La mañana de este viernes, los familiares de José Sepúlveda, por ahora el único formalizado por el incendio de la Gobernación, realizaron una visita a la cárcel El Manzano, y acompañados por distintas organizaciones sociales dieron cuenta de la creación de la red "La Protesta no es Delito", que busca visibilizar los hechos de violencia ocurridos en el marco de las movilizaciones y cuestionar el actuar policía.

En un comunicado leído a las afueras del penal señalaron que "independientemente de donde emanan las órdenes que han tenido como consecuencia una vulneración de los derechos humanos, exigimos que los responsables políticos asuman su responsabilidad ante todo el país que esta alzado exigiendo justicia social y cambios profundos".

Hasta la fecha existen 42 querellas y cinco recursos de amparo presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la Región. Estos últimos han sido interpuestos principalmente producto de controles irregulares de identidad, uso de violencia contra grupos y por delitos graves.

Dentro de los casos más complejos analizados por el organismo están el de Jorge Guzmán Huenchuleo, quien fue golpeado por Carabineros e incluso presenta heridas de bala.

Otro recurso de amparo presentado por el INDH tiene relación con el caso de una menor de 13 años que vive en la Remodelación Paicaví, y que se vio afectada por una lacrimógena que ingresó a su hogar, por lo que tuvo que ser socorrida por los vecinos del sector y llevada posteriormente al hospital.

"Eso habla del uso indiscriminado de este tipo de medios disuasivos por parte de Carabineros, sin estar enfocados en lo que corresponde, que es el orden público, sino más bien se nota la desprolijidad en el actuar y es por ello que presentamos un recurso de amparo", contó la directora regional del INDH, Carolina Chang.

Estos antecedentes fueron comentados con el diputado Gastón Saavedra, con quien se reunió la mañana de ayer. El parlamentario solicitó la cita para conocer la situación de la Región del Biobío en relación a la violación de Derechos Humanos durante las manifestaciones sociales, que en la zona partieron el 19 de octubre.

Luego de la reunión, el diputado Gastón Saavedra (PS) planteó sobre los casos que ha pesquisado el INDH que "es una impresión desagradable para la situación que ha ocurrido en la Región. Obviamente es menor a la de Santiago, pero no deja de ser tremendamente preocupante, por la conducta que han tenido las fuerzas de Carabineros y también los militares".

Exposición

Durante la reunión, el diputado invitó a la directora del INDH Biobío a la comisión evaluadora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Participará en una de las tres sesiones que se llevarán a cabo la próxima semana, en la Cámara de Diputados. El diputado Saavedra la convocó en su calidad de integrante de la comisión.

En la sesión de la Cámara se entregará el balance de los casos y cuales son las diferentes situaciones que ocurren en la Región, en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos en las movilizaciones y detenciones por parte de funcionarios de Carabineros y militares.

Carolina Chang respondió que "hay que esperar la situación y si es así tendremos que concurrir".

Apego a los protocolos

El pasado 14 de noviembre la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de un recurso de protección que solicitaba limitar el uso de armas como balines, disminuir el uso de gases lacrimógenos y cualquier otro procedimiento que afecte la integridad de las personas. Se le ordenó a la institución que se apegue al protocolo existente, por lo que solo se podrá utilizar la escopeta antidisturbios cuando esté en peligro la vida de los transeúntes, manifestantes o carabineros, excluyendo su uso en manifestaciones pacíficas.

Carolina Chang aseguró que después de esta resolución bajó la cantidad de lesiones por balines, pero que aún se presentan denuncias de otro tipo, como torturas o mal uso de otros medios disuasivos, tales como las bombas lacrimógenas, las cuales en algunos casos son lanzadas directamente al cuerpo de los manifestantes.

Agregó que "tenemos algunas situaciones que dicen relación con hostigamientos hacia ciertos dirigentes y eso efectivamente estamos viendo en los tribunales de justicia, la efectividad de estos hechos y si es así, que se restablezca el imperio del derecho, en orden de que estas personas no sean hostigadas por medios legales, como por ejemplo, haciéndoles controles excesivos de identidad".

Sobre las medidas tomadas por parte del mundo político para atender las demandas de la ciudadanía y de las personas que han visto vulnerado sus garantías fundamentales, el diputado Saavedra indicó que "tenemos que tener un gran acuerdo de respeto a los derechos humanos, tiene que haber un debido proceso y el sometimiento, por lo tanto, de todos aquellos que violaron generalizadamente los Derechos Humanos tienen que llegar ante el poder judicial para que puedan cumplir con el pago de estas violaciones (...) y al mismo tiempo el Estado va a tener que resarcir a todas aquellas víctimas de esta violación generalizada de los derechos humanos".