En medio de un incremento de los casos de contagiados por coronavirus (covid-19), el Presidente, Sebastián Piñera, anunció el pasado fin de semana que una de las medidas que se aplicarían para evitar nuevas casos sería el envío de un proyecto de ley que para resguardar a las personas, adultas mayores, que actualmente se encuentren privadas de libertad.

Dentro de eso mismo, el mandatario detalló que la medida estaba apuntada a la protección de este grupo, uno de los de mayor riesgo de contagio. La iniciativa busca sustituir la pena de privación de libertad por arresto domiciliario total para todos los mayores de 75 años, y aquellos entre 65 y 74 años, que les reste menos de un año para cumplir su condena.

De acuerdo a los registros de la dirección regional de Gendarmería, solo tres personas cumplirían los requisitos para obtener este beneficio en el Biobío. Un hombre y dos mujeres. Actualmente, la población penal en la Región es de 2.334, entre condenados e imputados.

Este proyecto de ley excluirá a aquellos condenados por delitos graves, de distinta naturaleza, y a delitos de lesa humanidad.

MEDIDAS LOCALES

El seremi de Justicia, Sergio Vallejos, explicó que la cifra internos que cumplirían con los requisitos es baja respecto al número de personas que se encuentran recluidas.

"En el caso de la Región del Biobío tenemos tres internos que cumplen con los requisitos para completar su pena de privación de libertad como arresto domiciliario total. Uno es interno del Centro de Detención Preventiva (CDP) Yumbel y dos mujeres del Centro Penitenciario Concepción", detalló.

De los 2.334 personas recluidas en la Región, 1489 corresponden a condenados y 845 se encuentran en prisión preventiva.

En paralelo a esta medida, la autoridad local informó que se adoptaron otras medidas al interior de los distintos penales del Biobío, para evitar así los contagios.

"Se restringirá la frecuencia de las visitas y el número de personas que podrá participar en ellas (1 visita a la semana con la asistencia máxima de 2 personas por interno), y habrá un estricto control sanitario para el ingreso de todas las personas a nuestros centros penitenciaros", precisó.

Vallejos agregó que se desarrolló un protocolo para garantizar el aislamiento de los eventuales contagiados al interior de dichos recintos. "Hemos tomado medidas de protección de la salud a los adultos mayores que no serán objeto del beneficio del indulto", indicó.

De forma paralela, el seremi confirmó que se gestionó la asignación a las unidades de material suficiente e insumos adecuados para atender esta situación. Como, por ejemplo, termómetros, guantes y mascarillas, estos últimos en caso de surgir algún caso confirmado o de sospecha de contagio para prevenir la trasmisión con otros internos o funcionarios del equipo.

Por otro lado, la Defensoría y la Corporación de Asistencia Judicial procurarán desarrollar sus gestiones judiciales, procurando la menor interacción de personas, buscando la tecnología para ello, como videoconferencias.

Paralelamente, se reforzará vacunación de influenza en estos recintos.