El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó ayer, durante la presentación de la Reforma Tributaria, que "si no somos capaces de condenar claramente la violencia y proteger la democracia, nuestra situación económica está condenada a la mediocridad", pese a la nueva política de impuestos que busca elevar la recaudación en US$2.200 millones.

La ley 21.210, que moderniza la legislación tributaria, fue publicada en el Diario Oficial el lunes, pero ayer se realizó en La Moneda el acto de promulgación de la reforma tributaria, que pretende elevar el presupuesto fiscal en US$2.200 millones, mediante la creación de un nuevo tramo del Impuesto Global Complementario (IGC) de tasa 40%, para ingresos mensuales sobre $15 millones, además de aplicar una sobretasa de contribuciones al patrimonio inmobiliario cuya suma de avalúo fiscal exceda los $400 millones, entre otras medidas.

Sin embargo, a juicio de uno de los impulsores de la medida, el ministro de Hacienda, existe el peligro de fracasar porque "hemos visto mucha tolerancia, mucha pasividad, mucha liviandad respecto de lo que esta violencia significa, (... que) al final del día es un golpe duro a nuestra democracia, y las decisiones relevantes económico-sociales que tenemos que tomar solo se pueden construir en un contexto de democracia".

Briones afirmó que, en medio de la crisis social que enfrenta el país, "no hay dos lecturas: a todos los chilenos nos preocupa el clima de violencia que estamos viendo, y si nosotros no somos capaces de condenar claramente la violencia y proteger nuestra democracia, la verdad es que nuestra situación económica está condenada a la mediocridad".

La Modernización Tributaria proyecta elevar la recaudación en cerca del 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), ante lo que el titular de Hacienda señaló que "no tenemos duda alguna que la ley que hoy día nos rige nos deja en un estado infinitamente superior al esquema tributario que teníamos antes de ayer".

Sobre la posibilidad de una nueva reforma tributaria, el ministro dijo que "nos parecería bien poco serio estar haciendo reformas tributarias todos los días".

El ministro de Defensa, Alberto Espina, ayer reiteró su condena al ataque con piedras y pintura que sufrió hace unos días el Monumento a los Héroes de Iquique, en Valparaíso, frente al edificio del Alto Mando de la Armada, donde se encuentran los restos de Arturo Prat, entre otros. En casos como estos, las Fuerzas Armadas, dijo el secretario de Estado "tienen el deber de proteger (los sitios históricos), incluso usando sus armas de fuego".

"Estamos para defender la vida de los chilenos, pero las FF.AA. no pueden aceptar que sean objeto de ataque, o que causen grave perjuicio o daño a sus unidades militares, o a aquellos monumentos que están entregados bajo custodia", señaló Espina en Tele13 Radio.

El titular de Defensa agregó que, en caso de producirse "una agresión ilegítima, existe necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, o falta de provocación suficiente. Es decir, si un grupo de vándalos pretende destruirlo, la Armada de Chile tiene el deber de protegerlo, incluso usando sus armas de fuego si se llega al extremo que lo justifique".

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió en radio Cooperativa al uso de la fuerza por parte de uniformados en el contexto de los ataques que han ocurrido desde el 18 de octubre. Los funcionarios "tienen que reprimir la violencia usando la fuerza. (...) Estamos en un Estado de Derecho, existen protocolos que tienen que seguir las fuerzas policiales y, en todos los casos en los que se ha incluso sospechado que hay un uso abusivo de la fuerza, se han llevado los casos a tribunales", dijo.

La senadora por el Biobío agregó que "no tengo problemas en reconocer lo que dijeron algunos miembros de la oposición, donde planteaban que el resguardo del orden público es una responsabilidad del Gobierno", pero "pongámonos de acuerdo bien con a qué nos referimos con eso, porque lo que no podemos hacer es que cuando se generan medidas para llevar adelante y restablecer el orden público terminan todos acusados constitucionalmente".