El comité científico de Chile para la COP25 concluyó que "la crisis social y política que estalló en el país en octubre" hace evidente que "los efectos de la inequidad territorial se agudizan conforme avanza el cambio climático".

La instancia, designada por el Gobierno en abril pasado para coordinar los aportes de la comunidad científica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, entregó ayer al Ejecutivo su informe "Evidencia científica y cambio climático en Chile: Resumen para tomadores de decisiones".

Para los autores, que entregaron el reporte al ministro de Ciencia, Andrés Couve, en Madrid, donde se hace la COP25, "hoy es más urgente que antes revisar las bases sobre las que se cimenta el desarrollo, acoger el conocimiento adquirido y orientar a Chile de forma decidida hacia un desarrollo integral, sostenible e inclusivo".

Couve expuso que el documento "simboliza el compromiso de un trabajo inédito de la ciencia chilena: poner la evidencia en cambio climático al servicio del país y la acción climática mundial, a la luz de la COP25". La coordinadora del comité, Maisa Rojas, dijo que la conformación de la instancia "es un hecho inédito de cooperación entre la ciencia y la toma de decisiones".

El comité científico consta de siete mesas temáticas, incluidas dos mesas transversales (Mitigación y Adaptación) y cinco mesas sectoriales (Biodiversidad, Agua, Ciudades, Criósfera y Océanos). El informe proporciona recomendaciones y evidencia sobre estos siete ejes, en orden a enfrentar el cambio climático.

Algunas sugerencias son integrar tempranamente el contexto social, cultural y político sobre todo en el diseño, evaluación e implementación de medidas de mitigación; revisar los métodos usados para la asignación de recursos hídricos (la zona centro-sur de Chile lleva 10 años con déficit de precipitaciones de entre 25% y 30%); reformar el régimen legal que regula el acceso al agua; proteger legalmente a los glaciares; e implementar la gestión integrada de cuencas en el país.

También se recomienda proteger efectivamente los ecosistemas naturales; crear un Observatorio Nacional de la Biodiversidad y Ecosistemas; fortalecer la planificación urbana sensible al clima; elaborar una ley de movilidad urbana sostenible con menos automóviles; hacer una gestión integral de residuos; y crear un sistema de gobernanza y financiamiento de las zonas costeras y marinas.

Cal Jillson, historiador especializado en la Presidencia de EE.UU., en la Universidad Metodista del Sur, explicó que "el proceso de juicio político ha entrado ahora en su fase pública, no solo porque las audiencias ahora se realizan abiertas al público, sino además porque ambos partidos ahora están dirigiendo sus argumentos hacia el electorado". Es por esto que los demócratas decidieron, "con mucha razón" -a juicio del académico-, usar términos como "soborno y extorsión". "Pero deben tener cuidado de no caer en la trampa republicana de pensar que tienen que demostrar un delito para lograr el juicio político. Eso no es necesario", añadió. Tras el inicio de la segunda fase, se cree que el Senado podría votar en enero.