sector que genera muchos empleos e ingresos familiares".

Durante los próximos días la Seremi de Economía abrirá una mesa de trabajo con la autoridad sanitaria y representantes del rubro en cuestión.

Con una cartera de proyectos en distintas áreas y destacando la alta inversión, el seremi de Obras Públicas (MOP) Daniel Escobar realizó su cuenta pública, en la que destacó los $118 mil millones invertidos en obras durante 2019, un 3,2% más respecto a la ley de presupuestos del año anterior.

"En 2019 primó la inversión en conectividad y justicia social: no solo en conectividad en zonas rurales, sino que interurbana, con proyectos importantísimos, como destrabar el Puente Bicentenario, terminar las terceras pistas de la Ruta 160, licitar el puente Duqueco, entre otros", dijo.

Sobre las proyecciones de obras para este año, Escobar dijo que todas las regiones "tienen una ventaja comparativa, y en el caso de la Región están los seis puertos pesqueros e industriales; lo que faltaba era la infraestructura, y esperamos que la inversión que viene desde 2019 y se proyecta hasta 2021, genere un foco productivo que absorba la zona centro sur del país. Hemos visto cómo las exportaciones aumentan, y tenemos que pensar en cómo hacerlo vía aérea, para lo que se ha estado trabajando con las obras de Carriel Sur. Eso permitirá tener crecimiento económico, y más inversión".

A la hora de abordar las obras para el segundo semestre, el seremi de Obras Públicas dijo que "en materia de empleo debemos estar con el acelerador a fondo, pero cumpliendo con las restricciones sanitarias. Se había proyectado generar cerca de 4.300 empleos y al día de hoy eso se ha ido cumpliendo. La ejecución presupuestaria va al 100% y proyectamos generar cerca de dos mil empleos".

El municipio de Santa Juana entregó una canasta familiar, un cilindro de gas y un quintal de harina a los transportistas escolares de la comuna, quienes atraviesan por una compleja situación debido a la suspensión presencial de clases, a propósito de la pandemia por covid-19. La entrega la realizó el alcalde Ángel Castro en conjunto con el equipo de Dideco.

Ismenia Palma contó que son 16 transportistas escolares en Santa Juana y "estamos viviendo tiempos difíciles (...) con esta situación estamos todos sin empleo, tenemos muchos colegas que están pagando créditos".