Por Redacción

El Presidente Sebastián Piñera ayer afirmó, en su saludo del Día del Trabajador, que "si todos nos quedamos acuarentenados en nuestras casas vamos a tener una crisis social de desempleo", razón por la que es preciso "volver a poner en marcha nuestra sociedad".

"Estamos impulsando un programa de retorno seguro (al trabajo). ¿qué significa eso? Son dos palabra simples. Seguro: toda persona que retorne a su actividad normal, ya sea funcionarios públicos, trabajadores del sector privado y en el futuro estudiantes, lo van a hacer cuando podamos asegurar normas sanitarias que van a proteger con eficacia su salud", dijo el Mandatario desde La Moneda, junto a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, un recolector de basura, una enfermera y una carabinera.

Ante el significado de "retorno", Piñera explicó "que tenemos que volver a poner en marcha nuestra sociedad, porque si todos nos quedamos acuarentenados en nuestras casas vamos a tener una crisis social de desempleo, de quiebra, que va a producir un daño gigantesco a la calidad de vida. Y por eso retorno es volver a retomar nuestras actividades. Seguro es hacerlo con una prioridad y una preocupación principal en la salud".

desempleo record

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó esta semana que el desempleo llegó a 8,2% en el primer trimestre de este año, un más 1% respecto al mismo período de 2019, a causa del cierre de cientos de negocios por el avance de la pandemia. Este número es el más alto registrado en una década.

"Sabemos que esa cifra toma solamente las dos últimas semanas de marzo y que la situación se ha ido agravando", sostuvo el Presidente, razón por la cual "es muy posible que la cifra de desempleo sea mucho mayor y esté creciendo".

El Gobierno, debido a esto, mantiene una "enorme preocupación por mitigar y aliviar las circunstancias que viven las personas sin trabajo", dijo Piñera.

Una de estas medidas fue el envío al Congreso del proyecto de ingreso familiar de emergencia, cuya creación fue aprobada el jueves por la Cámara de Diputados, pero rechazado el pago de $65 mil por persona y cargas familiares, durante tres meses y de forma decreciente. Actualmente está en el Senado.

"Pido al Congreso que aprobemos la ley de ingreso de emergencia porque lo necesitan con desesperación, con urgencia muchas familias", dijo el Presidente, junto con llamar a que se "sigan creando trabajos y protegiendo los trabajos".

Un grupo de senadores de la oposición pidió ayer al Gobierno garantizar 100 litros de agua potable para cada persona que viva en zonas afectadas por la sequía, ya que los camiones aljibes enviados por el Ejecutivo y las municipalidades solo entregan la mitad, factor que podría aumentar el número de contagiados por coronavirus, ya que estas personas no pueden con el lavado frecuente de manos.

Los legisladores Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Ximena Órdenes (Independiente), José Miguel Insulza (PS), Guido Girardi (PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y Alejandro Guillier (Independiente) firmaron una carta que asegura que "más de 500.000 chilenos viven sin posibilidad de acceso regular al agua potable, abasteciéndose mediante camiones aljibes del Gobierno y los municipios, los cuales entregan sólo 50 litros diarios por persona".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica en sus análisis que cada persona necesita al menos 100 litros diarios de agua para sus necesidades de consumo e higiene, en condiciones de vida normales. En un escenario de pandemia, este requerimiento se torna más urgente, ya que una de las principales medidas ordenadas por la misma entidad es lavar las manos frecuentemente.

"Sin embargo, a la fecha, el Gobierno continúa entregando sólo 50 litros de agua diarios por persona, lo que en el presente contexto de pandemia mundial atenta contra del derecho humano al agua, reconocido internacionalmente por Chile, y más todavía al derecho a la salud y a la vida, garantizados por nuestra Constitución", indicaron los senadores, razón por la que pidieron al Ministerio del Interior "aumentar a 100 litros por persona la cantidad de agua a entregar".

desarrollo rural

El Ministerio de Agricultura, en paralelo, lanzó la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), que busca "mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita estos territorios", con el trabajo conjunto de 14 ministerios.

Las medidas estarán centradas en la disminución de las brechas de acceso a bienes y servicios, mejorar el desempeño y dinamismo local, así como la sustentabilidad ambiental, valorando espacios naturales y gestionado sus riesgos; junto con resguardar y valorizar el patrimonio.

La Fiscalía Metropolitana Oriente ayer informó la detención de dos excarabineros, investigados como posibles autores de la balacera que se produjo el lunes durante una manifestación nocturna en La Florida, Región Metropolitana, donde 10 personas fueron heridas. Los delitos investigados pueden acarrear entre 10 y 15 años de cárcel para quienes resulten responsables.

El General Director de Carabineros, Mario Rozas, dijo que los involucrados "están muy lejos de ser la regla" en la institución. "Hay que esperar que la justicia aclare lo sucedido", señaló Rozas ante la formalización de los dos uniformados que ya fueron dados de baja. "Aquellos que se alejen de nuestra formación y doctrina no representan, si siquiera una ínfima fracción de lo que somos. (...) Los invito a todos a repudiar con fuerza los actos que se aparten de la ley o de nuestras normas y caminar con la frente en alto, sabiendo que esas pocas excepciones, están muy lejos pero muy lejos de ser la regla, aunque algunos digan lo contrario", afirmó Rozas.

En tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó que el Gobierno presentó una querella por homicidio frustrado: "Aquellas personas que cometen delitos van a ser perseguidos por la justicia y por las policías, y esas investigaciones llevarán a determinar la responsabilidad que tuvieron en los hechos".

La autoridad, además, detalló que quienes abrieron fuego contra los manifestantes en el Día del Carabinero "fueron dos personas que, siendo parte de la institución, además siendo funcionarios públicos, teniendo la obligación de cumplir con los principios de probidad y de responsabilidad en el cumplimiento de la función pública, estando en sus horas de civil, cometieron un delito".

El fiscal regional, Manuel Guerra, señaló que, tras las investigaciones, la PDI determinó la participación de ambos sujetos en los hechos, quienes ayer fueron formalizados por homicidio frustrado reiterado y podrían arriesgar entre 10 y 15 años de cárcel.

Agregó que "el delito de homicidio frustrado reiterado contempla penas de 10 años y un día, a 15 años de privación de libertad, y la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por lo grave del hecho, la cantidad de víctimas involucradas, porque pusieron en riesgo la vida de las personas que es el bien más preciado".Ello, tras la realización de un peritaje balístico y bioquímico, que confirmó "la participación de los sujetos, los cuales huyeron del lugar".