Reposición de refugios peatonales, mejoramiento de las condiciones de las cámaras de televigilancia municipales y relleno de sectores sin adocretos en el centro de la ciudad son algunos de los 11 proyectos que el municipio de Concepción priorizó ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), organismo que entregará fondos a las distintas ciudades del país para iniciar las reparaciones por los hechos ocurridos durante los últimos 49 días, en el contexto de las movilizaciones sociales.

En el caso de la capital regional, el alcalde penquista Álvaro Ortiz se reunió con personal de la Subdere para tratar la priorización de los proyectos, cuyo financiamiento asciende a $504 millones. En total, son 22 las iniciativas que el municipio presentará al organismo estatal para la recuperación del centro de la ciudad.

"Es una situación muy compleja la que está viviendo Concepción. Hace un mes nos recibió la subsecretaria subrogante y por eso consideramos positivo poder reiterar nuestro requerimiento, ya que los 11 proyectos que tenemos van a permitirnos recuperar el centro y además su ejecución dará empleo", dijo Ortiz.

Durante la cita, en la que también participó el director de Planificación Municipal, Pedro Venegas, el jefe comunal solicitó que se acelere la entrega de los recursos para poder iniciar los trabajos en el menor tiempo posible, ya que los proyectos presentados están técnicamente aprobados.

Además de los proyectos ya mencionados, se priorizarán también aquellos que permitan mejorar las condiciones de seguridad y la infraestructura de la ciudad, enfocados principalmente en la presentación de servicios. Entre ellos, la reposición de las rejillas que cubren los colectores de aguas lluvia, la canalización de estos mismos, además de la instalación de señalización de tránsito que fue destruida durante las manifestaciones y también de otra que se instalará de manera provisoria a la espera de la reposición definitiva de los más de 70 semáforos vandalizados.

BUEN DESEMPEÑO

Desde la Subdere destacaron la buena gestión que ha tenido Concepción en la presentación de proyectos y que, pese a que la solicitud del municipio local comparte el carril con iniciativas de otros municipios del país, se revisarán las propuestas priorizadas para darle curso en el menor tiempo posible a la transferencia de fondos que permitan su ejecución.

Iniciativas priorizadas

La compra de cámaras de vigilancia, la reposición de las rejillas en los colectores de agua y la instalación de señalización de tránsito están entre las prioridades del municipio.

Se debe revisar

Aunque desde la Subdere dijeron que hay municipios solicitando fondos, se comprometieron a revisar la petición para asignar los recursos a la brevedad.

La Corte de Apelaciones de Concepción declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la Junta de Vecinos N°29 Lo Pequén de Concepción en contra la Arquidiócesis local, por la celebración de fiesta religiosa de mañana domingo 8 de diciembre.

La solicitud de los vecinos, expuesta en la acción judicial, tenía relación con la restricción de los horarios de las misas a realizar en el Cerro La Virgen el día de mañana, a propósito de la celebración de la Inmaculada Concepción. Esta conmemoración incluye una procesión al cerro, la que este año se iniciará a las 16 horas desde la Plaza San Juan Bosco y concluirá a las 16.30 horas con una misa.

De acuerdo al escrito judicial, "se han producido en el centro de esta ciudad innumerables manifestaciones de protesta, desordenes públicos, daños a la propiedad pública y privada, detenciones, robos, saqueos e incendios (...) Dentro de estos ataques que ha sufrido la ciudad de Concepción, se encuentran aquellos realizados contra símbolos de la iglesia católica en el país, la región y la ciudad de Concepción, en este último caso, los rayados diarios con insultos y amenazas en la estatua de Juan Bosco en la plaza del mismo nombre y el apedreamiento de la catedral de Concepción la reciente semana".

En base a aquello, los vecinos estimaron que existe una amenaza a la integridad física y psíquica de quienes viven cerca del lugar por donde pasará la procesión y se realizarán las misas.

La primera sala del tribunal de alzada determinó en fallo unánime que no existen garantías constitucionales amagadas que deben resguardarse por vía judicial. "No constatándose de los hechos expuestos que éstos constituyan vulneración de alguna de las garantías constitucionales señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que puedan ser resguardadas por esta vía (...) se declara inadmisible el recurso de protección", argumentaron.

La detención y posterior prisión preventiva de la estudiante de la Universidad de Concepción, Constanza Valdebenito, generó distintas manifestaciones en las que familiares y cercanos denunciaron falta de pruebas en su presunta participación en el saqueo que afectó a la tienda Mall Conection del centro penquista. Por este caso ya son dos los recursos de amparos presentados en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Una de esas acciones legales es patrocinada por la Defensoría Penal Pública. A la fecha son tres los recursos de ese tipo que han ingresado al tribunal de alzada y que se suman a otros recursos de apelación por las prisiones preventivas dictadas por los juzgados de garantía en la zona.

El defensor regional Osvaldo Pizarro criticó la priorización de esta medida cautelar durante los últimos 15 días y enfatizó que en muchos de los casos existe desproporcionalidad y falta de fundamentación. El caso de la estudiante Constanza Valdebenito es uno de ellos, aseveró.

Sobre este tema, esta semana, la fiscal regional Marcela Cartagena afirmó que los últimos resultados, tanto en la cantidad de formalizados como de prisiones preventivas como medida cautelar son fruto de una mejor calidad de los antecedentes logrados.

"Hemos podido ir obteniendo de parte de la policía, Carabineros partes mejores trabajados, con más antecedentes", enfatizó el miércoles.

PREOCUPA a la defensa

Osvaldo Pizarro detalló que las prisiones preventivas pasaron de 142 casos en octubre a 152 en noviembre. El alza, agregó, se vio con mayor fuerza durante la última quincena de ese último mes.

"Eso resulta altamente preocupante considerando que el mix de delitos por el cual las personas son puestas a disposición de los tribunales son los mismos que en octubre: robo en lugar no habitado (saqueos), receptación y daños", dijo.

El jefe local de la Defensoría señaló que si existe la probabilidad que la eventual pena sea cumplida de manera efectiva (en la cárcel), la medida cautelar sea justa. Sin embargo, afirmó que en varios de los casos no existe esa proporcionalidad, particularmente en aquellos que no cuentan con antecedentes previos.

"Quienes cuentan con situaciones de arraigo familiar o un rol como estudiantes regulares de la Universidad de Concepción, por ejemplo, que han sido detenidos y privados de libertad, resulta altamente desproporcional la medida cautelar de prisión preventiva", señaló.

El abogado insistió en que la fundamentación en determinados casos ha sido insuficiente: "Lo que hemos detectado, vinculando todo esto, es que existen situaciones de desproporcionalidad en la prisión en la falta de fundamentación en los casos particulares".

AJUSTADA A DERECHO

Pese a ello, desde los tribunales los jueces han informado que el otorgamiento de prisiones preventivas está ajustada a derecho y va en línea con la calidad y cantidad de pruebas presentadas por la Fiscalía.

Desde octubre a la fecha, la Defensoría Penal ha desarrollado su trabajo en dos líneas de trabajo. Por un lado, la atención de los más de tres mil controles de detención en toda la Región del Biobío. A esa labor, además se sumaron los turnos adicionales para visitar las unidades policiales, tras las distintas manifestaciones.

En ese contexto, la institución ha reportado 55 casos de presuntas vulneraciones de derechos de los detenidos. Los casos fueron denunciados ante fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

apelaciones y amparos

En cuanto al trabajo vinculado a las prisiones preventivas, Pizarro detalló que la Defensoría las ha abordado en base a recursos de apelación y amparos en casos puntuales.

"Particularmente tenemos tres casos identificados a nivel de recursos de amparo. Un tercero por el caso del sargento de Ejército que fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de apremios", indicó.

En octubre, la Defensoría Penal atendió 2.146 audiencias de control de detención. La cifra disminuyó a 1.426 un mes después. Concepción, Coronel, Talcahuano y Chiguayante concentraron el trabajo en el Biobío.

Este aumento, señaló Pizarro, obligó a desarrollar el trabajo en dos focos. Por un lado, el desarrollo de los controles y por otro, las visitas a las unidades penales: "La idea es poder anticipar de alguna manera el trabajo del día siguiente, pero asimismo gestionar, en el evento que sea necesario, algún tipo de requerimiento que el detenido manifieste en el momento o coordinación con el fiscal de turno".

El defensor agregó en ese sentido que durante el desarrollo de ese trabajo se detectaron 55 casos por eventuales vulneraciones de derechos, principalmente por agentes del Estado.

"Tenemos heridas por balines en distintas partes del cuerpo, golpes que causaron lesiones de diversa consideración. Esas son las dos líneas principalmente y otra que presentó una fractura. Otras tienen que ver con situaciones vinculadas al armamento no letal", explicó.

Osvaldo Pizarro manifestó que mantendrán la forma de trabajo mientras se desarrolle la contingencia.