Una misión especial de Naciones Unidas instó a responsabilizar a Myanmar en foros legales internacionales por supuesto genocidio contra su minoría musulmana rohinya.

En un reporte publicado tras dos años documentando violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, la Misión Internacional Independiente de Investigación concluyó que las operaciones de contrainsurgencia de 2017 incluyeron "actos genocidas". Miles de personas murieron y más de 740.000 rohinyas huyeron a Bangladesh para salvar su vida, según el informe.

La amenaza de genocidio continúa para los aproximadamente 600 mil rohinyas que siguen en Myanmar, viviendo en condiciones "deplorables" y sufriendo persecución. La situación hace imposible la repatriación de los refugiados, indicó la misión. "La amenaza de genocidio continúa para el resto de los rohinyas", dijo en un comunicado Marzuki Darusman, el director de la misión.

El reporte resumió y actualizó otros seis informes previamente publicados por la misión que detallan detenciones arbitrarias, tortura y trato inhumano, violación y otras formas de violencia sexual, asesinatos arbitrarios, extrajudiciales o sumarísimos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y destrucción ilegal de propiedad.

El informe será presentado hoy en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos, que estableció la misión en 2017.

MAYORÍA BUDISTA

Los rohinyas musulmanes son muy discriminados en Myanmar, un país con mayoría budista, en donde se considera que inmigraron ilegalmente desde Bangladesh, incluso aunque muchas familias llevaban generaciones viviendo en Myanmar. A la mayoría se les niega la ciudadanía y derechos civiles básicos. Las casas de muchos fueron destruidas durante un operativo de contrainsurgencia y hay pocas señales de que los refugiados no sufrirán la misma discriminación en caso de regresar.

El mes pasado, se vino abajo un plan para repatriar a un primer grupo cuando nadie quiso volver.

El Gobierno venezolano anunció ayer el retorno de su bancada al Parlamento, de mayoría opositora, tras un acuerdo con un grupo de adversarios del Presidente Nicolás Maduro para -según las partes- resolver la crisis política y económica. "En aras de profundizar y extender el diálogo político (...), se incorporarán a la Asamblea Nacional la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las fracciones aliadas", señaló el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, durante la firma del pacto.

El bloque oficialista se retiró de esa asamblea en 2016, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -de línea chavista- declarara en desacato al Parlamento, con lo cual todas sus decisiones son consideradas nulas. En la práctica, la cámara fue sustituida por la oficialista Asamblea Constituyente, elegida en 2017 y tildada de ilegal por la oposición. Presidido por Juan Guaidó, reconocido como Mandatario encargado de Venezuela por medio centenar de países, el Parlamento quedó conformado originalmente por 112 diputados opositores y 55 oficialistas, aunque varios contradictores de Maduro están presos, se exiliaron o pasaron a la clandestinidad al abrírseles procesos penales.

El acuerdo firmado ayer prevé la instalación de una "mesa de trabajo", y se anuncia un día después de que Guaidó declarara agotado el mecanismo de diálogo entre la oposición y el gobierno que se desarrollaba en Barbados con la mediación de Noruega.

Diálogo congelado

Las conversaciones en las que Guaidó exigía la celebración de nuevas elecciones presidenciales, se hallan congeladas por decisión de Maduro desde el 7 de agosto.