El 24 de abril la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz presentó una querella en contra de Evelyn Oñate, exdirectora de la residencia Nido de Hualpén, y todos quienes resulten responsables por los delitos de violaciones reiteradas, abuso y explotación sexual a menores de 14 años, sufridas por dos hermanos que vivieron en el inmueble que trabajaba como organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 2014 y 2019.

Esta es una de las dos querellas que terminaron con el cierre del inmueble, el traslado de los menores a otras residencias y con un nuevo debate sobre el rol que juega el servicio frente a estos hechos.

Muñoz calificó estos hechos como gravísimos, apuntando a que nadie espera que se cometan delitos de esa naturaleza en contra de ningún niño, niña o adolescente (NNA), "y si consideramos que ello ocurre en un contexto donde los niños debieran estar protegidos por el Estado, independiente de si esa protección la ejecuta de manera directa algún centro de administración del Sename u organismo colaborador, se agrava aún más la situación, porque lo que pasa es todo lo contrario a lo que debiera ocurrir en lugares como esos".

La defensora señaló también que espera que la investigación penal avance con rapidez y establecer todas las responsabilidades, ya que los delitos "no solo son deleznables, sino que de la máxima gravedad y con un impacto de un nivel tan significativo y muchas veces irreparable para las víctimas".

Sobre la querella en sí, explicó que individualiza a dos víctimas, "pero evidentemente la indagatoria tiene que desarrollarse con la finalidad de determinar si es que podrían existir otras víctimas, y en qué circunstancias ocurrían estos hechos. Esto, sin duda, tiene por una parte la necesidad de responder en términos de las responsabilidades que involucran a este caso, pero también acá está y pesa la gravedad de situaciones al entender que no se está previniendo que este tipo de actuaciones ocurran".

-¿Considera que falta mejorar los mecanismos de prevención frente a estas situaciones, que tiene hoy el Sename?

-Cuando ya los delitos ocurren siempre estamos llegando tarde, por mucho que se presenten acciones judiciales, se investigue e incluso se llegue a sancionar a las personas responsables. El daño a las víctimas ya se provocó. La responsabilidad del Sename -el organismo destinado a proteger, como responsable de parte del Estado, a quienes están por disposición de tribunales designados en su cuidado- es fundamental. Lo que hemos constatado, desafortunadamente y no solo la Defensoría, sino que por ejemplo un informe del Comité de los Derechos del Niño en 2018, que ha dado cuenta de cómo no se han podido proteger los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que han estado bajo cuidado del Estado, ocurriendo por más de cuarenta años (…) La urgencia con que se afronta una reforma estructural que efectivamente les brinde protección, no ha sido la que merecen los NNA.

-¿Considera suficiente la respuesta de la institucionalidad, considerando lo que anteriormente ya ha enunciado respecto a la falta de celeridad por parte del servicio y que esta semana se confirmó el cierre de la residencia y el traslado de los menores?

-Si hablamos de que al interior de una residencia hay niños que develan hechos de connotación sexual que les ha afectado como víctimas, es porque no se ha hecho lo que se ha tenido que hacer por parte del servicio. Acá tanto el organismo colaborador como el Sename tienen deberes específicos en orden al cuidado, y si bien el servicio opta por delegar la intervención con estos niños a organismos colaboradores, lo que nunca puede delegar es su responsabilidad de protección efectiva y cuidado efectivo de esos niños, y por tanto, ejercer acciones de fiscalización, control y supervisión permanente que permitan que ningún NNA que esté bajo el cuidado del Estado sea violentado en sus derechos, y no existe posibilidad de sostener que eso sea una actuación eficiente de parte del servicio. Entonces, reaccionemos, pero la idea es que esto no pase, y efectivamente la decisión de poner término a la concesión es lo mínimo esperable.

-Si las sanciones conocidas apuntan a un mínimo esperable, ¿Qué otras medidas debiesen adoptarse frente a esta situación?

-Si estamos hablando de una residencia donde se develan situaciones tan graves, lo mínimo que uno espera es que ese organismo colaborador no pueda ni deba tener posibilidad de ser responsable del cuidado de ningún niño, porque no está en condiciones de hacerlo, y si lo hace seguimos perpetuando en el tiempo situaciones de la gravedad como las que hemos conocido y otras situaciones de vulneración que no son aceptables en un deber del Estado de proteger los derechos humanos de quienes son su exclusiva y directa responsabilidad.

-¿Ha recibido nuevos antecedentes en las últimas horas respecto a este u otros casos, considerando la preocupación que se ha elevado por parte de los familiares de estos niños por la falta de información?

-Estamos a la espera de la entrega por parte del Ministerio Público de todos los antecedentes de la investigación; como querellantes tenemos el derecho a acceder a esa información. Nos preocupa que pese a la gravedad de la situación, la persona que ha sido querellada aún no es formalizada, así como también esta dificultad que tuvo el programa Mi Abogado para poder lograr el traslado de esa residencia a otros lugares donde estén protegidos. No podía pasar que los niños siguieran estando en la residencia, expuestos no solo a la revictimización y situación de vulneración, sino a que se trate de evitar que cuenten aquellas cosas que han podido ver o vivir, en un afán de protección de quienes son denunciados.

-De hecho, surgió un conflicto entre los tribunales de Familia de Concepción y Talcahuano…

-Lamentablemente, ahí hubo un oposicionismo del Sename y también ha habido una resolución que desde nuestra perspectiva, no se condice con el interés superior de esos niños por parte del tribunal que se oponía al traslado para que no se vayan de la jurisdicción del tribunal, lo que nos parece que no se condice con su deber. Nos parece positivo que se haya concretado el traslado, ya que así se evita que esta situación se siga dilatando, y que vaya en coherencia con la decisión del término de colaboración con la institución. El término del convenio debe ser con el organismo colaborador, no solo con la residencia, porque acá tiene que ver con la estructura de la institución involucrada, así que esperamos conocer qué determinación adopta Sename.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, llegó este jueves a la Región del Biobío. Lo hizo sin la presencia de medios de comunicación locales, tal como sucedió durante la última visita del Presidente Sebastián Piñera, el 10 de abril pasado, cuando el Mandatario inspeccionó las instalaciones médicas del buque Sargento Aldea.

Según un comunicado enviado desde la cartera de Defensa, el viaje de la autoridad tuvo por objeto constatar el trabajo del personal de Fuerzas Armadas en medio de la pandemia de covid-19 y reconocer las labores cumplidas desde que se inició el Estado de Catástrofe durante la segunda quincena de marzo, tanto por el personal militar, las policías y los equipos de salud.

Luego de visitar La Araucanía y reunirse con soldados profesionales de diferentes zonas del país, Espina se dirigió hasta la Base Naval de Talcahuano, en donde se reunió de manera privada con el intendente Sergio Giacaman, el contraalmirante Carlos Huber, jefe de la Defensa Nacional para Biobío, el general Luis Humeres, jefe de Zona de Carabineros, y Hugo Ruiz, prefecto inspector de la Policías de Investigaciones.

De la misma forma, el ministro visitó el Hospital Naval de la ciudad chorera. Al interior del recinto de salud, Espina saludó al personal médico y les agradeció el trabajo que han mantenido dentro de la emergencia sanitaria y los toques de queda.

"Es muy emocionante ver las ganas y energía que tiene el personal de salud del Hospital Naval de Talcahuano después de tantos días dando la pelea contra el covid-19. Son un gran ejemplo de compromiso con la comunidad y estamos profundamente orgullosos de ustedes", escribió la autoridad a través de sus redes sociales.

Más tarde, junto a su comitiva, sostuvo una reunión de trabajo en la comandancia en jefe de la segunda Zona Naval e inspeccionó uno de los puntos de control que fiscalizará el cordón sanitario en el Gran Concepción durante este fin de semana largo.

"Muchas gracias por lo que hacen por nuestra patria; va a ser siempre reconocido por nuestros compatriotas", sentenció el ministro luego de su visita. Añadió que "han hecho una excelente labor. Están cumpliendo una función que los enaltece y que no solo llena de orgullo a las Fuerzas Armadas, Carabineros o la PDI, sino a todos los chilenos".

El intendente Giacaman fue consultado por la visita del ministro, pero declinó referirse al tema.

Un hombre de 42 años fue encontrado muerto en las afueras del SAPU Leonera de Chiguayante durante la noche del jueves. La información fue confirmada ayer por el comisario Jorge Abatte, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción.

De acuerdo al policía, el cuerpo fue hallado con impactos de proyectil balístico en su tórax y abdomen. "Se establece que, alrededor de las 21.30 horas del jueves, la víctima se encontraba en una plaza del sector de la Villa Futuro, momento en los cuales un sujeto se acerca y le dispara en reiteradas ocasiones", puntualizó Abatte.

Según el gobernador provincial Robert Contreras, serían, al menos, seis los proyectiles recibidos por esta persona.

Tras el incidente, el hombre fue llevado hasta el recinto hospitalario por parte de algunos vecinos.

Hasta el mediodía de ayer, la PDI informó que aún se mantenía activo el trabajo investigativo y de análisis para establecer las causas y motivaciones que originaron este crimen. Para ello, agregaron, se desarrolla un proceso de empadronamiento de personas a fin de determinar la identidad del sujeto y los responsables de su fallecimiento.

Estas labores también están siendo coordinadas con el Servicio Médico Legal y el Ministerio Público.

-¿Qué opinión le merece la carta que envió el seremi de Justicia, Sergio Vallejos, quien señaló que la Corte de Apelaciones obligó a la defensoría a hacer pública la querella que usted como defensora presentó la semana pasada?

-Creo que el seremi está mal informado, porque no tiene suficientes antecedentes respecto a cómo conocimos los hechos y qué motivó nuestra actuación. La corte no nos ha emplazado a nada, y da cuenta de que le falta información. Respecto a la publicidad, acá hay que tener súper claro que dice relación con la gravedad de los hechos, porque ni las identidades de los niños ni las situaciones específicas que están viviendo ahora han sido publicitadas y no corresponde que sea así. Acá lo que no se puede pretender por parte de una autoridad pública es que situaciones de la gravedad como esta no sean conocidas por la ciudadanía, porque precisamente el silencio y la opacidad con que se han mantenido las vulneraciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo el resguardo del Estado, es lo que ha hecho que estas se perpetúen en el tiempo. Es hora de que se sepan y se sigan sabiendo los hechos de esta naturaleza, ya que permitirá que se entienda por parte de los responsables la necesidad de cambiar la estructura de esta situación.