Hasta el domingo, a las 10 horas, se amplió la detención de Alejandro Enrique Quinteros Vargas (46), imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de incendio y desacato.

Ambos ilícitos fueron perpetrados en la madrugada de ayer en la comuna de Talcahuano y afectaron a la cónyuge del sujeto, quien estaba separada del hombre. Además había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar. Producto de aquello, Quinteros tenía orden de alejamiento del domicilio.

En la audiencia de control de la detención, realizada ayer en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, el fiscal jefe de esa comuna, Julián Muñoz, explicó que solicitó la ampliación porque existen algunas diligencias pendientes.

"Particularmente, se ha solicitado a peritos de Labocar la realización de una serie de operaciones tendientes a establecer, con bases científicas, el origen del incendio", explicó.

Agregó que se le solicitó a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros que recabe testimonios de las personas presentes en el momento que ocurrieron los hechos.

De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados por Carabineros, el sujeto ingresó a la vivienda, se encerró en un dormitorio y le prendió fuego a un sillón, lo que generó el incendio. Producto de las llamas la casa quedó completamente destruida e incluso hubo afectación de las viviendas aledañas.

En base a todos esos antecedentes, la jueza Mariangela Thiele accedió a ampliar la detención.

Cerca de 120 mil usuarios más de los que hubo en 2019 serán beneficiarios de la vacuna contra la influenza durante el presente año.

La cobertura de inoculación que se debe alcanzar es este 2020 es un 23% superior a las 517 mil personas que debían recibía la inyección el año pasado. El aumento de la inmunización responde a que el Ministerio de Salud (Minsal) amplió el número de niños y embarazadas que deben recibir la vacuna este 2020.

Hasta el año pasado la inoculación se entregaba a mayores de 65 años, pacientes crónicos, trabajadores de avícolas y criadores de cerdo, personal de salud, menores desde 6 meses a 5 años y a embarazadas, a partir de la semana 13 de gestación. Este 2020, la inyección se ampliará hasta los 10 años en el caso de lo menores de edad y a todas las mujeres que esté encinta, independiente del periodo de gestación en el que estén.

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, expuso que el aumento de la cobertura a estos grupos de riesgo es por la letalidad que ha presentado el virus en el hemisferio norte y que podría replicarse en el país.

La autoridad regional precisó que ampliar la vacuna en los niños es porque "en edad escolar amplifican la influenza debido a su mayor susceptibilidad y tasas de infección, lo que contribuye a la propagación del virus en la población, por lo que la vacuna viene a reducir el riesgo de enfermedad".

En el caso de las embarazadas el riesgo de influenza es alto, tanto para la madre como para el recién nacido.

La encargada regional de Epidemiología de la Seremi de Salud, Andrea Gutiérrez, recordó que la influenza A puede causar la muerte: "Las personas que fallecen, al hacer la revisión de los casos, son personas que tienen enfermedades concomitantes: hipertensión u obesos mórbidos (…) y además, no tienen completa su vacunación".

Desde febrero de 2019, de acuerdo al reglamento sobre condiciones sanitarias para la provisión de agua potable mediante el uso de camiones aljibe, todos los conductores que abastezcan zonas con el vital elemento deben tener un certificado de capacitación, la que realiza y otorga la Autoridad Sanitaria.

Pese a que existe este requerimiento para cumplir correctamente con la entrega de agua, solo la mitad de los operarios de camiones aljibe cuentan con la instrucción que contempla la nueva normativa. Esta considera procedimiento de desinfección y mantención del estanque, medición de cloro libre residual y otras materias.

De acuerdo a la información entregada públicamente por la Intendencia del Biobío, en la Región existen más de 26 mil personas que reciben agua por medio de camiones aljibe.

CAPACITACIÓN

El registro que tiene la Autoridad Sanitaria revela que durante 2019 un total de 215 conductores se certificaron, pero que según los antecedentes que tienen, aún restarían alrededor de 200 más que deben cumplir con el proceso.

"Aquí faltan muchos operarios por capacitar y por eso en 2020 el plan contempla apoyar la etapa de capacitación con 200 más", contó el seremi de Salud, Héctor Muñoz.

Desde la Autoridad Sanitaria además informaron que en el caso de que lleguen más de 200 personas a capacitarse, tienen la capacidad para formar a 70 personas mensualmente. La capacitación de un operador dura aproximadamente 4 horas pedagógicas, incluyendo la evaluación.

El seremi de Salud recordó que si bien son ellos los que deben realizar la formación, es responsabilidad de las firmas de camiones solicitarla: "Las empresas de agua también son responsables de tener al día la certificación de los operarios".

Quienes no realicen este procedimiento se exponen a un sumario sanitario por incumplimiento a la normativa vigente. La sanción de este proceso administrativo puede ser absolución, amonestación o multas que pueden llegar a las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a casi $50 millones.

FISCALIZACIÓN

De acuerdo a la normativa que se aplica desde febrero de 2019, la Seremi de Salud debe fiscalizar diversas áreas, como son las condiciones del estanque del camión aljibe, cantidad de agua diaria que se le debe entregar a los usuarios, que deben ser al menos de 100 litros, o que el líquido debe tener entre 0,5 y 2 partes por millón (ppm) de cloro libre residual.

Sobre este ultimo punto, la encargada regional de Saneamiento Básico, Sandra Fuentes, explicó que el operador del camión debe medir este parámetro antes de cargar y en cada uno de los lugares donde entrega agua.

Esta medida se aplica debido a que el tiempo y los estanques pueden afectar el parámetro, lo que podría tener efectos negativos en la salud de las personas.

Los registros deben ser ingresados en la hoja de ruta, las que deben estar disponibles en el camión por un plazo de tres meses. "Cada vez que fiscalizamos el camión, solicitamos esa hoja de ruta y verificamos que cumpla con la normativa", sostuvo Fuentes.

La encargada regional de Saneamiento Básico expresó que los usuarios que reciben el agua deben exigir que los operarios realicen la medición de cloro libre residual. Enfatizó que si está "fuera del rango de 0,5 a 2 ppm de cloro libre residual, no la puede entregar. Debe volver con esa carga, botarla y volver a cargar con un agua que sí cumpla con lo establecido en la ley".

Sobre la cantidad de fiscalizaciones que realizarán este 2020, el seremi de Salud informó que la programación aún está en análisis. En 2019 hubo solo cinco fiscalizaciones - las que se centraron en las capacitaciones a los operarios-, de las cuales dos terminaron en sumario. Ambas faltas correspondieron a la ausencia de capacitación del conductor del camión aljibe.

El decomiso de varias drogas y la detención de una pareja, de 36 y 41 años de edad, fue el resultado del trabajo realizado por detectives del equipo Microtráfico Cero (MT0), dependiente de Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco), en la comuna de Los Ángeles.

El comisario Juan Bravo, jefe de la Brianco angelina, explicó que los análisis iniciales, que surgieron a raíz de otras investigaciones, mostraron que había una pareja que se estaba dedicando a la venta de droga en el sector sur de la ciudad.

Producto de las diligencias, anunció, "logramos reducir un punto de línea base, donde se incautaron 30,44 gramos de cannabis, tres plantas en proceso de crecimiento, $187.210 en efectivo, que serían producto de delito y una balanza digital, entre otras especies".

El comisario Bravo detalló que los imputados, al darse cuenta de la presencia policial, intentaron deshacerse de la cannabis arrojándola por el desagüe, pero los detectives lograron impedir esta acción.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ángeles para el respectivo control de la detención. Se informó que el hombre registra antecedentes policiales por el mismo delito.

Tras el operativo, el jefe de la Brianco angelina reiteró que los vecinos que presencian venta de drogas en sus barrios pueden entregar la información de manera totalmente anónima, ya sea en los cuarteles policiales, llamando al nivel 134, o al Programa Denuncia Seguro 600 400 01 01.