La diputada de Renovación Nacional, Francesca Muñoz, destacó el rol conciliador de su partido en el proceso para llegar a acuerdo sobre una nueva Constitución.

Destacó que, "se ha puesto énfasis en las demandas ciudadanas, y ha mostrado la mejor disposición por lograr la unidad y el diálogo".

La parlamentaria afirmó que valora que se haya priorizado escuchar la opinión de las personas.

"El plebiscito es una herramienta valiosa para nuestra democracia, donde podemos consultar a las personas si quieren o no un cambio constitucional, y de esta manera evitamos que un sector político imponga su postura en el país", sostuvo.

Añadió que los resultados del plebiscito deben ser respetados, ya que todos tenemos el derecho a expresar libremente nuestra voz y a ser escuchados.

"Reitero, que estoy en contra de todo tipo de imposición de pensamiento ideológico e intervencionismo político que se quiera implementar en este proceso, ya que el camino que debemos tomar en el país es el de la democracia", dijo.

Si bien dejó en claro que su postura es que Chile no necesita una nueva Constitución, sobre todo por la extensión de ese proceso, precisó que a su juicio la forma para resolver las demandas ciudadanas debe ser rápida a través de modificaciones en las leyes actuales y las reformas constitucionales con voluntad política.

La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, estuvo de visita hace algunos días en Concepción. Fue un visita rápida, de un día, porque, según ella, "supimos que en las tardes suele ponerse un poco más compleja la situación".

La abogada, quien además ha sido consejera de este organismo desde 1995, comentó que viajó hasta la zona para ver la situación de la oficina local que, por lo demás, se encuentra ubicada precisamente sobre el maltratado supermercado de la Diagonal Pedro Aguirre Cerda.

"Vinimos a visitar distintas regiones para conocer las situaciones de cada una de sus oficinas en las ciudades cabecera. La idea fue apreciar in situ los daños que han sufrido o que pueden sufrir (los funcionarios), lo que están enfrentando", remarcó.

-No me atrevería a dar una opinión personal acerca del clima social, porque eso amerita un análisis más bien de carácter sociológico y político que a mí no me corresponde abordar en el ámbito de mi cargo. Nosotros, más bien, nos preocupamos de los efectos que se pueden producir tanto del punto de vista de daños a las personas, a los bienes y de las acciones que tenemos que adoptar.

-Siempre puede estar en riesgo. En la medida de que se afectan las instituciones básicas del país puede ponerse en riesgo el Estado de Derecho.

Violaciones a los DD.HH.

Desde que comenzaron las manifestaciones producto de este descontento social, el número de denuncias por apremios ilegítimos o vulneración a los derechos humanos por parte de las fuerzas de orden ha ido en aumento. Este aspecto es analizado con atención desde el CDE, organismo que, según recalcó Manaud, es "absolutamente independiente del Ejecutivo y de todos los otros poderes públicos".

-EL CDE, de acuerdo con sus facultades, debe intervenir en aquello casos en que los funcionarios públicos cometen delitos, y en este caso delitos que afecten a los derechos humanos de las personas. No obstante, como el CDE no tiene una gran dotación de abogados, debe hacer una selección y ver los casos más graves en que realmente su aporte pueda notarse e intervenir en esos casos presentando querellas. Pero como las querellas deben ser fundadas, es necesario contar con los antecedentes y hoy estamos en un proceso de revisión de antecedentes para poder determinar en qué casos nos parece que es indispensable que actuemos.

-Sí, los hay.

-Se están estudiando varios. No recuerdo de memoria la cantidad, pero tengo la impresión de que Concepción es uno de los lugares que tiene más cantidad de investigaciones penales (...) Como casos más graves puedo estimar, y en los que el CDE pudiera tener que intervenir, el orden de una decena, entre cinco o diez casos.

-Toda vulneración de derechos humanos es grave, pero es una cosa de criterio nomás, no hay una pauta preestablecida. Por ejemplo, en Santiago hay un par de estudiantes de Medicina que fueron violentados sexualmente, y no hay ninguna justificación para cometer un ilícito de esa naturaleza. Es distinto cuando en medio de una protesta una persona está destruyendo algo o amenazando, lo que se ha visto en las filmaciones, en donde de repente se acercan temerariamente a los carros policiales o a los policías. Si en ese intercambio se produce algún daño es muy distinto a que una persona en un recinto policial lo torturen o lo sometan a apremios ilegítimos, o le vulneren su sexualidad. (...) lo mismo para el chico que recibió perdigones en la cara y que ya perdió un ojo. Entonces, simplemente es cuestión de criterio común, no es un criterio jurídico.

Junto con lo anterior, María Eugenia Manaud explicó que en muchas ocasiones hay personas que "por desconocimiento distorsionan la realidad y hacen denuncias de hechos que, en definitiva, no son tales o que han apreciado parcialmente, sin contar con toda la información". Por este motivo, reiteró, el CDE ha tenido que priorizar aquellos casos de apremios ilegítimos más graves.

Bienes fiscales

Los últimos hechos de violencia que han afectado a la Región dejaron como saldo negativo la quema de una serie de inmuebles públicos, como la Seremi de Educación, de Bienes Nacionales o la misma Gobernación Provincial.

Justamente, este edificio fue saqueado e incendiado horas después de la multitudinaria marcha convocada para el paro nacional del pasado martes.

-Eventualmente podrían haber querellas. Por ejemplo, en Santiago es probable que haya querellas por el tema de los daños al Metro (...) Siempre que estén individualizadas las personas (habrán querellas), lo cual solamente se puede saber si es por delito flagrante, si detienen a las personas en el momento en que están cometiendo el delito de incendiar o de aplicar algún elemento que de origen al fuego, o bien a través de investigaciones. Entonces, si se logra establecer autoría, naturalmente que se puede perseguir a través de las querellas los daños a los bienes públicos.

Este viernes, el Juzgado de Garantía de Concepción decretó prisión preventiva para un hombre de 61 años acusado de ser el único posible autor del incendio que consumió gran parte de la Gobernación Provincial.