Una escena que se repitió en varios colegios de la Región fueron las aulas vacías, pese a que ayer estaba agendada la primera jornada de aplicación de la prueba Simce para 4º básico, y existía un llamado desde el Colegio de Profesores a boicotear la evaluación.

Pese a que la Agencia de Calidad no entregó cifras oficiales de rendición -salvo una a nivel nacional, dada a conocer por redes sociales, que asciende al 82% de rendición- hubo comunas que se restaron del proceso, considerando que 23 mil alumnos debían dar el examen.

Ese fue el caso de Tirúa y Los Ángeles, donde fueron los propios alcaldes quienes llamaron a no plegarse a la realización del examen. El alcalde angelino Esteban Krausse manifestó en sus redes sociales que "teniendo en cuenta la situación del país, hemos decidido suspender la aplicación de la prueba en nuestros establecimientos municipales".

El seremi de Educación Fernando Peña dijo que la situación era ilegal y que "la evaluación tiene que ver con la cobertura, pero también es importante decir que este Simce sólo tendrá una utilidad estadística".

Dos días. Ese fue el plazo que estableció la Contraloría General de la República para que Carabineros informe sobre las eventuales irregularidades en el uso de apodos en los uniformes institucionales. Los casos fueron denunciados por un reportero gráfico tras una manifestación en Concepción.

El contralor Jorge Bermúdez ratificó ayer el oficio enviado a dicha institución para que las autoridades respectivas informen sobre las eventuales irregularidades que se habrían configurado y con ello analizar las eventuales sanciones a los responsables.

El contralor comentó que se han establecido dos líneas de acción para investigar presuntas irregularidades en Carabineros: "Por un lado está el tema de la identificación de los funcionarios, pero también hemos preguntado a propósito de los protocolos para el uso de la fuerza, que se están estudiando en este momento", precisó.

Bermúdez agregó que "también solicitamos información respecto de los sumarios que se están realizando a propósito de la contingencia de los últimos días".

Identificación

La mañana del martes, el reportero gráfico penquista, Diego Ibacache, público en Twitter e Instagram tres fotografías de los parches que identifican a los funcionarios motorizados y de Fuerzas Especiales. Lo llamativo, contó Ibacache eran los nombres que ahí se leían: "Súper Dick", "Destroyer" y "Raptor".

Tras las distintas reacciones que generó la denuncia por el uso irregular de identificación, la Contraloría informó la tarde del martes, a través de su cuenta de Twitter, el envío de un oficio a Carabineros.

"Debido a reiteradas denuncias sobre funcionarios policiales sin identificación visible y a denuncias sobre uso de apodos como identificador, hemos oficiado a @Carabdechile para que dé respuesta en plazo de 2 días hábiles", indicaron en la publicación.

Sobre esto, ayer el contralor, Jorge Bermúdez, explicó que esta es la forma habitual en la que proceso el organismo en este tipo de casos.

"Estamos hablando de un asunto que es de alto impacto, es eventualmente, y no me quiero adelantar en los juicios, un incumplimiento de los protocolos que existen en la institución y por lo tanto, atendida la evidencia que nosotros tenemos, de manera preliminar les pedimos que a la brevedad la institución informase a a la contraloría respecto del incumplimiento de esa parte de su normativa", dijo.

La autoridad señaló, eso sí, que el uso de apodos y no de las identidades es una irregularidad.

"No sabemos a cuantos afecta ni en qué unidades se ha presentado esta situación, por eso le pedimos la información a Carabineros", indicó.

Respecto a las eventuales sanciones, Bermúdez afirmó que eso sólo será posible identificarlo una vez que se analicen los antecedentes. "Eso es algo que tenemos que ver. Desde luego el cumplimiento de los protocolos, eso debe acatarse, por cierto, pero también tenemos que ver la situación que se produjo y por eso estamos esperando la respuesta", añadió.

Según se indicó desde Carabineros, hasta la tarde de ayer no habían sido notificados desde el órgano fiscalizador.

ANTECEDENTES

Diego Ibacache, reportero gráfico penquista, contó que las imágenes fueron tomadas durante la detención de una persona en la intersección de las calles Cochrane con Orompello, en Concepción. "Como vi que estaban bastante alterados le hice fotos bien de cerca, ahí me di cuenta que uno decía Súper Dick. Me causó extrañeza el nombre, porque era fuera de común", relató en la edición de ayer de El Sur.

Recién al llegar a su casa comprobó que otros funcionarios también usaban apodos en vez de sus verdaderas identidades, como lo establece el protocolo de la institución. "Como fotógrafos nuestra obligación es mostrar la realidad para ambos lados, entonces si estoy viendo que Carabineros está incumpliendo sus propios reglamentos, tenemos que hacer la denuncia", sentenció.

Carabineros señaló ese mismo día que no registraban denuncias. Sin embargo, aclararon que las situaciones anormales debían investigarse. Eso si con el respeto del proceso.

Redes sociales

Las denuncias del reportero gráfico fueron realizadas en Twitter e Instagram. Contraloría respondió a través de su cuenta sobre el oficio a Carabineros.

Sumarse al trabajo que se realiza con niños, niñas y adolescentes (NNA) es uno de los objetivos que plantearon ayer los integrantes de la mesa de organizaciones de la sociedad civil y profesionales en defensa de los derechos de NNA en Biobío.

La propuesta fue dada a conocer la mañana de ayer en el exterior del edificio donde funciona la oficina regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Biobío. El organismo a la fecha suma 42 denuncias por distintos hechos que han afectado a menores de edad en el contexto del movimiento social en la zona.

Graciela Silva, miembro de la mesa de organizaciones de la sociedad civil y profesionales, enfatizó que es importante que las organizaciones que trabajen con niños están presentes y acompañando la labor que el instituto desarrolla. "Sabemos que la cantidad de profesionales que acá trabaja es poca, que el Estado no se ha hecho cargo de incrementar el personal para cubrir a cabalidad las demandas y vulneraciones que los niños, niñas y adolescentes están recibiendo en las movilizaciones sociales", señaló.

Silva agregó que dentro de las 15 organizaciones que conforman la mesa hay 108 profesionales que podrían orientar en distintas materias a las víctimas.

"Estamos a disposición para acompañar las vulneraciones de los derechos de los niños, para monitorear y desarrollar acompañamiento familiar y directo a las víctimas que han sufrido vulneraciones", detalló.

La profesional criticó a los organismo que trabajan con la infancia en el país. "Eso hoy no se cumple. Lo vemos en las múltiples vulneraciones que vemos en las manifestaciones", comentó.

Respecto a las denuncias, Graciela Silva aseguró que podrían ser aún mayores. "Hay muchos que aún no denuncian", cerró.

Siete meses después de que se inició una investigación canónica para indagar una denuncia de abuso sexual en contra de un menor de edad en la década de 1980, ayer el Arzobispado de Concepción confirmó que el presbítero José Urrutia Tapia fue removido de sus funciones como sacerdote por orden del Papa Francisco.

La información fue dada a conocer ayer a través de un comunicado que fue publicado en el sitio web del Arzobispado de Concepción. En un solo párrafo, la iglesia penquista confirmó la decisión del Santo Padre, la que fue decretada el 26 de septiembre en Roma.

"El Arzobispado de Concepción informa que el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Luis F. Ladaria, S.I. ha notificado que, con fecha 26 de septiembre del año en curso, el Santo Padre Francisco ha decretado, de forma inapelable, 'pro bono Ecclesiae', la dispensa del estado clerical (dejar el sacerdocio) y de todas las obligaciones unidas a la sagrada ordenación, del Pbro. José Javier Urrutia Tapia, quien ya fue informado de esta resolución", dice el escrito.

ANTECEDENTES

El 6 de abril, el Arzobispado de Concepción informó que había iniciado una investigación canónica previa en contra del ahora exsacerdote por una denuncia de abuso sexual ocurrida en la década de 1980. Junto con ello, indicaron que los antecedentes recopilados fueron dispuestos a la Fiscalía para que fueran indagados.

Luego, el 26 de julio, la misma institución informó el término de la investigación, añadiendo que los antecedentes serían remitidos a Roma para que se conocieran las conclusiones.

En la misma comunicación se informó que fue el propio Urrutia envió una carta al Papa Francisco solicitando la dispensa de sus obligaciones sacerdotales, sin indagar en las razones para aquello.

Tras conocerse la resolución de ayer, no fue posible verificar si esta tiene relación con las conclusiones de la investigación canónica o responde a la solicitud que había hecho Urrutia con antelación.