El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) explicó ayer que el desajuste en la variación del precio del producto electricidad que obligó a una rectificación que ha causado controversia a nivel nacional se debió a una imprecisión en el redondeo del ponderador de participación de una empresa en una comuna, lo que tuvo una incidencia significativa en el cálculo final.

De esta forma, el organismo precisó que la variación en el IPC de electricidad de enero último-que pasó de un 3% informado originalmente a un 0%- no guardó relación con los precios informados ni con el algoritmo de cálculo.

Fue el lunes 10 de febrero cuando el Departamento de Estadísticas de Precios inició una verificación, revisando las variaciones ingresadas y recalculando el producto electricidad. "En este ejercicio, se revisaron las etapas iniciales del proceso, y se identificó que uno de los ponderadores ingresados al sistema, que se actualiza una vez al año en el mes de enero, el redondeo a cinco decimales era impreciso", detalló en un comunicado, donde se abordó nuevamente la situación que ha genera variadas críticas.

EL PROCESO

En una extensa explicación de la Unidad de Comunicaciones Institucionales -a diferencia del escueto comunicado que se emitió el miércoles 12- el INE detalló cómo fue el proceso que llevó a recalcular el indicador con la información actualizada, aunque se enfatizó nuevamente que la variación del IPC para el mes de enero de 2020 no se vio afectada a un decimal por esta "imprecisión", manteniéndose en 0,6%.

Según precisó el INE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que se construye luego de medir la variación de aproximadamente 150.000 precios, cuyo valor es registrado mensualmente en su fuente, con la excepción de veinte productos, cuya variación se determina luego de una serie de cálculos especiales que contemplan los diversos factores o condiciones que componen finalmente un precio.

Uno de estos productos es la electricidad, ya que para determinar su costo se construyen cuentas de luz tipo, que estiman al valor que un hogar debe pagar por ese servicio en base a un conjunto de partidas complementarias y obligatorias.

Considerando que las empresas proveedoras de estos servicios tienen diferentes políticas de cobro para sus clientes, se pondera la participación de sus cuentas en el indicador según el peso relativo de cada actor en el mercado. Para construir estos ponderadores se realizan encuestas estructurales a estas empresas, y se utilizan fuentes alternativas, tales como los registros administrativos. Dado esto, y siguiendo los lineamientos internacionales, las ponderaciones se recalculan el mes de enero de cada año, con el objetivo de considerar las participaciones de mercado actualizadas de cada empresa partícipe.

El proceso anual de actualización de ponderadores de electricidad comienza el mes de septiembre de cada año, contemplando información obtenida de tres fuentes: la Encuesta de Presupuestos Familiares, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y la Comisión Nacional de Energía.

De esta manera, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 23 de enero de 2020 fueron calculados los ponderadores finales para el producto electricidad. El 29 de enero se enviaron estos ponderadores a los diferentes especialistas que participan en el cálculo del precio, entre ellos las empresas informantes, para su verificación.

El 3 de febrero se enviaron para carga al sistema informático los ponderadores de los productos con cálculos especiales de la División 4 (Vivienda y Servicios Básicos), dentro de los cuales se encuentra la Electricidad. En este caso la carga al sistema se realizó por parte del Departamento de Precios de la Subdirección Técnica del INE, proceso en el cual el estadístico responsable redondeó los ponderadores a cinco decimales, según dispone la metodología establecida, para luego ingresarlo como vector al cálculo del IPC.

CONTROL

El 5 de febrero se realizó el cálculo del IPC. Una vez finalizado, se realizaron todos los procesos de control establecidos, los que contemplan la revisión de los cálculos para los productos que muestran variaciones atípicas.

El lunes 10 de febrero, el Departamento de Estadísticas de Precios inició una verificación, pese a que existía una explicación plausible para la variación de 3% en el precio de la electricidad.

"La detección de lo ocurrido es el producto de nuevos procedimientos, establecidos luego de desarrollos que comenzaron en mayo de 2019 por parte de los equipos de IPC del INE, que buscan perfeccionar y reforzar las metodologías de producción del IPC, con el objeto de identificar riesgos que puedan afectar el cálculo final del índice", señaló el organismo.

Esta semana, el INE entregó las cifras de informalidad laboral del último trimestre 2019, revelando una tasa de ocupación informal de 30,4%, su valor más alto en los últimos 3 años.

Según estos datos, la informalidad se concentra en adultos mayores y mujeres (55,1% y 31,9%), parte de los grupos más vulnerables del país. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia representan el 49,7% del total de ocupados informales.

Sin duda, se trata de cifras preocupantes que podrían agudizarse dado el contexto social actual donde aumenta la informalidad y la precarización de las condiciones laborales y sociales.

Pese a lo extensivo del fenómeno, se trata de una problemática invisibilizada por muchos años y que no ha sido prioritaria para el diseño de políticas públicas que permitan dar mayor protección a este sector que representa a más de un millón de trabajadores.

Desde nuestra experiencia en Fondo Esperanza, donde trabajamos con 128 mil emprendedores de sectores vulnerables, vemos día a día los riesgos y desprotección a los que se enfrentan producto de la precariedad, tratándose en su gran mayoría de mujeres, informales y autoempleadas.

El trabajo por cuenta propia representa una alternativa para sacar adelante a familias completas. Sin embargo, no existe un marco de seguridad social que asuma las particularidades de esta realidad. Ejemplo de ello son las mujeres emprendedoras que no cuentan con garantías que le permitan conciliar su trabajo con el cuidado de los hijos. Por ello, es clave que proyectos que hoy se discuten, como sala cuna universal y otros, consideren al sector informal.

Es imperativo que reconozcamos esta realidad como sociedad e impulsemos -desde el mundo público, privado y la sociedad civil- los cambios necesarios para la desprecarización de la informalidad, la eliminación de los prejuicios que conlleva y el reconocimiento de la dignidad de miles de mujeres y hombres que han visto en el emprendimiento una posibilidad de transformar sus vidas.

Karina Gómez, gerente de emprendedoras Fondo Esperanza