Que la Corte de Apelaciones de Concepción suspenda el funcionamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío. Esa fue la solicitud que hicieron a través de un recurso de protección nueve organizaciones ambientales y sociales en contra de dicha entidad y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La acción judicial presentada ayer ante el tribunal de alzada penquista apunta a que la Comisión, que está formada por autoridades de la zona, no entrega certeza a las comunidades de que las decisiones que se tomen son las adecuadas para los intereses generales de las personas, considerando el actual contexto social.
Según las organizaciones, con esto se vulneraría el derecho fundamental a que las comunidades estén en un medio ambiente libre de contaminación, como se lee en el documento presentado.
"La naturaleza del recurso de protección es que se otorgue la orden de no innovar y (…) que la petición principal es que se suspenda el funcionamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental hasta que existan las condiciones adecuadas por un lado", sostuvo el abogado de la ONG Defensa Ambiental, Fernando Cortés.
El jurista, que representa a las nueve organizaciones, detalló que esta orden de no innovar es solo para la comisión (que preside el intendente Sergio Giacaman y que la integran diversas seremis) y no para el SEA. Este organismo, de carácter técnico, es el que aprueba o rechaza las resoluciones de calificación ambiental, RCA.
El consejero regional Javier Sandoval, quien apoyó la acción judicial, expresó que el órgano "no cuenta con la legitimidad de seguir aprobando proyectos, y eso es parte de las causas que han generado una revuelta y estallido social en el Biobío, por lo tanto, consideramos que lo más recomendable, lo más sensato es suspender su funcionamiento hasta que se normalice la situación".
De acogerse a trámite el recurso de protección y la orden de no innovar, la sesión del 20 de enero podría ser suspendida.
