El próximo martes 1 de octubre, la Sala de la Cámara de Diputados deberá revisar la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, impulsada por once diputados de oposición.

Ello, luego de que su abogado, Francisco Cox, envió a las 23 horas del lunes el escrito con su defensa a la comisión revisora, de modo que comenzaron a correr los seis días que fija la norma para que los diputados de la instancia puedan emitir su informe.

El abogado desestimó todos los capítulos de la acusación y solicita a la comisión revisora del texto dar como "no presentado" el libelo -es decir, que se acoja la cuestión previa- pues, a su juicio, no cumple con los requisitos legales. De todos modos, el documento que elabore la comisión no es vinculante y solo es para informar al resto de los diputados la opinión que se forme tras escuchar a abogados, dirigentes y representantes del sector educativo invitados a la instancia.

Si la Cámara acoge la "cuestión previa", el libelo no avanza. Si no, examinará cada uno de los cinco capítulos de la acusación, que en lo central indica que la ministra ha vulnerado la Constitución y algunas leyes.

Para ayer se esperaba una presentación oral del abogado de la ministra ante los diputados. Luego, tanto él como Cubillos tendrán la oportunidad de exponer ante la Sala el 1 de octubre. Si la Cámara acoge la acusación, ésta avanzará hacia el Senado.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), criticó la "soberbia" que asegura ha habido en el discurso de la ministra ante la acusación. Flores instó a que "bajemos el tono, ha habido un poquito de soberbia en las respuestas de la ministra", apuntando que "siempre hay que entender cuál es el rol y alcance del otro, y en ese escenario poder llegar a la mejor decisión. Creo que ha faltado un poquito de humildad".

La Superintendencia de Pensiones emitió un informe en el que apoyó el rechazo de la AFP Cuprum ante el recurso de protección presentado por una profesora de Antofagasta, quien busca retirar su ahorro previsional con el fin de prepagar su crédito hipotecario o invertirlo.

"El actuar de AFP Cuprum frente a la petición formulada por la afiliada recurrente (...) se enmarca plenamente dentro de las normas que rigen y regulan su funcionamiento", sostuvo el ente.

La docente jubilada María Angélica Ojeda cuenta con un ahorro de 46 millones 569 mil pesos, del que obtiene $185 mil mensuales, en contraste con los 1,2 millones de sueldo durante su último año laboral,

Ante su recurso, el ministro Óscar Clavería, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, envió al Tribunal Constitucional un inédito requerimiento de inaplicabilidad para el Decreto Ley 3.500, que en 1980 estableció el sistema de pensiones. El TClo acogió a trámite.

El juez expuso una contradicción de la norma con el derecho de propiedad del trabajador, "al punto que su capitalización no puede utilizarla en su propio beneficio".

Ayer, tras conocer que el TC acogió a trámite el requerimiento, Ojeda dijo: "Esto reafirma la opinión del ministro Clavería de que las AFP son inconstitucionales con respecto al derecho de propiedad".

Para el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, "sostener que es inconstitucional una ley que obliga a que esos recursos se usen para pensiones no tiene fundamento, no ha tenido fundamento en el pasado ni lo tendrá en el futuro".

El presidente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, criticó el debate:"Preocupémonos de cómo mejoramos las pensiones de las personas, en vez de estar discutiendo si queremos acercarnos o no a un sistema como el peruano, que dejó de ser un sistema previsional, donde la gente retira sus fondos". Este tipo de acciones "nos están llevando" a "quebrar un sistema", planteó el líder de las AFP.