La formalización se hizo en base al artículo 291 del Código Penal, que establece que "los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo".
Representantes de 52 sindicatos llegaron ayer hasta el frontis del Gobierno Regional para entregar una carta al intendente Sergio Giacaman. En la misiva de dos páginas, los más de 12 mil trabajadores reunidos en la organización Plurisindical de Biobío plantearon a la autoridad temas que van desde la precarización laboral hasta aspectos de corte regional y demandas sociales, en el contexto de la crisis que afecta al país y a la Región.
En este sentido, y junto a la seremi de Gobierno Francesca Parodi, el intendente aprovechó de recibir a un grupo menor de dirigentes con el objeto de canalizar personalmente sus inquietudes. A raíz de ello, Giacaman comprometió la realización de mesas periódicas y temáticas de trabajo, de tal manera de poder sistematizar de aquí a dos meses las propuestas sindicales.
"En lo planteado hay temas que son de alcance nacional, en los que yo haré mi trabajo, pero también hay puntos que, absolutamente, se pueden abordar desde acá (...) me parece que, por ejemplo, los temas educación, Asmar o supermercados podrían ser agendados", enfatizó el intendente.
Consultado al respecto, Iván Montes, presidente del sindicato Enap-Petrox y representante de la Plurisindical, precisó que analizarán internamente la propuesta del Ejecutivo. "Vamos a estudiar esto a nivel local. Esto lo vamos a evaluar con toda la seriedad que conlleva la solicitud de una agenda abierta a nivel regional de parte del intendente", indicó.
Durante esta semana han sido varios los parlamentarios que han llamado a "dar un respiro" a las movilizaciones con el fin de mermar los actos de violencia que se han tomado la agenda en las últimas semanas. Estas solicitudes, sin embargo, no solo han venido desde el oficialismo, sino que también desde algunos sectores de la oposición. El senador local Felipe Harboe (PPD), por ejemplo, comentó recientemente a este diario que "hay que darse un respiro con las manifestaciones porque ya la política entendió el mensaje".
Bexsabé Vidal, vocera de la Mesa Unidad Social, bloque sindical que también estuvo presente ayer en la Intendencia, cuestionó el llamado hecho por los legisladores y afirmó que aún falta comprensión por parte de las autoridades.
"Ese llamado lo entienden solo ellos, ya que la política aún no ha entendido nuestro mensaje. Han sido tortuosas sus respuestas, sobre todo las de la bancada oficialista", criticó la dirigenta.
A lo anterior, Vidal agregó que los actos de violencia que se han registrado en la Región, y muy especialmente en el centro de Concepción, son hechos que escapan de sus manos, ya que, generalmente, las marchas convocadas por la Mesa Unidad Social terminan de manera pacífica.
A su juicio, el vandalismo ha sido ocasionado por otros grupos organizados. Eso sí, Vidal puntualizó que algunos de estos grupos "son parte de la población y son el resultado de lo que los gobiernos han venido sembrando con su discriminación y su disgregación de la población (...) No podemos desconocer eso, y con más militares y Carabineros no vamos a solucionar el problema. Esa gente necesita solución social".
Esta respuesta continuará siendo solicitada a las autoridades, pues el movimiento, según Vidal, seguirá adelante: "Estamos tomando estrategias y nuevas fuerzas para volver a retomar las manifestaciones, porque no vamos a soltar la calle sin nada. Es ahora o nunca".
ANEF
En paralelo a la carta entregada por la organización Plurisindical, representantes de la Asociación nacional de Empleados Fiscales, ANEF, entregaron al intendente Giacaman un documento en el que dan cuenta de despidos y amenazas injustificadas producidas, según la agrupación, a causa de las movilizaciones lideradas por los empleados fiscales.
Junto con lo anterior, la ANEF hizo presente a la autoridad su preocupación por la seguridad de los empleados públicos. "Hay funcionarios que están trabajando sin ventanas, sin luz natural. Hay otros que han sido trasladados a otras oficinas. Estamos pidiendo al intendente que nos informe sobre las medidas que se están adoptando para resguardar la seguridad de estas personas", comentó Luis Silva, vicepresidente regional de la organización.
Prisión preventiva para los seis ejecutivos de Enap que fueron formalizados por delitos ambientales cometidos durante la emergencia que afectó a la Bahía de Concepción y las localidades de Quintero y Puchuncaví, Región de Valparaíso durante el trasvasije de crudo iraní a mediados del año pasado, es la solicitud que hicieron los querellantes a la jueza del Tribunal de Garantía de Talcahuano. La magistrada hoy debe resolver que medida cautelar el aplica a los imputados.
Estos son Álvaro Hillerns, Patricia Cabalá, Jorge Farías, Edmundo Piraino, Juan Pablo Rhodes y Carlos Lizana.
Si bien se esperaba que la audiencia iniciada el jueves 28 de noviembre terminara en la jornada de ayer con la aplicación de algunas de las cautelares solicitadas, eso no ocurrió debido a que los alegatos y las réplicas se extendieron más de lo que tenían presupuestado, por lo que la jueza Antonia Flores determinó dejar esta resolución para la jornada de hoy a las 9 de la mañana.
A diferencia de la solicitud hecha el jueves por la Fiscalía, de firmas mensuales diferenciadas y arraigo nacional para los seis ejecutivos, los querellantes pidieron prisión preventiva para todos.
Jorge Ríos, querellante de 30 familias de Quintero y Puchuncaví, dijo que con los antecedentes dados a conocer por la Fiscalía se puede concluir que los imputados tenían conocimiento de la toxicidad y el daño que podía producir el crudo iraní y, que estos no adoptaron las medidas necesarias para evitar daños a terceros, todo con el fin de lograr un rédito económico para la empresa.
Por lo anterior, aseguró que hubo asociación ilícita. "Existe una concatenación de correos y de información de cada uno de los imputados, que permite establecer que cada de ellos conocía estas circunstancias de estar cometiendo un ilícito penal", sostuvo Ríos.
Si bien el abogado Remberto Valdés, querellante de 1.176 personas de las localidades de la Región de Valparaíso, no habló de asociación ilícita, sí cree que hubo acciones concertadas. También destacó la gravedad y la consecuencia del delito imputado como mérito para la prisión preventiva.
"Trajo como consecuencia, la evacuación de 60 mil personas (del Mall Plaza del Trébol) en el Biobío y de 2 mil afectadas desde el punto de vista de su salud, en Quintero y Puchuncaví", declaró.
Valdés además detalló que hubo presión, a través de un correo electrónico, de parte de uno de los imputados a un testigo para que mintiera sobre lo ocurrido el 21 de agosto de 2018 en Quintero y Puchuncaví.
El jueves, la información entregada por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, daba cuenta, según la investigación que realizó el Ministerio Público, que la empresa le entregó información falsa a la Autoridad Marítima para obtener los permisos que le permitieran descargar (alije) combustible que traía el buque Monte Toledo hacia el navío Cabo Victoria.
El abogado defensor de los ejecutivos de Enap, Cristian Muga, declaró que es "una irresponsabilidad jurídica" afirmar que hubo una asociación ilícita. Lo catalogó como "inventos de los querellantes".
"La prisión preventiva es desproporcionada (…). Enap y los ejecutivos utilizaron todos los elementos que estaban a su disposición para que esta descarga de crudo iraní fuera segura (…) Me parece una irresponsabilidad un planteamiento así", enfatizó Muga, quien descartó que los trabajadores hayan actuado con dolo o que sean un peligro para la sociedad.
El abogado comentó que este argumento es una materia jurídica que deberá ser analizada posterior al termino de la audiencia.