Preocupados están los vecinos de San Pedro de la Paz por el cierre de uno de los accesos a la Laguna Grande, en el sector de La Puntilla. Fue la semana pasada cuando la zona, que incluso cuenta con un mirador y un muelle, amaneció con una reja que impide el ingreso hacia la orilla del cuerpo de agua.

La sorpresa de los vecinos gatilló que se realizaran denuncias al Ministerio de Bienes Nacionales invocando la Ley de Acceso a Playas, situación que ahora está siendo investigada por la cartera, según informó el seremi Sebastián Abudoj, quien además indicó que esta semana se acrecentaron las presentaciones, alcanzando un total de seis ingresos.

La semana pasada se interpusieron dos denuncias por la misma situación, las que fueron ingresadas por vecinos del sector, detalló la autoridad.

"Ya realizamos las fiscalizaciones pertinentes para iniciar la etapa técnica de un eventual proceso de fijación de acceso a playa. Esta etapa técnica esperamos que dure cerca de un mes y que nos permita recopilar antecedentes sobre los propietarios, realizar estudios de título, identificar la existencia de eventuales servidumbres de paso y una vez finalizada esa etapa, iniciar una de participación con los servicios públicos involucrados, a los vecinos y a la comunidad, y revisar si procede aplicar la normativa de acceso a playas", dijo Abudoj.

La autoridad añadió que hasta ahora se desconoce quién o quiénes son los propietarios del terreno, con quienes esperan poder conversar una vez que los logren identificar, proceso que resulta gravitante para poder zanjar la solicitud de los vecinos y reabrir el acceso a la laguna.

OTRAS REVISIONES

Consultado por si esta situación gatilla una revisión general de accesos en la Laguna Chica, Abudoj dijo que harán las fiscalizaciones que correspondan siempre y cuando existan denuncias, las que se pueden efectuar de manera presencial en las oficinas de la Seremi, a través de la página web del Ministerio o, a partir de este año, utilizando la aplicación para dispositivos móviles que se creó para ese fin.

"A partir de cualquier denuncia que las personas pueden realizar en relación a la normativa de acceso a playas, nuestro Ministerio siempre tiene la obligación de fiscalizar, revisar los antecedentes del caso particular, activar la etapa de participación a los entes involucrados y, si procede la aplicación del artículo 13 de la normativa de acceso a playas, proponer un acceso al Gobierno Regional para que sea establecido", añadió.

Argumentando falta de seguridad por las recientes manifestaciones y disturbios registrados en nuestro país, ayer la compañía americana de electromovilidad Frog anunció por redes sociales el cese de sus funciones en todas las ciudades chilenas donde prestaban el servicio de arriendo de escúteres, entre ellas Concepción y Talcahuano.

En un escueto anuncio, en sus perfiles de Facebook e Instagram la empresa informó: "Queridos Froggers, debido a los recientes disturbios y manifestaciones, con la intención de preservar nuestra integridad y seguridad característica, hasta nuevo aviso no contaremos con servicio en las ciudades #frog. Gracias por la comprensión y el apoyo de siempre. Nos encontraremos nuevamente pronto".

Frog inició su funcionamiento en la Región del Biobío en mayo del año pasado. Aunque al principio fue criticado por contar con pocas unidades, luego sumaron 300 escúteres más hasta octubre de 2019, cuando también anunciaron el cese de sus funciones por el estallido social.

En Talcahuano, la más reciente incorporación que hizo la empresa a su red de cobertura local, llegó el 30 de enero. Desde entonces, todo parecía indicar que la empresa seguiría expandiendo sus equipos por el Gran Concepción, ya que incluso desde el año pasado se sabía que habían solicitado información a otros municipios de la zona.

La empresa también tenía operaciones en Valdivia y, hasta mediados de enero, en Rancagua.

Por ahora no hay información respecto del futuro de la empresa en Chile.

El Partido por la Democracia (PPD) efectuará este domingo una consulta ciudadana en Hualpén para definir al candidato interno que competirá por el sillón edilicio en las elecciones de octubre de 2020.

Los candidatos para esta instancia son la ex alcaldesa de Hualpén, Fabiola Lagos, y Miguel Rivera, hijo del ex jefe comunal, Marcelo Rivera.

Bernardo Daroch, presidente regional de la tienda, explicó que este proceso solo se desarrollará en dos comunas del país. "El proceso que vivirán Buín y Hualpén es inédito (...) A nosotros no nos interesan las decisiones cupulares, sino que sea la comunidad la que elija", dijo.

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Norambuena y Sergio Bobadilla, además del consejero regional Luis Santibáñez, presentaron ayer la impugnación comprometida hace una semana para anular el consejo regional del 29 de febrero y en el cual se ratificó el nombre de Jaime Vásquez como nuevo presidente de la instancia local, en reemplazo de Alejandro Reyes.

El documento de 13 páginas fue enviado vía correo electrónico e ingresado a la secretaría del Tribunal Supremo del partido, en Providencia. Además, el trámite le fue comunicado telefónicamente al presidente del organismo, Ernesto Illanes, por parte del diputado Norambuena.

De anularse la sesión, también se invalidaría la elección del exconsejero regional Jaime Vásquez como presidente regional del gremialismo, nombre propuesto por la timonel nacional del partido, la senadora Jacqueline van Rysselberghe.

Dado que se trata de una presentación formal, Norambuena explicó que el Tribunal debería dar "cierta celeridad" al trámite. "Vamos a esperar respuesta de cuándo se abordará el tema, pero seguramente seremos convocados para relatar los hechos, y estimo que será dentro de marzo", dijo.

Antecedentes

Parte de los argumentos esgrimidos por la disidencia advierten, por ejemplo, que la convocatoria de aquel consejo regional "ha de entenderse que se trata de una especia de autoconvocatoria (no contemplada en los estatutos) por algunos de los miembros del directorio", pues esta se habría realizado mientras el presidente de ese entonces, Alejandro Reyes, se encontraba haciendo uso de sus feriado legal fuera de la Región.

En segundo término, el documento denuncia que el ministro de fe del proceso, cargo que debiese ser asumido por un representante del Servicio Electoral, según planteó la disidencia, lo ejerció el consejero y militante Sebastián Bravo. Según el documento, él "obvió flagrantes vicios que un mínimo de objetividad le habría exigido imponer".

Como tercer aspecto, la reclamación interpuesta por Bobadilla, Norambuena y Santibáñez insiste en que a los consejeros que asistieron al encuentro "nunca se les avisó de qué trataría el consejo y de la importancia de los temas a tratar y de que este sería resolutivo y que habría votación".

Otro de los puntos abordados en el documento dicen relación con las facultades del Consejo Regional, la improcedencia analogía y el quórum de las votaciones.

Además de dejar sin efecto el proceso del 29 de marzo, los militantes que adscribieron a esta reclamación solicitaron al Tribunal Supremo investigar las responsabilidades de quienes hayan realizado la convocatoria y aplicar las sanciones pertinentes.

De no prosperar la acción en el Tribunal Supremo, la disidencia de la UDI recurrirá al Tribunal Electoral Regional. En caso de que haya una nueva negativa, la impugnación se extenderá hasta los tribunales de justicia.

Divididos

El diputado Iván Norambuena explicó que la acción presentada no se trata de una objeción a nombres, sino que "aquí se objeta el proceso mismo, de la forma cómo se llevó adelante".

Según el legislador, nunca había ocurrido en la UDI que las convocatorias se efectuaran de forma silenciosa: "A los 84 consejeros regionales no se les envió ninguna convocatoria, y eso tiene varias interpretaciones".

Por eso, agregó que pese a que en la UDI es común que se hable de la unidad de los militantes, "es evidente que el partido está dividido, y lo que espero es que esto vaya por un mejor camino, y qué mejor que se pronuncie el Tribunal Supremo (...) Esto afecta directamente al partido, sobre todo en su credibilidad interna y externa".

El actual presidente regional de la tienda, Jaime Vásquez, respondió que todo este asunto se debe a una confusión. "Estas cosas no nos hacen bien como partido, tampoco llevar la discusión a los medios de comunicación. Ellos están en su legítimo derecho, pero no se están respetando los acuerdos y yo lamento que, además, se cuestione un proceso que llevó adelante el presidente anterior", remarcó.

Justamente, el cambio de timonel estaba presupuestado desde el año pasado. La idea, según comentó Reyes en su momento, era llevar a cabo una especie de intercambio al interior de la directiva. Eso sí, quien asumiría el cargo principal iba a ser el consejero regional Patricio Kuhn.

Sobre los cuestionamientos de Norambuena a la afectación en la credibilidad del partido, Vásquez dijo que esto depende más bien del actuar de cada uno, sobre todo "cuando no se quieren respetar los acuerdos (...) ahí se pone en tela de juicio la credibilidad".