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Coronel tendrá segunda farmacia popular

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Coronel contará con una segunda farmacia popular. Así lo dio a conocer el alcalde Boris Chamorro, quien informó que el servicio se prestará en las dependencias del nuevo edificio consistorial, ubicado en calle Banner 70.

"Mi idea siempre fue humanizar este edificio, y qué mejor forma que cumpliendo un compromiso que adquirí principalmente con la gente de nuestro sector sur, hace mucho tiempo", dijo el jefe comunal.

Chamorro mencionó que gracias a este modelo de salud, los vecinos podrán acceder a medicamentos de un 35 a 40 por ciento más baratos que en el mercado.

Agregó que esta sucursal se sumará a la que ya funciona en el sector de Lagunillas y que fue inaugurada en 2016 por la anterior administración.

otros proyectos

El jefe comunal coronelino anunció que para este año hay otros proyectos emblemáticos en el sector salud. Se trata de un programa de entrega domiciliaria de medicamentos para pacientes crónicos del sector Lagunillas y de un bus de traslado para quienes vayan a atender en el Hospital Regional.

Alejandro Martínez, director de Salud Municipal, mencionó que "como equipo de salud estamos motivados con estos proyectos".

Añadió que la red municipal de atención primaria cuenta con 90 mil usuarios y estimó que unos 15 mil se verán beneficiados con la entrega de medicamentos en los domicilios.

Nueve de los 33 planteles de ed. superior no están acreditados

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Uno de los principales criterios que los postulantes a la educación superior ponderan a la hora de escoger que en cuál casa de estudios se formarán tiene que ver con la acreditación que han recibido en torno a una serie de criterios.

El último reporte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) -institución a cargo de certificar a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica- da cuenta de que de los 33 planteles con presencia en Biobío, nueve no se encuentran certificados.

Esta condición no solo determina la imposibilidad de postular a beneficios estudiantiles que entrega el Estado para costear el arancel de las carreras universitarias, como las becas, créditos y la asignación de gratuidad, sino que podría afectar su funcionamiento a futuro, considerando que tras la aprobación de una ley corta en noviembre, los planteles no certificados tendrán plazo hasta diciembre de 2022 para regularizar su condición. De lo contrario, podrían iniciar su proceso de cierre.

La secretaria ejecutiva de la CNA, Paula Beale, explicó que el proceso de acreditación significa que "la casa de estudios pasó por un exigente proceso de evaluación interna y externa y tiene como mínimo la calidad de sus procesos de pregrado y gestión institucional garantizadas (...) Hoy la acreditación por carreras es voluntaria y sólo tres de ellas (pedagogías, Medicina y Odontología) son actualmente de certificación obligatoria".

La información se dio a conocer a pocos días que las casi 28 mil personas que se inscribieron en la Región para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) conozcan el próximo lunes 24 los resultados obtenidos en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias e Historia.

El proceso de rendición y postulación a la educación superior para este año sufrió modificaciones debido al estallido social, que obligó a mover las pruebas para inicios de enero, y que además sortearon los intentos de boicotear el examen obligatorio para acceder a la educación superior. Debido a esto se generaron dos fechas alternativas para quienes tuvieron problemas para dar el examen.

PLANTELES ACREDITADOS

El informe emitido de manera periódica por la institución certificadora -con datos de mediados de noviembre- reveló que doce de las 15 universidades en la Región de Biobío están acreditadas, así como siete de los 11 institutos profesionales, y cinco de los siete centros de formación técnica.

Entre las universidades no acreditadas se encuentran la Bolivariana, La República y Pedro de Valdivia, mientras que entre los institutos están Valle Central, Diego Portales, Los Lagos y Providencia, y los centros de formación técnica Barros Arana y Los Lagos, que se encuentra fuera del sistema según los registros de la CNA.

La secretaria ejecutiva de la comisión, Paula Beale, comentó que "para resguardar los derechos de estudiantes, la nueva Ley de Educación Superior fortaleció las facultades de supervisión de la comisión, además de crear la Superintendencia de Educación Superior, que inspeccionará el estado financiero y cumplimiento de la normativa de las casas de estudios y podrá sancionarlas".

Junto con ello recordó que este año "la acreditación se vuelve obligatoria para todo el sistema de educación superior. En el plazo de tres años, todas las casas de estudios que todavía no lo hicieron, tienen que someterse al proceso ante la comisión".

Sobre el proceso de transición para avanzar hacia los nuevos estándares de acreditación que estableció la Ley Corta de noviembre pasado, el presidente de la CNA, Hernán Burdiles, dijo que "es una ley que entrega certeza y tranquilidad a todo el sector de educación superior. Por otra parte, permite a la comisión elaborar los nuevos estándares de acreditación de calidad, de manera acorde con las exigencias del momento y con una adecuada consideración de la opinión de todos los actores involucrados".

OTROS INDICADORES

El informe trimestral que emite la CNA también dio cuenta de la situación de las distintas carreras, como aquellas que tienen acreditación obligatoria (Medicina, Odontología y pedagogías), recordando que los nuevos estándares para la acreditación voluntaria de carreras entran en vigencia en 2025.

En el caso de las carreras del área de la salud, dos de los cuatro programas de Odontología están acreditados, así como también los tres programas de Medicina están certificados.

A nivel de las pedagogías, sólo el 71% del total de 41 programas que se imparten en la Región del Biobío están certificados, cifra que representan un 84% de la matrícula en la zona, esto considerando además que desde 2015 la formación en pedagogía está restringida a las universidades.

Respecto de postgrados, el informe reveló que un 22% de programas de magíster y un 59% de los de doctorado que se imparten en la Región están acreditados, representando un 22% y un 73% de la matrícula, respectivamente.