Ganancias individuales de hasta 189 millones de pesos habrían obtenido algunos funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) por participar en una presunta red de corrupción en dicha repartición pública, la que habría operado desde el año 2014.

Así lo indicó ayer Francisco Ledezma, fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana, en el segundo día de audiencias de formalización de las 21 personas detenidas con motivo de la operación de dicha red, incluyendo seis funcionarios públicos.

Los cargos, por fraude al Fisco y lavado de activos, se sustentan en que personas que trabajan en el MINVU recibían sobornos por adjudicar licitaciones informáticas del ministrio a empresas que no contaban con la suficiente idoneidad técnica y, además, encarecían los contratos. En tanto, otras firmas, que no participaban en los concursos, hacían efectivamente los proyectos.

"La señora Mariela Elgueta obtuvo como ganancia neta, de acuerdo a transferencias a sus propias cuentas bancarias, la suma aproximada de 189 millones de pesos. Respecto del señor Marco Rivas, fue transferida a sus cuentas bancarias la suma aproximada de 83 millones de pesos, obviamente relacionados con contratos del MINVU", detalló el persecutor. Rivas se ha desempeñado como jefe de proyectos de Tecnologías de Información del ministerio.

"Tenemos información de las escuchas telefónicas de que en algunos casos se forzaban esas extensiones para obtener más platas del Estado, sin embargo, eso tendremos que corroborarlo con el transcurso de la investigación", complementó Ledezma.

El Ministerio Público también dio cuenta de la complicidad entre los funcionarios ministeriales para hacer ingreso al sistema de adjudicación de proyectos y así revisar las propuestas de otros oferentes.

La entidad de persecución penal centra sus pesquisas, hasta ahora, en 49 órdenes de compra aparentemente fraudulentas que emitió el MINVU a las empresas investigadas.

medidas cautelares

Ayer, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, debía determinarse las medidas cautelares para ocho personas imputadas.

El sábado, tras una extensa jornada, el tribunal decidió para la mayoría de los otros trece imputados que quedaran con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos.

La investigación comenzó luego de que la Unidad de Análisis Financiero detectara que un funcionario recibió una millonaria suma de dinero, no consistente con sus ingresos. Los montos de los sobornos llegarían al menos a los $662 millones. Entre los acusados, también hay representantes de empresas y familiares de los funcionarios.

Computadores y archivos que contienen información sobre denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas tras el 18 de octubre, fueron robados de la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

El hecho, que es indagado por la PDI, ocurrió antenoche en Santiago, cuando personas cuya identidad aún se desconoce sustrajeron cinco aparatos donde hay información relativa a diversos casos que la entidad ha recibido en estos casi dos meses. "Hemos constatado que, en realidad, esto no es un delito común, no es un robo común y corriente, sino que simplemente lo que sustrajeron fue información sensible en materia de derechos humanos", dijo el presidente de la institución, Carlos Margotta, quien precisó que otros artículos de valor no fueron tocados.

Margotta recalcó que los computadores robados contienen "información respecto de testimonios de víctimas de violación de derechos humanos ocurridas en los últimos días, a partir del 18 de octubre". Son casos donde la comisión ha tomado "el patrocinio de muchas de las víctimas, a objeto de interponer las acciones penales correspondientes".

Margotta repudió el suceso y estimó que no es más que un acto de "amedrentamiento, de hostigamiento respecto de la labor que realiza nuestra institución desde hace 41 años, que es la defensa de los derechos humanos en nuestro país".

El presidente del organismo indicó que "afortunadamente" tienen respaldo de la información que fue robada.

fundada en 1978

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, fundada en 1978, es como un organismo no gubernamental. Según explica en su web, trabaja "en forma pluralista, libre y autónoma por la vigencia efectiva, el respeto, la protección y la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en los tratados, resoluciones y acuerdos complementarios de Naciones Unidas y demás organismos internacionales de los cuales Chile es miembro".

Con motivo del informe de la ONU sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre, la comisión demandó al Gobierno "el cese inmediato de la represión", implementar ya las recomendaciones que se hacen y que abandone "la política de criminalización de la protesta social a través de leyes represivas".

Instituir un régimen de gobierno semipresidencial, terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional, moderar el principio de subsidiariedad del Estado y reforzar el de solidaridad -por ejemplo, en pensiones-, fortalecer a las regiones y dar un decidido reconocimiento de los pueblos originarios.

Esas son algunas de las reformas constitucionales que un grupo de diputados de Renovación Nacional está proniendo, a la par de votar No a una nueva Constitución, y así evitar la "inestabilidad" y la "incertidumbre" que, a juicio de ellos, implicaría el proceso constituyente. Diego Schalper, uno de los legisladores que presentó esta propuesta, dijo que "no sabemos cómo va a teminar la nueva Constitución" en el caso de que en el plebiscito de abril gane la opción Sí a una nueva Carta Magna.

Planteó que prefieren escribir "sobre una hoja ya escrita" y que si bien reconocen la necesidad de modificar la Constitución vigente, creen que el Congreso sí tiene legitimidad para hacer eso y que, en cambio, un proceso "que podría durar casi dos años" significará estancamiento e incluso desempleo. Además, "vamos a tener a la clase política ensimismada en el debate constitucional" y temas como las pensiones o la salud podrían dejar de ser prioridad, expuso.

La diputada Sofía Cid indicó que si bien no cree que el trabajo de la convención constituyente vaya a ser mal hecho, la duración del proceso y la incertidumbre propia que eso implicaría tendrán un efecto en la inversión. "Algunos dirán 'dado que en dos años no voy a saber qué va a pasar, prefiero abstenerme de invertir", ejemplificó la legisladora. "Puede originarse un problema de certeza jurídica", añadió.

Para Miguel Mellado, los cuestionamientos públicos a diputados opositores que rechazaron la acusación constitucional contra el Presidente SebastiánPiñera dan cuenta de que también los delegados constituyentes podrían recibir presiones y "a lo mejor no están tan acostumbrados a recibirlas". Explicó que la propuesta es que si la opción No gana en abril, el proceso de reformas constitucionales se inicie de inmediato y acabe con un plebiscito ratificatorio.

El Presidente Sebastián Piñera dijo que los avances logrados en la cumbre climática COP25, presidida por Chile y que se llevó a cabo en Madrid, "no son suficientes frente al enorme riesgo y desafío que enfrentamos como humanidad por el cambio climático y el calentamiento global".

El mandatario hizo esos comentarios en Twitter, en medio de los duros cuestionamientos a la cita. La ONU, gobiernos como Alemania y Brasil, y varias ONG lamentaron que no se haya logrado metas más ambiciosas.

La ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, presidenta de la cumbre, dijo desde Madrid: "Terminamos con sensaciones encontradas (...) Aún no están los consensos para aumentar la ambición en los niveles que necesitamos". "No estamos satisfechos", se quejó Schmidt, y precisó: "Queríamos cerrar el Artículo 6 para implementar un mercado de carbono robusto con integridad ambiental, enfocado en generar recursos para transitar hacia un desarrollo sustentable, basado en bajas emisiones y resiliente al clima". Esto no fue posible.

El propio Presidente Piñera se lamentó de que en el financiamiento para la acción climática a países menos desarrollados y en la aprobación de los bonos de carbono, "se avanzó mucho menos de lo necesario. Lo más grave es que países que más contaminan no estuvieron a la altura del desafío y siguen en deuda".

"Es triste no haber podido llegar al acuerdo final, estuvimos tan cerca", dijo Schmidt, cuya gestión fue criticada sobre todo por proponer un primer acuerdo que fue visto como un retroceso respecto del Acuerdo de París en 2015. De hecho, el cierre de la cumbre se retrasó por más de 40 horas.

"Hubo debilidades técnicas en el equipo que apoyó a la ministra, que no tenía las condiciones y las capacidades para enarbolar esto desde un punto de vista político. Chile fue muy cuestionado por el primer informe que presentó y tuvo que cambiarlo, cuestionado no solo por las ONG sino además por muchos países", dijo el senador Guido Girardi, de la Comisión de Medio Ambiente. Chile, además, "no tiene la consistencia ni la autoridad moral para exigirle nada a nadie", opinó el legislador PPD, dado que el Gobierno mantiene zonas de sacrificio, no ha firmado el acuerdo de Escazú e intenta sabotear la protección a los glaciares, aseguró. Agregó que la ministra será citada a la Comisión de Medio Ambiente para analizar esta situación.