El ministro de Economía, Lucas Palacios, afirmó ayer que 14.823 pequeñas y medianas empresas (pymes) han resultado afectadas durante la crisis social, a través de bajas en las ventas o daños contra sus locales. Producto de esto, 75 mil puestos de trabajo se han visto perjudicados, pese a los subsidios otorgados por el Gobierno para evitar el cierre de las pymes.

Palacios entregó ayer el segundo catastro de pymes afectadas que, sumado al primero -presentado hace dos semanas - suman 14.823 pymes afectadas por la reducción de sus ventas o el daño físico a sus locales tras el comienzo de las movilizaciones, el 18 de octubre. Respecto a los daños materiales, 9.211 pymes afirmaron haberlos sufrido.

Lo anterior, según Palacios, ha perjudicado a "cerca de 75 mil empleos, lo cual es muy significativo y muestra la cara humana que está detrás del deterioro que hemos visto en nuestra economía dada esta situación".

subsidios

Por esta razón, el Gobierno destacó que se han entregado más de siete mil subsidios, los que fluctúan "entre los $ 500 mil y los $ 4 millones, y el promedio es $1.923.000 por empresa", afirmó el ministro.

Los fondos fueron entregados tras conocerse los resultados del catastro convocado por el Gobierno a fines de octubre, bajo el título "Levantemos tu pyme".

El método de reparto fue "primero con subsidios. Hay 9.211 persona que han sido físicamente afectadas y para ellos tenemos un plan de subsidios", dijo Palacios, los que fueron calculados mediante constataciones de daños y, luego, entregados a través del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec). La medida fiscal representa una inversión de $ 14.247 millones.

La segunda política, añadió el secretario de Estado, ha sido el ofrecimiento créditos blandos con garantías del Estado para aquellas pymes "que han dejado de vender", a causa del movimiento social.

El Ministerio de Economía también informó que se han realizado 529 reprogramaciones de créditos al sector, además de la entrega de nuevos préstamos con Garantías Corfo para Inversión y Capital de Trabajo (Fogain) a tasas rebajadas, por un monto cercano a $ 9.700 millones.

Además, 152 mil contribuyentes, entre los que figuran pymes, han sido beneficiados por facilidades tributarias dispuestas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), sumados a más de 600 contribuyentes pymes que han sido apoyados con la condonación de intereses y multas por retrasos en el pago de impuestos, mediante la Tesorería General de la República

.inflación

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que registró un alza de 0,1%, pese a los 50 días de protestas que han obligado a reducir la jornada comercial.

Con esta alza, el IPC acumulado en los 11 meses del año es de 2,9%, representando una subida de 2,7% interanual.

Las principales subidas en los precios fueron en frutas (10,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,3%), junto a recreación y cultura (0,5%).

En cuanto a las caídas, destacó el sector de vivienda y servicios básicos (-0,8 %). Uno de los factores que incidieron en esta cifra fue la baja del precio de la electricidad (-3,7 %).

El Banco Central estimó que la inflación cerrará el año en torno al 3%, mientras que el año pasado este indicador llegó a 2,6%.

La Mesa de Unidad Social, agrupación que reúne a 155 organizaciones, ayer protestó frente al Palacio de Tribunales y la sede del Congreso en Santiago, donde los dirigentes descartaron ser responsables de la recesión económica y los impactos del saqueo en el comercio nacional, tras conocerse, por ejemplo, que más de 62 mil personas fueron despedidas por necesidades de la empresa desde que comenzaron las manifestaciones.

La representante de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), Carolina Espinoza, dijo a Emol que "la posición de la Unidad Social es que el saqueo que se hace al comerciante que vive en nuestra comunidad atenta contra los objetivos del movimiento y, por lo tanto, vemos con estupor la incapacidad e ineficiencia de las fuerzas de orden y seguridad del país".

"Hay una baja de crecimiento en el país", afirmó la dirigente, "por lo tanto eso, más la movilización social, da cuenta de un proceso de recesión. Vamos a tener que ser nuevamente la ciudadanía y la clase trabajadora la que tengamos que enfrentar como siempre las crisis económicas".

"Sabemos que se nos van a querer adjudicar la crisis económica y la recesión al movimiento. Absolutamente no es nuestra responsabilidad, van a querer hacernos creer que es nuestra responsabilidad, van a seguir criminalizando y culpándonos de todo, pero los únicos culpables son un puñado de familias que son dueñas de todo el poder en este país, que no quieren soltar esta fuente abusiva que los llena de privilegios", puntualizó Espinoza.

La Mesa de Unidad Social reiteró ayer su rechazo a la aprobación del proyecto de ley antisaqueos, respaldado esta semana en la Cámara de Diputados. El vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, afirmó que "la Unidad Social lo que plantea es el legítimo derecho a la movilización social. Las consecuencias que genera no son responsabilidad en lo más mínimo del movimiento social".

El dirigente, asimismo, señaló que el IPoM (Informe de Política Monetaria) publicado este jueves, donde el Banco Central recortó sus proyecciones de crecimiento a 1%, se hace con la opinión de profesionales que "son en gran parte responsables también de la crisis política que vive este país, porque durante años han mantenido una misma política económica".

"Esa política es mantener el equilibrio fiscal, un control absoluto de la inflación, controlar el tipo de cambio. Esa política es la que está fracasada", puntualizó Mesina.