Hasta la Contraloría Regional llegó ayer el diputado RN Leonidas Romero. El legislador se acercó a la instancia para solicitar un pronunciamiento respecto a la legalidad de las licitaciones adjudicadas a la empresa comercial WMC por el director regional de Vialidad, durante 2018 y 2019.

Un informe de Contraloría emanado el 27 de diciembre establece, justamente, que la empresa en cuestión incumplió una serie de procedimientos y normas vinculadas con la adjudicación de licitaciones públicas al cobrar valores no ajustados a mercado en materiales y repuestos. Además, se comprobaron diversos incumplimientos a las bases administrativas, que van desde órdenes de reparación no emitidas y presupuestos fuera de plazo o inexistentes, hasta el incumplimiento de requisitos de postulación estipulados que fueron subsanados en forma posterior a la adjudicación del contrato.

"Esta empresa viene cometiendo una serie de irregularidades. Yo hice una primera denuncia y la Contraloría me dio la razón en todo, pero hoy a esta misma empresa cuestionada se le han otorgado nuevas licitaciones", lamentó Romero.

Según Romero, en el período en cuestión fueron entregadas a la compañía nueve licitaciones, "por lo que estamos hablando de más de mil millones de pesos".

En respuesta a la presentación efectuada a Contraloría, el director (s) de Vialidad, Armando Concha, explicó que la ejecución de este servicio pagado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se desarrolló de manera normal y que no hay irregularidades.

En ese sentido, agregó que las observaciones de la Contraloría "son trámites administrativos, en cuanto al orden correcto de órdenes de compra y oportunidad en la emisión de factura".

Además, Concha planteó que las observaciones administrativas del organismo fiscalizador "están siendo tramitadas en un sumario administrativo que está en curso y, en ese contexto, el procedimiento en su tramitación tiene el carácter de reservado, por lo que no es posible referirse en extremo al mismo por parte de la administración".

Comisión investigadora

El diputado Leonidas Romero reafirmó ayer que durante la próxima semana planteará a sus colegas en el Congreso la idea de originar una comisión investigadora para averiguar a nivel nacional las irregularidades al interior del MOP.

Esta polémica se suscitó luego de que se conociera la eventual participación del ministro de Economía, Lucas Palacios, y del exdiputado UDI Gustavo Hasbún en el pago de coimas para acelerar trámites dentro de la Seremi de La Araucanía.

Cuando Rodrigo Hinzpeter la llamó para preguntarle si quería ser intendenta del Biobío y asumir con ello el proceso de reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, Jacqueline van Rysselberghe, actual senadora y timonel nacional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo que no. "Eso no estaba en mis planes porque sabía que tendría problemas y que esto, seguramente, iba a terminar mal", reveló a diez años de ocurrido este hito.

Justamente, la estadía de la exalcaldesa de Concepción en el Gobierno Regional fue breve. Luego de haber asumido en marzo de 2010 con el compromiso de liderar este desafío, Van Rysselberghe debió dar un paso al costado tan solo un año después, a raíz de una serie de acusaciones respecto a que quería beneficiar a un grupo de vecinos con subsidios destinados a damnificados por el terremoto, a sabiendas de que las precarias condiciones habitacionales de esos penquistas no eran producto de la catástrofe.

A un día de que se cumpla el décimo aniversario desde que el terremoto de 8.8 grados Richter y posterior tsunami azotaron la zona centro sur del país, la legisladora dijo que no está arrepentida. Al contrario. Afirmó que el haber sido intendenta en ese momento de la historia de Chile "fue un privilegio", aunque de volver a un cargo ejecutivo, solo sería al de alcaldesa de Concepción.

Agregó que a 10 años del hecho, que además puso en evidencia la deficiente preparación de los equipos de emergencia para enfrentar situaciones de esta magnitud, actualmente el país sí está preparado.

"Uno nunca está lo suficientemente preparado para enfrentar un terremoto de esa magnitud. Siempre hay cosas que son a veces medio imprevistas, pero sí creo que estamos infinitamente mejor preparados que hace 10 años. Creo que además hay mucho más conciencia de lo que hay que hacer en un terremoto", sostuvo.

-La reconstrucción de nuestro país fue súper rápida. Hay que recordar que antes de que empezaran las lluvias fuertes ese año, por ejemplo, teníamos prácticamente a la totalidad de la gente en viviendas de emergencia. Sí hubo problemas puntuales, pero al año las grandes obras estaban todas hechas. No parecía que había ocurrido el quinto terremoto más grande del mundo.

-Creo que la gran mayoría fue por problemas administrativos ajenos. La gran cantidad de cosas se hizo durante el primer gobierno. Hubo, por ejemplo, escuelas que no fueron reconstruidas, pero la verdad es que el gobierno posterior tuvo tiempo más que suficiente para poder haberlo hecho.

-Ahí hubo un tema mucho más complejo que no se abordó adecuadamente en su minuto. Porque ahí lo que planteé cuando era intendenta, era haber resuelto los dos temas de una sola vez: el poder urbanizar y regularizar la población Aurora de Chile (...) Pero se optó por un camino distinto que hoy tiene a la ciudad con un puente que se está recién tratando de terminar y con una población que tampoco ha sido regularizada.

-Creo que más que el Presidente o no, el 27/F es una fecha que nos tiene que hacer sentir orgullosos porque es una fecha en que demostramos que somos capaces de ponernos de pie. Eso sí, el que esté el Presidente ayuda a que esto tenga realce. A uno le puede gustar o no, pero es él el Mandatario de la República y estamos en un estado democrático.

Desde el Senado

-Lo que sucede es que eso se hizo al comienzo y hoy las decisiones son más bien técnicas que políticas. Además, tenemos un sistema de monitoreo mucho mejor desarrollado. No sé si es el óptimo, pero sí está mucho mejor. Se ha ido avanzando, pero son más bien materias ejecutivas. Creo que lo que falta, y lo planteé en su minuto, es que en un estado de emergencia, en caso de una catástrofe, el Poder Ejecutivo asuma la delegación del poder. En casos de emergencia como estos, y en estados de excepción, que muchas veces es necesario para resguardar el orden, la delegación del poder administrativo debiera quedar en la autoridad política y no en la militar. El militar debiera poder hacerse cargo de la coordinación de las fuerzas de orden, y no desde el papel de las oficinas públicas.

-Así se evitarían dificultades administrativas posteriores.