Pese a ser un alcalde oficialista, el jefe comunal de Talcahuano, Henry Campos, se ha mostrado reacio a una serie de medidas y anuncios decretados desde el Ejecutivo, a raíz de la actual crisis sanitaria por coronavirus que golpea a la Región y al país.

Las intervenciones del militante UDI y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), las cuales se pueden ver en redes sociales, se han cuadrado con las del resto de autoridades locales de oposición que han solicitado mayores medidas restrictivas para resolver los problemas económicos provocados por la pandemia de covid-19.

-¿Qué ha significado para usted lo ocurrido en las últimas semanas?

-Es una situación que no está exenta de complejidades, porque hay que tomar decisiones importantes pensando en la salud pública y en cómo seguir prestando los servicios primordiales para la ciudadanía desde la municipalidad. Decisiones que pueden ser mal tomadas por la comunidad o criticadas, o que pueden ser alabadas.

-¿Cómo cuál?

-Si hubiésemos hecho caso a la circular 18, que solicita la vuelta de todos los funcionarios, no podríamos prestar la asistencia social que muchos vecinos requieren si, eventualmente, se descubre un brote dentro de la municipalidad. Eso significaría un perjuicio muy importante al desarrollo de la actividad municipal, porque nosotros también tenemos que hacer pagos.

-El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró hace unos días que el haber suspendido las clases fue un "grave error". ¿Comparte esta afirmación?

-Nosotros suspendimos las clases porque sabíamos que los niños son un vector importante. Si no hubiésemos suspendido las clases estaríamos hoy, probablemente, con un alto nivel de contagio y, a lo mejor, se hubiesen cumplido las proyecciones que se tenían desde el principio. Sacar a los niños de clases permitió impedir que se propagara más rápido el virus, y eso lo demuestran las cifras.

-¿Qué tan responsable cree que está siendo hoy su Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta este llamado de "volver a la normalidad"?

-Aquí se colisionan dos elementos importantes: salud pública y activación económica, pero tenemos que ser prudentes, porque esto no es normalidad. Quiero recordar el caso de Bélgica. Ese país cerró todo e hizo, prácticamente, cuarentena total, manteniendo supermercados, algunas farmacias y hospitales abiertos, pero cuando se levantó la cuarentena, después de tener cifras exitosas, se les cayó el modelo de prevención en salud respecto al covid-19, y eso ha generado que hoy tengan la tasa de mortalidad más alta en Europa. Eso hay que cuidarlo. Ahora, creo que hasta el momento el Ministerio de Salud y los expertos han hecho un gran trabajo, especialmente al ver las tasas de contagio, que son bastante menores a las proyectadas, pero no hay que relajarnos.

-¿Cree que con el llamado del Ejecutivo pueda ocurrir lo de Bélgica?

-No sé si llegaremos al riesgo de Bélgica, pero sí es contraproducente pedir que las personas se queden en la casa y luego que vuelvan a los lugares de trabajo, porque los que están en sus casas también están haciendo teletrabajo.

Medidas locales

-¿Fue correcta la decisión de deponer las medidas restrictivas en Hualpén y San Pedro de la Paz?

-Estas medidas se toman en virtud de la estadística que hoy maneja el Gobierno y el Ministerio de Salud, por eso mismo es importante la transparencia (...) Entiendo que estas medidas se puedan levantar, pero también es importante que se les comunique a las autoridades por qué se levantan, cuáles son los criterios, cuál es la misión de levantar o colocar una cuarentena, pero que se establezcan criterios.

-¿Eso ocurre hoy?

-Desde esa perspectiva es importante un mayor grado de comunicación y tener más fluidez en ella y permitir que las autoridades tengan el conocimiento y el motivo de por qué se levantan o no.

-Usted fue uno de los alcaldes que, en su momento, solicitó decretar una cuarentena total, pero finalmente no fueron escuchados.

-En un momento pedí cuarentena para Talcahuano, pero hay que reconocer que la aplicación de la cuarentena en Hualpén y las medidas de cordón sanitario en San Pedro de la Paz redujeron los contagios en Talcahuano, y eso es por una razón, porque los casos de Talcahuano fueron todos exportados desde San Pedro de la Paz, Hualpén y otras comunas. Desde esa perspectiva, se logró frenar el nivel de contagio en la comuna.

-¿Cómo alcaldes se sienten tomados en cuenta por el Ejecutivo, especialmente usted?

-Siento que falta todavía escuchar la opinión de los municipios. Fui crítico con el intendente en algún momento y después de ese impasse hemos logrado recuperar los canales de comunicación. Siento que se ha ido tomando mayor opinión de los municipios, sin embargo, todavía falta. Se necesita un diálogo a nivel nacional más concreto, porque nosotros somos parte del Estado y somos las instituciones a quienes tocan la primera puerta. Tenemos conocimiento territorial y sabemos lo que se debe hacer.

Hasta los tribunales civiles de Concepción llegó el conflicto que enfrenta al ingeniero constructor José Luis Cárcamo, con la fundadora de la empresa Diseño Arquitectura Sustentable (DAS8) y exlíder de la asociación de emprendedores del Biobío, Betsy Concha.

El pasado 17 de marzo, Cárcamo ingreso una demanda ejecutiva en el 1° Juzgado Civil penquista para exigir el pago de un pagaré firmado en mayo del año pasado por un monto de $45 millones, luego que Concha invitara al profesional a formar parte de un proyecto que finalmente nunca se ejecutó.

La presunta millonaria deuda de la emprendedora se conoció la semana recién pasada, luego que el ingeniero hiciera pública una declaración en la que relataba el origen de su relación laboral con Concha y el fracaso de la misma, tras la confirmación de que el proyecto en el que participaría no se encontraba dentro de los financiados por la Corporación del Fomento de la Producción (Corfo).

A este caso se sumó la situación del empresario Ítalo Bretti, quien también acusó a la arquitecta de eventuales incumplimientos.

Sobre esto, la principal involucrada manifestó que nunca ha desconocido sus deudas y que siempre su interés ha sido saldar sus compromisos. Concha acusó que los relatos buscan desprestigiar su carrera en la zona.

La deuda

En mayo de 2018, Betsy Concha invitó al ingeniero constructor José Luis Cárcamo a participar del proyecto "Lafken-Tableros fabricados de residuos plásticos y redes de pesca, cuyo presupuesto asignado era de $200 millones. Hasta ahí los recursos estaban asegurados por parte de Corfo, supuestamente.

"Me explicó que ya había ganado varios proyectos en Corfo y que en todos se debía garantizar el 25% del total del proyecto (…) Se me pagaría un sueldo líquido de $2 millones, además de una utilidad por prestarle $50 millones de la supuesta garantía. Finalmente solo le presté $45 millones", relató Cárcamo en el escrito publicado la semana pasada.

El dinero fue entregado a través de dos cheques el lunes 13 de mayo de 2019. El primero a nombre de una supuesta ejecutiva de Corfo por un monto superior a los $7 millones y el segundo a nombre de la empresa de Concha, DAS8, por $37 millones 250 mil. Ambas partes firmaron un pagaré notarial como garantía por el monto prestado.

"Pasaron los meses y Corfo no transfería los primeros $100 millones (…) En ese momento, (Betsy) comenzó a darme distintos motivos por la demora", dijo.

Cárcamo reconoció que en diciembre de ese año Concha pagó la mitad de la deuda, sin embargo, afirmó que resta un saldo, que incluye sueldos pactados y caja chica.

A través de información obtenida por ley de transparencia, el ingeniero acreditó que el proyecto nunca fue adjudicado por Concha. Meses después, además, se comprobó que el primer cheque se utilizó para el pago de un arriendo de un galpón en Talcahuano. "Se ha comprometido a pagar en innumerables ocasiones y en ninguna ha cumplido", cerró Cárcamo.

Lograr el pago

Karen Muñoz, abogada de José Luis Cárcamo, explicó que, tras meses de negociación, el pasado 17 de marzo decidieron interponer una demanda ejecutiva en el 1° Juzgado Civil de Concepción para exigir el pago de la deuda.

"Se pide el pago de esta deuda por parte de DAS8, donde Betsy Concha es la representante legal. En este tipo de acciones no se pida nada más que no sea el pago de una cosa y realizar un embargo en el caso que sea necesario", indicó.

La abogada detalló que "esto ha sido de una tremenda complejidad para José Luis por todo lo que significó solicitar créditos y ahora verse complicado con esas mismas deudas". Muñoz sostuvo, eso sí, que siempre han estado disponibles para un eventual acuerdo entre las partes.

Actualmente la demanda se encuentra en proceso de notificación. Respecto a posibles acciones penales por eventuales delitos, la representante legal indicó que eso aún es materia de evaluación.

Reconocen deuda

Betsy Concha desechó las acusaciones y acusó que detrás de la narrativa existiría un afán de dañar su imagen, debido a su exposición pública. Asimismo, enfatizó que a la fecha son tres los proyectos de Corfo que se ha adjudicado.

"Difícilmente uno podría estafar a alguien si tiene transferencia de abonos de pago y reuniones con los abogados, como en el caso de Bretti. Las reuniones están agendadas para acordar una forma de pago", dijo.

La arquitecta enfatizó que "siempre se ha intentado pagar y como todo emprendedor no me enorgullezco de mis deudas, pero lo que uno hace es enfrentar los compromisos y pagarlos. Como cualquier pyme, le debo a personas y lo que hago es pagar (...) No soy la primera pyme que le debe a alguien".

Esto mismo, agregó, está dispuesta a abordar con José Luís Cárcamo: "Con el caso del señor Cárcamo, por supuesto que ha existido una voluntad de pago. Es imposible que se hable de estafa, cuando existe un abono cercano al 50%".

Betsy Concha indicó que "cuando las partes no están de acuerdo van a la justicia, pero claramente hablar de estafas no corresponde cuando existen acuerdos y la voluntad de pago.

El pasado 22 de abril, Betsy Concha interpuso dos recursos de protección en contra de José Luis Cárcamo e Ítalo Bretti por la información difundida. En ambos documentos se pide que los involucrados se abstengan de realizar nuevas publicaciones y a emitir disculpas públicas.

en contra líder gremial por millonaria deuda

Fue el consejero regional (UDI) Luis Santibáñez quien encendió las alarmas respecto al futuro del Parque Científico y Tecnológico que se proyecta construir en un terreno de la Universidad de Concepción (UdeC).

Santibáñez, en un programa radial, anunció que la empresa a cargo de las obras de urbanización no podría continuar con los trabajos. Estas se encontraban suspendidas hasta octubre de este año, decisión que se tomó el año pasado tras el estallido social.

Desde la Seremi de Obras Públicas, el director regional de Arquitectura, Aldo Careaga, informó que en el desarrollo del proceso aparecieron situaciones ambientales que afectarán los tiempos de la iniciativa, por lo que la empresa Valko, que se adjudicó los trabajos, informó su decisión de no seguir con la iniciativa.

"Tenemos un hallazgo que se hizo de unas especies protegidas que no estaban contenidas en los primeros planes de manejo forestales que tenía el proyecto (...) El proceso ha sido un poco largo, lo que ha significado que la empresa nos haya comunicado su intención de no perseverar con el proyecto", detalló.

Careaga añadió que están esperando que se concrete esta decisión para luego determinar con el Gobierno Regional la contratación de una nueva firma que se haga cargo de la iniciativa.

El Pacyt es una iniciativa público privada.