Por LORENZO PARRA RAMÍREZ

Un día más de duración tendrá el cordón sanitario, el tercero que se aplica en el Gran Concepción desde el estado de Excepción, y que hoy comenzará a aplicarse en las comunas Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Penco, San Pedro de la Paz y Hualpén.

La medida que impide el ingreso o salida de estas zonas comenzará a las 18 horas de hoy y se extenderá hasta las 22 horas del domingo 24 de mayo. Con ello se busca frenar el acceso a segundas viviendas y con ello, prevenir los contagios de coronavirus.

En el balance de ayer sobre la enfermedad en la Región, se informó de 28 nuevos casos, lo que da un acumulado de 1.172 contagios en la zona. Asimismo, las autoridades locales confirmaron un nuevo cordón sanitario en cinco comunas de la Provincia de Concepción y que mantendrán los seis puntos de control que se han establecido en las medidas anteriores.

El jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante Carlos Huber, mencionó que al igual que las dos veces anteriores, solo las personas que tengan la autorización correspondiente podrán ingresar o salir de estas comunas. Quienes sean sorprendidos sin la documentación requerida serán devueltos.

Expectativas

El primer cordón sanitario de la provincia se registró durante Semana Santa. En esa fecha se controló a 30.704 conductores, de los cuales 2.332 carecían de los salvoconductos para salir de estas zonas.

En tanto, durante el fin de semana del 1 de mayo -el segundo cordón sanitario provincial- se fiscalizaron 54.482 vehículos, siendo 2.742 enviados de vueltas a sus domicilios por no contar con los permisos.

Sobre esta medida que se vuelve a aplicar, el seremi de Salud Héctor Muñoz, planteó que se controlará estrictamente el cordón y que no permitirán que sea vulnerado por personas que quieran ir a una segunda vivienda.

"No lo vamos a permitir en la Región y para eso estamos haciendo más esfuerzo de lo que ya hemos hecho", enfatizó Muñoz.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, al igual que en otras oportunidades, catalogó el cordón sanitario como una medida "parche" por parte de las autoridades.

"Volvemos a reiterar que debe haber una cuarentena total, obligatoria, en la comuna de Concepción y ojalá dentro de la provincia", afirmó el jefe comunal.

Más medidas

Sobre la posibilidad de extender por más tiempo el cordón sanitario en la zona o que se tomen nuevas medidas para hacer frente a la enfermedad viral, Muñoz comentó, sin entregar detalles, que estas podrían ser anunciadas hoy por las autoridades nacionales.

Al igual que Ortiz, otros jefes comunales han solicitado que se apliquen controles en sus comunas e incluso, medidas más restrictivas para obligar a que los vecinos respeten el confinamiento.

Una de las zonas que más preocupa debido al alza de casos en las últimas dos semanas es la Provincia de Biobío, principalmente las comunas de Los Ángeles y de Laja. Desde el 6 de mayo, la provincia acumula 164 contagios nuevos, y hoy tiene más casos activos (166) que recuperados (93).

Otro antecedente que refleja la compleja situación de la zona es que de las 1.443 personas de la Región que están actualmente en cuarentena, el 58% (840 casos) es de ese territorio.

Brotes

El seremi Muñoz señaló que desde el inicio de la pandemia, Biobío ha tenido 57 brotes, de los cuales ahora solo hay 23 activos. La autoridad sanitaria destacó que 34 brotes ya "salieron de su condición, tras 14 días sin presentar casos".

Del total de los brotes activos, el que tiene mayor data es el de la Clínica Sanatorio Alemán, que se detectó a mediados de abril. Este conglomerado acumula 71 contagios en total.

Asimismo, de los 23 conglomerados que aún están con casos activos, al menos siete son de la Provincia del Biobío. En esta zona, los brotes más importantes son el de una fiesta domiciliaria en la comuna de Laja (29 casos) y el de la Vega Techada en Los Ángeles (25).

A los cinco pacientes de la Región Metropolitana que ya están siendo atendidos en el Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción por covid-19, ayer se le sumaron otros cinco que requerían conectarse a un ventilador mecánico invasivo.

Con ello, la cifra de personas de otras regiones hospitalizadas en recintos de salud del Biobío se elevó a 14 casos, lo que corresponde a la mitad del total pacientes internados en camas críticas locales.

El Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles tenía cuatro personas internadas de la Región de La Araucanía y el Hospital Regional de Concepción tiene 10 pacientes de la Región Metropolitana.

El seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, aseguró que la cobertura de camas críticas de la Región del Biobío está asegurada: "La disponibilidad de camas UCI alcanza a un 47% y camas UTI un 37%".

En cuanto a la disponibilidad de ventiladores mecánicos invasivos, hasta antes de que llegaran los nuevos pacientes habían 95, por lo que el ingreso de las cinco personas de la Región Metropolitana debió bajar la cifra de respiradores a 90.

Pacientes

Dos pacientes, uno de 56 años y otro que no se divulgó la edad, fueron los primeros en llegar. Lo hicieron en dos aviones ambulancia y a las 17 horas ya estaba instalados en el Hospital Clínico Regional.

Estos pacientes, al igual que en los otros cinco casos anteriores que se hospitalizaron en el recinto asistencial de Biobío, arribaron en cámaras selladas con presión negativa, para mantenerlos estables durante el vuelo.

Luego estos fueron traslados en ambulancias al Hospital Regional.

Al cierre de esta edición, la Fuerza Aérea de Chile trasladaba a otras tres personas para ser ingresada en el recinto de salud penquista. Inicialmente se consideró a un usuario más, pero por su delicado estado de salud se optó por cancelar el viaje.

De acuerdo a la información que se logró obtener, las edades de los seis pacientes que llegaron a la zona bordean entre los 38 y 65 años. Además, se conoció que estas personas vienen de los hospitales Padre Hurtado de la comuna de San Ramón y Sótero del Río de Puente Alto.

En total incertidumbre viven hoy las siete familias de Aurora de Chile que habitan justo en la zona donde se proyecta la construcción del atravieso del Puente Bicentenario hasta la avenida Chacabuco. La obra es la única restante para completar el viaducto y está próxima a terminar su fase de diseño de ingeniería, lo que habilitaría al ministerio de Obras Públicas para iniciar el proceso de licitación de los trabajos a partir del segundo semestre.

De continuar esos plazos, las obras podrían comenzar durante el primer trimestre del próximo año, lo que obligaría la ejecución de las sentencias judiciales dictadas por tribunales civiles que ordenan el desalojo de siete familias de Aurora de Chile, las últimas que siguen viviendo en ese sector.

La situación judicial de las familias corre por dos carriles distintos, explicó la abogada. Uno de ellos es el que siguió el Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu, para poder recuperar para el Fisco los terrenos por donde se debería realizar la construcción, lo que consiguieron en gran parte entregando soluciones habitacionales a un alto porcentaje de familias que viven en el sector.

El otro es a través de la justicia ambiental. "No obstante, esta oferta, existe un porcentaje menor de familias que no quisieron formar parte de los proyectos y rechazaron los ofrecimientos en este sentido y otras que pudieron ser objeto de atención, por motivos reglamentarios, y cuyos terrenos son indispensables para la construcción de los diversos proyectos, debieron ser resueltos mediante acciones judiciales", explicó el seremi de Vivienda y Urbanismo, James Argo, en la edición de ayer de Diario El Sur.

CAMINOS PARA SEGUIR

La abogada de las familias, Paula Villegas, explicó que el escenario de sus representados es complejo y que sólo dependen del pronunciamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde presentaron recursos judiciales para detener la construcción de la obra, causa que finalmente fue archivada por el Tercer Tribunal de Valdivia, que tiene jurisprudencia en la Región para casos de esta índole.

"La única manera para nosotros es que exista un pronunciamiento oportuno de la Superintendencia. Ideal sería que la Superintendencia reconociera que existe elusión y que las cosas se hicieran como corresponde, pero si eso no ocurre, el camino que nos queda es el Tribunal Ambiental y a través de esa vía, medidas cautelares para impedir los desalojos, no en los juicios civiles donde se ventilaron los precarios", explicó Paula Villegas, abogada de las familias.